Expertos señalan las áreas indispensables en las que la administración no debe perder tiempo. Con un déficit en crecimiento, la inseguridad y un Fenómeno de El Niño en el país, el frente económico es el más sensible para esta corta administración. 

La gran magnitud de las urgencias socioeconómicas y de seguridad que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa contrasta con el escaso período de su administración. Del año y medio para el que fue elegido, en teoría, se le restaría al menos un par de meses, si mantiene su decisión de candidatizarse a la reelección.

Ya sean los 16 meses para entregar el poder en mayo de 2025 o 12 meses para renunciar y empezar a gestionar su candidatura presidencial en febrero de ese año, Noboa no sólo que no cuenta con tiempo para perder, sino que las políticas que decida y las acciones que ejecute deberían ser eficaces —en teoría, nuevamente— ante el hueco de al menos 5.000 millones del financiamiento del Estado con el que se cerraría el 2023, la necesidad de combatir la inseguridad en un país que este año ingresó al ‘Top 10’ de los países con mayor criminalidad en el mundo y la demostrada falta de capacidad del Estado para controlar las cárceles. 

Y la lista de temas pendientes parece no terminar, al contrario de la cuenta regresiva para la propia administración Noboa, que empezó a funcionar de manera incompleta, sin la principal autoridad política responsable de la financiación de la “cosa pública”, en especial de los gastos de instituciones estatales: el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, economista por la universidad de Arkansas, Estados Unidos, se posesionó recién este lunes 27 de noviembre, al día siguiente de la foto protocolaria de Noboa con su gabinete presidencial.

En su primera declaración pública, junto con el el presidente Noboa, Vega alertó: «Recibimos el país en una grave situación económica con la peor historia de la caja fiscal con apenas 184 millones de dólares y atrasos por 2.872 millones de dólares».

Vega tiene pendiente la publicación de un plan económico del Gobierno con un listado de nuevas fuentes de ingresos frente a las urgencias económicas de la administración Nobo, que no no hacen más que agravarse, tal como lo confirman las propias estadísticas oficiales, del Observatorio de la Política Fiscal y del Colegio de Economistas de Pichincha: el déficit fiscal de 2.630 millones de dólares con el que se aprobó el presupuesto inicial del Estado del 2023 que superaría los 5.000 millones al finalizar el año; pérdidas estimadas entre 1.209 millones y 1.814 millones de dólares por el impacto que ocasionaría el fenómeno de El Niño entre fines del 2023 y durante el 2024; y un incremento de gastos acumulados del Estado de 8,4% entre enero y octubre, en contraste con una disminución de ingresos tributarios de 4,6% en el mismo período.

En un primer comunicado oficial Vega también presentó un balance de las cuentas públicas con las que asumió el ministerio:

En la cuenta única del Tesoro actualmente existen USD 184 millones.
• Existen atrasos por 2.872 millones de dólares con el IESS, gobiernos autónomos descentralizados (alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales) y más instituciones del sector público y privado.
• El déficit fiscal proyectado para el cierre de 2023 superará los USD 5.000 millones, es decir el 5 % del PIB del Ecuador.
• El monto total de deuda asciende a 63.000 millones de dólares, entre deuda externa e interna.
• Caída del 9% del ingreso per cápita en los últimos 10 años,”por el escaso crecimiento en términos reales. Es decir, es un país extremadamente empobrecido.”
• El riesgo país está acercándose a los 2.000 puntos básicos. Esto “implica que Ecuador sea excluido del acceso a mercados normales de deuda y complica la atracción“

Con estos brevísimos datos de contexto, a continuación, les presentamos análisis de expertos consultados por Ecuador Chequea sobre la magnitud de los desafíos de la administración Noboa, los que a su vez, tienen un problema común: la economía.

URGENCIAS SOCIEOECONÓMICAS

Para la socióloga con una maestría en políticas públicas Paola Floril, la magnitud y, sobre todo, la gran complejidad de tareas pendientes para un breve período de gobierno, temporal, deben obligar a la administración de Noboa a enfocarse en dos tema que considera urgentes y prioritarios, en los cuales debe disponer medidas inmediatas.

El primero, en materia de salud pública, disponer que se controle, se evalúe y se dispongan las medidas correctivas que sean del caso en los procesos de adquisición de medicinas para las unidades de salud pública en el país. Esto, señala, es una tarea urgente para optimizar el uso de los recursos que ya dispone actualmente el Estado para mejorar el acceso a los servicios de salud de una gran parte de la población, especialmente en áreas rurales.

La segunda medida social de mayor urgencia e impacto para la población, indicó la especialista, es la de planificar y disponer nuevos incentivos a las empresas privadas, a fin de que contraten más personal, pero en condiciones dignas y con todos los beneficios de la seguridad social establecidos en la Ley.

“Es un tema muy complejo, pero hay que negociar con los empleadores, quienes sostienen que el sueldo básico no es competitivo”, indicó Floril, al insistir en la necesidad de establecer incentivos al sector privado. Y para mejorar las condiciones de empleo de una gran cantidad de personas con autoempleo o con sus propios emprendimientos, agregó, es necesario hacer funcionar a las instituciones estatales responsables de brindarles capacitación y recursos.

En todo caso, estos criterios, se inscriben en estadísticas oficiales de un 61,8% de “tasa de empleo bruta” a octubre anterior, pero apenas un 34,8% de empleo “pleno / adecuado”, es decir apenas 3 de cada 10 personas que laboran en el país acceden a la seguridad social.

Por ahora, hasta este jueves 30 de noviembre delegados de los sindicatos y de las empresas pueden ponerse de acuerdo en una cifra para la fijación del salario básico para el 2024. Y de mantenerse las discrepancias, ésta sería la primera decisión urgente que, en la práctica, deberá adoptar el Gobierno de Noboa esta misma semana.

URGENCIAS ECONÓMICAS

El economista Wilson Araque recordó que en el actual momento el pago de sueldos y el “décimo tercer sueldo” de empleados de instituciones públicas es una de las tareas urgentes de mayor impacto, del cual depende una gran parte del funcionamiento del propio Estado.

“El pago del décimo tercer sueldo significa, para cualquier gobernante, tener el doble de recursos. Entonces, eso es lo primero, si no se cubren esas necesidades de liquidez todo lo demás se empieza a obstaculizar”, comentó.

Y esta tarea pendiente, además, se presenta en diciembre, un mes señalado con anticipación por organizaciones científicas nacionales e internacionales, como el tiempo en el que empezarían a impactar en Ecuador el fenómeno de El Niño, lo cual, a su vez, demanda movilizar una gran cantidad de recursos económicos y materiales de los gobiernos central y locales, y de diferentes sectores de la sociedad.

Con estas dos necesidades económicas inmediatas, explicó Araque, a la administración de Noboa también le espera enfrentar problemas estructurales que requieren de mayor tiempo y recursos, como el de fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Además, para contrarrestar las causas estructurales de la  inseguridad, como son: crear empleo y mejorar la calidad de la salud y la educación, en especial en aquellas áreas donde se ha expandido con mayor facilidad la delincuencia.

Araque consideró que, ante la complejidad de estos desafíos económicos, a los cuales se suma el déficit de producción eléctrica, que obligó a racionar el servicio desde el 27 de octubre anterior, hace exactamente un mes, la administración de Noboa necesitará abrirse a escuchar a diferentes sectores de la sociedad que puedan aportar sugerencias de soluciones más adecuadas a los problemas sociales y económicos que enfrentan diariamente.

“La clave será que el presidente Noboa, con el equipo que ha nombrado, busque y esté con los oídos abiertos para escuchar a los diferentes actores, porque una cosa es ser administrador de una empresa privada y otra cosa es administrar un espacio público y, más aún, administrar un país”, comentó.

“Cuándo uno está en la empresa privada y es probablemente el dueño, toma las decisiones, pero cuando está en la parte pública hay que escuchar a todos los actores, identifica las necesidades y, en función de eso, tomar decisiones y estrategias, lo que en el ámbito público se conoce con el nombre de ‘diseñar políticas públicas’”, acotó.

EL PRIMER PASO

Llegado a este punto, en todo caso, surge una pregunta elemental y de sentido común: ¿Cómo empezar? La docente de investigación económica de la Pontificia Universidad Católica Andrea Bedoya señala que el primer paso para una adecuada planificación de la economía y las finanzas públicas del país es comenzar por conocer sus cifras e indicadores reales, en particular del déficit fiscal acumulado actual, que fue inicialmente de 2.630 millones de dólares al momento de aprobarse el presupuesto del Estado para este año.

Sólo con claridad sobre el hueco en la financiación del Estado y transparencia en las cuentas públicas se podrán planificar y ejecutar con éxito políticas y estrategias de eficiencia de las instituciones públicas: “Y eso le va a ocasionar al Gobierno otro problema, porque muchas veces la eficiencia significa recortes de presupuesto. Pero también implica coordinar la ejecución de presupuesto, en especial con aquellas instituciones con retrasos en estas ejecuciones, que a su vez han generado, a su vez, recesión debido a que un menor gasto público también mueve menos la economía”.

Y la evaluación de esta eficiencia en el uso de los recursos públicos le corresponde  a una entidad del Ministerio de Economía creada específicamente para controlar la calidad del gastos, explicó, tras recordar que de manera independiente de las posiciones políticas de la gente, la administración del Gobierno requiere apoyo para su éxito, que es el de todo el país y no sólo de los gobiernos de turno.

EL PANORAMA

En este complejo escenario de las finanzas públicas se destacan las siguientes estadísticas de la economía nacional.

TASA DE EMPLEO BRUTO:

Entre octubre del 2022 y octubre de este año la tasa de empleo bruto cayó 2,7 puntos porcentuales, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC):

EMPLEO “DIGNO”

Entre octubre del 2023 y octubre anterior el empleo formal, con seguridad social, creció 1,1%, al pasar de 33,7% a 34,8% y el desempleo bajó un 1,6%, de 19,9% a 18,3%, según estadísticas del INEC:

DÉFICIT FISCAL

El Observatorio de la Política Fiscal proyecta que Ecuador cerrará el 2023 con un déficit fiscal de al menos 5.000 millones de dólares. Sólo entre enero y octubre el incremento fue de 951 millones, al pasar de 2.630 millones —cifra con la que se aprobó el presupuesto del Estado—  a 3.581, destaca el organismo:

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