El Concejo Metropolitano de Quito empezó a tramitar un proyecto de ordenanza que reabre el debate político y técnico sobre el costo del transporte público: subir el pasaje urbano de USD 0.35 a USD 0,40 desde el 1 de enero de 2027 y mantener una compensación municipal transitoria para los operadores hasta diciembre de 2026.
Consultados por Ecuador Chequea, dos concejales y dos especialistas en tránsito y movilidad, manifestaron que esta discusión se produce en medio de la presión de los transportistas por una actualización tarifaria, las dudas de concejales sobre el cumplimiento previo de estándares de calidad y la preocupación ciudadana por accidentes, trato al usuario y control de las unidades.
La abogada Janeth Brito, especialista en materia de tránsito en Quito, dijo que el Municipio no debería autorizar una elevación del pasaje sin revisar antes el estado real del servicio. “El servicio de transporte público en la ciudad de Quito, sobre todo en el Distrito Metropolitano, es bastante deficiente”, afirmó.
Brito sostuvo que en la práctica profesional observa casos relacionados con caídas de pasajeros, unidades que circulan con puertas abiertas, embarque y desembarque fuera de paradas, invasión de carriles y siniestros con daños materiales o personas heridas. “Previo a autorizar una elevación de un pasaje se exija también que los señores transportistas den un mejor servicio a la ciudadanía”, señaló.
El concejal Michael Aulestia también cuestionó el trámite. Sostuvo que el proyecto presentado al Concejo no debería aprobar un incremento tarifario antes de exigir resultados verificables a las operadoras.
“Primero las operadoras del transporte tienen que cumplir la norma, primero el cumplimiento de los estándares de calidad y luego hablemos del incremento y no al revés”, dijo Aulestia.
Según el concejal, el proyecto incorpora nuevas transitorias que amplían plazos para que las operadoras se conecten al Sistema Integrado de Recaudo, inicien el sistema de información al usuario y el sistema de gestión de flota. Pero, a su juicio, el texto no establece consecuencias suficientemente claras si los operadores vuelven a incumplir esos parámetros.
Aulestia afirmó que la compensación temporal costaría cerca de USD 20 millones a la ciudad hasta diciembre. “El pasaje subió y ese es el anuncio que ha hecho el alcalde Muñoz”, dijo. “Lo paradójico es que se presenta este proyecto de ordenanza que no contempla ningún compromiso por parte de las operadoras del transporte”.
El proyecto de ordenanza remitido por el alcalde plantea que la tarifa urbana del transporte convencional intracantonal y del sistema Metrobús-Q sea de USD 0,40. Para buses eléctricos u otra tecnología de baja emisión se contempla una tarifa de USD 0,45. En parroquias rurales, el esquema incluye una base de USD 0,40 y valores variables según distancia y tramos.
La propuesta también prevé una compensación hasta el 31 de diciembre de 2026 para propietarios habilitados por unidad de transporte público.
Así, la controversia no es solo el monto del pasaje, sino la secuencia de obligaciones para autorizar su revisión. La Ordenanza 017-2020, que entró en vigencia en enero de 2021, ya estableció parámetros para evaluación, indicadores de calidad, operación centralizada y actualización tarifaria. En 2023, la Secretaría de Movilidad informó al Concejo que esos parámetros incluían revisión documental, tecnológica, monitoreo y posibles sanciones administrativas por incumplimientos.
Para Aulestia, la nueva ordenanza no puede convertirse en una vía para prorrogar obligaciones ya previstas en la normativa anterior. “Lo que ahora se trata de vender como logros nuevos para la administración municipal de Muñoz ya estuvo contemplado en la norma municipal”, afirmó.
La concejala Joselyn Mayorga, integrante de la Comisión de Movilidad, comentó que después de que la comisión avocó conocimiento del proyecto de iniciativa del alcalde, sus integrantes acordaron darle un trámite “expedito”, pero también “riguroso y con fundamento técnico”.
Mayorga indicó que se solicitó a la Secretaría de Movilidad y a la Agencia Metropolitana de Tránsito presentar insumos técnicos “a la brevedad posible”. “El trámite puede tomar una semana o varios meses, depende de la agilidad en que los organismos municipales nos presenten los insumos técnicos”, señaló.
Aulestia calculó que, si se usan los tiempos mínimos del procedimiento legislativo, la ordenanza podría llegar a votación en aproximadamente un mes. Explicó que luego de ser conocida por la Comisión de Movilidad debe abrirse un periodo para observaciones y acreditación de ciudadanos a la silla vacía, antes de pasar al primer debate en el Concejo Metropolitano.
Después, el texto regresaría a la comisión para procesar observaciones y volver al pleno.
La silla vacía es uno de los mecanismos de participación ciudadana que podrían incidir en el trámite. Aulestia pidió a usuarios y organizaciones sociales vigilar la discusión. “Es importantísima la opinión del ciudadano como del usuario del transporte urbano en esta ciudad”, dijo. “Que no sea un baldazo de agua fría luego cuando la ordenanza esté aprobada”.
Brito planteó que el análisis tarifario debe incluir responsabilidad vial. Según la jurista, muchos casos terminan en acuerdos, porque la normativa permite mediación en materia de tránsito salvo en eventos graves como muerte o incapacidad permanente. Pero advirtió que, en la práctica, las víctimas enfrentan procesos largos cuando los conductores abandonan el lugar del siniestro o cuando las coberturas de seguros son insuficientes.
“Tenemos muchísimos accidentes ocasionados por los señores transportistas”, dijo Brito. “Vemos que no respetan la semaforización en rojo y no tienen la responsabilidad de cuidar el deber objetivo de cuidado”.
