El texto criticaba el escaso control en las empresas públicas y recomendaba analizar el círculo cercano de Hernán Luque, partiendo por Leonardo Cortázar. Tras una fallida rueda de prensa, el Secretario Anticorrupción renunció.
Lo sucedido entre ayer y hoy entre la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) y la Secretaría de Política Pública Anticorrupción refleja, por decir lo menos, graves diferencias internas en el Gobierno, cuya salida inmediata fue la renuncia de Luis Verdesoto como Secretario Anticorrupción.
Al aceptar la renuncia de Verdesoto, en un comunicado, la Segcom asegura que la Secretaría Anticorrupción fue creada para diseñar e implementar políticas públicas contra la corrupción “que tengan resultados palpables”, por lo que hay que reforzar “más que nunca, con mayor profundidad, sustento y agilidad tanto en diagnósticos como en soluciones sugeridas”.
La Secretaría Anticorrupción fue creada mediante Decreto Ejecutivo 412, del 3 de mayo de 2022, y designó como su titular a Luis Verdesoto, que antes se había desempeñado como consejero nacional electoral.
Extrañas “coincidencias”
El comunicado sobre la renuncia de Verdesoto se dio horas después de una convocatoria a rueda de prensa por parte del hasta entonces secretario Anticorrupción. Ayer por la mañana en el chat de prensa de la Segcom se informaba de la mencionada rueda de prensa para presentar el primer informe de posibles irregularidades denunciadas, luego de que el medio digital La Posta difundió presuntos actos de corrupción en el sector eléctrico, que involucrarían a personajes cercanos al Gobierno de Guillermo Lasso.
Horas más tarde, a través del mismo chat, la Segcom informaba que la rueda de prensa se suspendía. Sin embargo, de manera telefónica, personal de la Secretaría Anticorrupción se comunicó con varios periodistas para confirmar que la rueda de prensa se mantenía, a pesar de lo dispuesto por la Segcom, ya que Verdesoto quería hablar de la investigación realizada.
La rueda de prensa se convocó para hoy a las 10:30, en la sede de la Secretaría. La prensa se dio cita; pero minutos después de las 10:30, personal de relaciones públicas de esa institución se presentó para pedir a los periodistas que esperaran unos minutos, que Verdesoto había acudido a una reunión en el Palacio de Gobierno con el presidente Lasso, para entregarle ese primer informe y el informe general de labores, pero que “ya estaba en camino, que no se demoraba ni 20 minutos”.
El tiempo pasó y el funcionario no aparecía. Se presentó nuevamente el personal de relaciones públicas para ofrecer disculpas ya que Verdesoto, dijo el relacionador público, se encontraba todavía en el Palacio de Gobierno y se iba a demorar más de lo planificado, por lo que no iba a ofrecer la mencionada rueda de prensa.
Por la importancia del tema, los periodistas manifestaron que estaban dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario, con tal de obtener sus declaraciones. Pero la respuesta fue tajante: “Son imponderables, no habrá rueda de prensa, le llamaremos en su debido momento cuando se vaya a dar”. Horas después la Segcom remitió el comunicado con la renuncia de Verdesoto. Ecuador Chequea intentó comunicarse con él para conocer su criterio, pero no contestó nuestras llamadas.
Lo que dice el texto
El informe fue realizado entre el 13 y 20 de enero de este año y, bajo la figura de hipótesis, analiza mecanismos de clientelismo económico o político —intercambio de favores, bienes, servicios, posiciones—; intercambio de posiciones entre funciones estatales y privadas en la industria interesada; organización delincuencial de corta, mediana y larga data para contratar, mecanismos de “franquicia”, formas de recaudación de “cuotas” y mecanismos de extorsión y/o soborno para conseguir decisiones o asignación de contratos.
El informe asegura que el actual modelo de gobernanza de las empresas públicas carece de los controles, auditorías o rendición de cuentas necesarios para prevenir, mitigar, investigar y sancionar actos de corrupción.
Que la gobernanza corporativa instaurada en 2015, mediante la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) permitiría una alta discrecionalidad, arbitrariedad y autonomía a sus directorios y gerentes, lo que permitiría a las máximas autoridades de EMCO y gerencias dependientes de ella, moldear, alterar o reformar procesos de contratación, favoreciendo intereses corruptos.
Agrega que la ausencia de mecanismos de control o auditoría, sumado a la opacidad operacional, materializa condiciones habilitantes de corrupción, habiendo podido transformar a las empresas públicas en botín económico.
Según el informe, la investigación realizada por la Secretaría expone la posible existencia de lavado de activos mediante la contratación pública a través de operaciones inmobiliarias y comerciales.
Señala también la necesidad de expandir fuentes de información para analizar el círculo cercano de Hernán Luque Lecaro, sin perjuicio de que se amplíe este requerimiento a Leonardo Cortázar, Oswaldo Rosero, Juan Carlos Rosero, Juan Francisco Quiroz, Enrique Bocca Morán, Héctor Suárez, Cinthya Cabrera, Rubén Cherres y Juan Ribas Domenech.
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