Expertos aseguran que sería una intromisión de funciones el pedido realizado por la Corte Nacional de Justicia y por el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿cuáles son los caminos que quedan?
Tras el hábeas corpus concedido por parte de jueces en tres casos polémicos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela; la Fiscal, Diana Salazar; y con el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, para buscar una vía que impida el abuso de esa figura legal.
El exvicepresidente de la República Jorge Glas, sobre quien pesan dos sentencias ejecutoriadas por corrupción; el narcotraficante holandés Vokshi Nezdet, requerido por la Justicia de su país; y Júnior Roldán Paredes, alias Jr., líder de la banda Los Choneros con dos sentencias por asesinatos, se han beneficiado del hábeas corpus.
“No permitiré que Ecuador se convierta en un Estado sitiado por bandas de narcotráfico auxiliadas por jueces, ya corruptos, ya cobardes, que en ningún caso deben seguir en funciones si no tienen la decencia o el coraje requeridos para ejercer a cabalidad sus altísimas responsabilidades”, dijo Lasso durante la reunión.
Por su parte, Saquicela y Murillo remitieron una carta conjunta a la Corte Constitucional, en la que piden al organismo que aclare el alcance y se delimite el hábeas corpus “para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos”. Solicitan que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías jurisdiccionales y que se revisen los límites a las potestades disciplinarias de la Judicatura y que le restituya la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta.
Saquicela aseguró que son portavoces de la indignación y preocupación de los ecuatorianos, ya que el abuso del hábeas corpus puede poner en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y los derechos de los ecuatorianos.
Tanto Saquicela como Murillo expresaron que en las últimas semanas han presenciado una serie de decisiones judiciales que denotan un abuso de acciones constitucionales como el hábeas corpus, que constituye una valiosa institución jurídica que no puede ser convertida en un instrumento para la impunidad del narcotráfico, la corrupción y el crimen.
Repercusiones
Édison Rodríguez, experto en Derecho Penal, explicó que el hábeas corpus se aplica en una de estas dos condiciones: cuando una persona está detenida ilegal e inconstitucionalmente, y cuando a un detenido se le hayan violentado sus garantías constitucionales como ser humano. Sin embargo, considera que se está abusando de esta figura, ya que se otorga para que un detenido con sentencia ejecutoriada salga en libertad sin medidas cautelares. Añadió que es un problema que involucra a los operadores de Justicia y que la Judicatura ha dejado pasar actuaciones de jueces y fiscales que, por acción u omisión, han aplicado mal ese beneficio. “La Judicatura vigila las actuaciones de jueces y fiscales y tendría que actuar contra esos jueces, que han mal interpretado y han abusado de las resoluciones, otorgando hábeas corpus a personas que no se lo merecen”, manifestó. Para Rodríguez, se está dejando malos precedentes, ya que cualquier detenido puede tratar de obtener la libertad bajo esa figura.
En cambio, el asambleísta Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, manifestó que presentar una carta a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el hábeas corpus no es el camino para solucionar la mala aplicación que se está dando de esa figura legal. Manifestó que debe existir un trabajo conjunto entre los entes relacionados con el sistema judicial para ofrecer mayor capacitación a los operadores de justicia y sancionar a aquellos jueces que no aplican de manera correcta ese derecho.
Por su parte, David Cordero-Heredia, especialista en Derecho, manifestó que la Corte Constitucional no puede regular el hábeas corpus a voluntad, como si fuese la Asamblea. Lo que le corresponde a la Corte, dice el experto, es analizar caso por caso y recuerda que existe una sentencia de ese organismo que delimita con mucho detalle el hábeas corpus. Recuerda también que la Judicatura mantiene la competencia de sancionar a jueces por manifiesta negligencia, pero que debe ser declarada por un juez o tribunal superior, no por un funcionario administrativo.
Mientras que Juan Pablo Albán, experto en Derecho Constitucional, considera que pedir a la Corte Constitucional un pronunciamiento es vulnerar la independencia judicial. En cambio, Dolores Miño, también abogada, dijo que no es culpa de la Corte Constitucional que desde 2008 no hayan capacitado bien a los jueces que conocen garantías, o que no se pueda terminar con la corrupción judicial.
Los hábeas corpus de la polémica:
- A Jorge Glas, exvicepresidente de la República con dos sentencias ejecutoriadas por corrupción. La medida le fue otorgada por el juez multicompetente de Manglaralto, Diego Moscoso Cedeño. Durante una comparecencia a la Asamblea, el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, informó que por las características de esa jurisdicción se puede anticipar qué juez estará de turno determinado fin de semana. Desde el 10 de abril en la Dirección de Transparencia está abierta una investigación a Moscoso para determinar si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos de hábeas corpus. En lo judicial, se negó el recurso de ampliación presentado por la defensa de Glas, lo que permitirá que el Tribunal de Santa Elena analice la apelación presentada por el SNAI.
- A Júnior Roldán Paredes, alias Jr., líder de la banda Los Choneros. Su pedido de hábeas corpus fue conocido por el juez Pedro Moreira, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias. En principio, otorgó un hábeas corpus parcial; es decir, sólo para que se traslade a un centro médico para que le atiendan de los problemas de salud que su defensa alega sufre el cabecilla de Los Choneros. Sin embargo, en la notificación escrita, el juez cambió de decisión y autorizó el traslado a su domicilio. Según la Judicatura, Moreira fue designado juez temporal de garantías penitenciarias de Guayas por ser parte del banco de elegibles de jueces a nivel nacional, que fue integrado el 3 de enero del 2018, por la administración del CJ presidida por Gustavo Jalkh. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que el banco de elegibles tiene una vigencia de 6 años. El Pleno de la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal de Moreira.
- A Vokshi Nezdet, holandés con difusión roja por parte de la Interpol, buscado en su país por narcotráfico. El 20 de abril la jueza multicompetente de Manglaralto, Érika Moriel, aceptó el recurso de hábeas corpus y ordenó la inmediata libertad del ciudadano holandés detenido el 2 de abril de este año y que tenía difusión roja de Interpol. La jueza ha sido suspendida por 90 días, por presunta infracción gravísima.
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