El informe aprobado por la Asamblea sobre presuntos incrementos inusuales en el patrimonio de prefectos y alcaldes protege sus identidades con números y letras. El informe se remitirá a las entidades de control, que fueron las que proporcionaron los insumos para la elaboración del informe, para que actúen en el marco de sus competencias.
Luego de cuatro meses de haber ordenado a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea que fiscalice un presunto incremento irregular del patrimonio de las autoridades seccionales, el Pleno terminó por aprobar un informe que en la práctica no abona a la transparencia de lo que puede estar sucediendo en el manejo de la administración provincial y municipal.
El informe fue aprobado con 83 votos a favor del oficialismo y sus aliados, pero nadie conoce, excepto pocos legisladores, sus resultados concretos: nombres y apellidos de los autoridades que tendrían presuntas irregularidades en sus patrimonios; municipios y prefecturas involucrados; montos y margen de crecimiento inusual de esos patrimonios.
La moción para que se investigue el tema fue propuesta por el asambleísta del oficialismo Fernando Jaramillo, a raíz de la investigación periodística de Spondylus Info Lab “Alcaldes y prefectos bajo la lupa”, realizada en alianza con Fundamedios y respaldada por una beca de producción periodística del Pulitzer Center en la que se revisaron las declaraciones patrimoniales juradas de 248 autoridades subnacionales: 225 alcaldes y 23 prefectos, y se encontraron 79 casos con incrementos, disminuciones o fluctuaciones consideradas atípicas.
Con ese antecedente el Pleno de la Asamblea resolvió el 23 de junio de este año iniciar un proceso de fiscalización a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos con el objeto de “conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas”. A partir de la notificación de la resolución, la Comisión debía presentar en 90 días al Pleno el informe con la conclusiones, observaciones y recomendaciones del proceso de fiscalización realizado. La Comisión pidió 10 días de prórroga para presentar el informe.
El proceso de fiscalización
El 8 de julio la Comisión avocó conocimiento de la resolución e inició la recopilación de la información general e insumos preliminares. A esa fecha presidía la Comisión la asambleísta oficialista Lucía Pozo, quien en medio proceso renunció a su curul para presentarse a las elecciones seccionales del 29 de noviembre. En su reemplazo fue designado presidente de la Comisión el legislador independiente Cristian Benavides, quien se desempeñaba como vicepresidente.
La Comisión evaluó la evolución patrimonial de las autoridades seccionales electas para el periodo 2023 – 2027 a escala nacional: 222 alcaldes y 23 prefectos. También se analizó el patrimonio de autoridades subrogantes y reemplazos temporales para un total de 251 expedientes. Se solicitó información al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Ministerio de Gobierno, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Contraloría, entre otras entidades.
La Comisión estableció una semaforización de acuerdo al nivel de incremento patrimonial que registran las autoridades: semáforo de alerta roja, naranja, verde y sin alerta.
Alerta roja: 41 autoridades. Esta categoría agrupa a los casos caracterizados por registrar variaciones patrimoniales atípicas, la presencia de exámenes especiales aprobados con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la Contraloría, el impulso de causas penales en la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, o la condición de omisiones en las declaraciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas.
Alerta naranja: abarca a 54 autoridades con variaciones patrimoniales intermedias, auditorías en ejecución, Investigaciones Previas activas o denuncias documentadas ingresadas a través del Canal Ciudadano.
Alerta verde: se trata de 90 autoridades que registran alertas preventivas de seguimiento ordinario o requerir comprobaciones bajo el plan anual de auditoría del órgano de control.
Sin alerta o por verificar: abarca a 66 expedientes individuales en los cuales no se detectaron desviaciones sobre los parámetros del modelo o se acreditó la plena conformidad patrimonial y aclaración de registros.
Las contradicciones
“El presente informe reviste carácter público en su cuerpo principal, garantizando el derecho ciudadano de acceso a la información pública y el principio de transparencia en la administración del Estado”, consta en el documento elaborado por la Comisión y aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Sin embargo, “el documento público” excluye expresamente nombres, apellidos, cifras patrimoniales individuales y datos de cónyuges, familiares o terceros vinculados, sustituyendo la “identificación nominal por un sistema de claves territoriales basadas en la División Político-Administrativa del país (DPA)”. Lo que queda es un conjunto de letras y números indescifrables, que según Benavides busca guardar el buen nombre de las personas.
Aunque Benavides cita el derecho a la defensa, ninguna autoridad seccional fue convocada a la Comisión, ni siquiera los que están en el listado rojo o naranja, para que expliquen la razón de las presuntas irregularidades en sus patrimonios. Además, una semana antes de que el informe vaya al Pleno, el presidente de la Comisión decía a la prensa que en la sesión del Pleno para tratar el informe, se haría público los nombres de los alcaldes y prefectos que constan en las alertas roja y naranja, lo que finalmente no se cumplió:
Otra de las contradicciones es que el expediente será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que actúen en el marco de sus competencias; y se solicita al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que realicen las auditorías y órdenes de trabajo que correspondan. Es decir el documento irá a parar a las instituciones que enviaron la documentación y respaldos en los que se sustenta el informe y las alertas, irá a las instituciones que ya cuentan con esa información, sin necesidad de la aprobación de este informe por parte de la Asamblea ni de la investigación realizada por la Comisión.
Poco aporte en el combate a la corrupción
Si la Asamblea, especialmente el sector oficialista, pretendía aportar en la lucha contra la corrupción con este informe, fracasó en el intento.
Un día después de aprobada la resolución por parte de la Legislatura, la Fiscalía informaba de un operativo por presunto lavado de activos en Guayas, Los Ríos y Azuay. Cómo parte de este operativo se detuvo al alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván, quien luego de las diligencias respectivas recibió prisión preventiva.
#BoletínFGE | #Pichincha: #FiscalíaEc formula cargos contra 12 personas por presunto #LavadoDeActivos. Entre los procesados está el Alcalde de #Vinces. El operativo incluyó allanamientos en #LosRíos, #Guayas y #Azuay. Detalles ⬇️ https://t.co/cBdi8MH5Uz https://t.co/bf14NOyprW
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 29, 2026
Según el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, el alcalde detenido consta en el grupo de alerta verde del informe de la Comisión.
Luego fue el turno del alcalde de Playas, Gabriel Balladares. Según el Ministro del Interior, John Reimberg, de auditorías realizadas en ese Municipio, se habrían identificado pagos por obras no ejecutadas, diferencias en cantidades, modificaciones contractuales e incumplimientos técnicos, generando un presunto perjuicio económico de USD 520.865,07. La vivienda de Balladares fue allana según la información oficial.
Sin embargo la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, defiende el informe aprobado por el Pleno y el trabajo de la Comisión. Manifestó que la fiscalización se limitó al patrimonio de las autoridades seccionales, no a otros presuntos delitos.
