Tres defensoras de derechos humanos consultadas por Ecuador Chequea advierten que la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción y defensora del territorio en Santa Elena, que este fin de semana fue encontrada sin vida en Montañita, provincia de Santa Elena este fin de semana, evidencia la vulnerabilidad de quienes denuncian abusos de poder en Ecuador. Cuestionan que se adelante una hipótesis de suicidio antes de conocer públicamente la autopsia.
Virginia Gómez de la Torre, activista y presidenta de la Fundación Desafío, dijo que la muerte de Silva evidencia la falta de garantías para quienes defienden derechos humanos, derechos de la naturaleza y denuncian presunta corrupción.
“Lamentamos profundamente la muerte de esta activista y lo que demuestra: que en el país no existen garantías para las personas que defienden los derechos humanos y los derechos de la naturaleza”, afirmó Gómez de la Torre.
Gómez de la Torre cuestionó que se instale públicamente la hipótesis de un suicidio sin que se conozcan todos los resultados periciales. Para la activista, el contexto de la muerte debe analizarse junto con la trayectoria pública de Silva como defensora y denunciante.
“La información y la forma en que muere no parecerían indicar que es un suicidio, un presunto suicidio”, señaló. “Eso nos preocupa a quienes trabajamos en estos temas”.
La activista también relacionó el caso con un problema más amplio: la violencia contra las mujeres y la desprotección de las defensoras de derechos. Según dijo, las agresiones contra mujeres que ejercen liderazgo social tienen un efecto disciplinador e intimidatorio.
“Nos preocupa la desprotección, nos preocupa la inseguridad y la violencia en que no solamente las defensoras de derechos viven, sino también las mujeres en general”, afirmó.
Gloria Camacho, activista por los derechos de las mujeres e integrante de la Fundación ALDEA, calificó la muerte de Silva como un hecho “sumamente grave” por el mensaje que puede enviar a quienes denuncian abusos, corrupción o concentración de poder local.
“Es una forma de dar un mensaje para que quien se atreva a cuestionar, a denunciar estos abusos, estos actos de corrupción, no vuelva a hacerlo”, dijo Camacho.
Camacho, recordó que Silva había asumido la defensa de comunidades y territorios en Santa Elena, en medio de denuncias sobre venta irregular de tierras y presuntos abusos vinculados al poder local. La activista sostuvo que Silva había denunciado amenazas y enfrentado procesos judiciales derivados de su actividad pública.
“Ella se había destacado por defender a la población, por defender el territorio, defender a las comunidades”, afirmó Camacho. “Había recibido amenazas, ella había señalado las amenazas”.
Camacho también apuntó a una posible responsabilidad estatal por omisión, al considerar que las denuncias formuladas por Silva no habrían recibido una respuesta efectiva.
“Resulta alarmante”, dijo. “Hay una responsabilidad porque nunca se investigaron las denuncias de corrupción que ella presentó”. La activista sostuvo que la falta de protección a defensoras y denunciantes aumenta el miedo en la ciudadanía y debilita la vigilancia social.
“Cada vez el miedo se va instaurando, y es un arma para silenciarnos”, afirmó.
La científica y epidemióloga Irene Torres también cuestionó el manejo inicial del caso. En su criterio, la gravedad de la muerte de Silva quedó reflejada en el pronunciamiento de la Unión Europea, que pidió una investigación independiente y transparente.
“La muerte de Monika Silva es de tal gravedad que la Unión Europea ha emitido un comunicado formal expresando su profunda preocupación e instando a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente del hecho”, afirmó Torres.
Torres señaló que esa preocupación “no surge en el vacío” y cuestionó que el ministro del Interior, John Reimberg, se haya referido públicamente a una hipótesis de suicidio antes de que se conociera el informe de autopsia.
“El propio ministro del Interior, John Reimberg, se adelantó a afirmar que se presume que se trata de un suicidio, sin contar siquiera con el informe de la autopsia”, dijo.
La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa de oficio por la muerte de Silva. La Policía Nacional también informó que realiza diligencias en coordinación con el Ministerio Público. Al tratarse de una investigación en curso, las autoridades deberán establecer si existió o no participación de terceros, cuáles fueron las circunstancias del fallecimiento y si la activista recibió amenazas relacionadas con su labor pública.
La Delegación de la Unión Europea en Ecuador expresó su preocupación por el caso y pidió que la investigación sea rápida, exhaustiva, independiente y transparente. El pronunciamiento internacional reforzó los pedidos de organizaciones sociales para que no se cierre ninguna línea de investigación de forma prematura.
Silva presidía la Fundación La Integridad y era conocida en Santa Elena por sus denuncias sobre presuntas irregularidades en tierras, contratación pública y redes de poder local. Organizaciones de libertad de expresión y derechos humanos han señalado que la activista había denunciado amenazas y hostigamiento.
