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El pasaje urbano de Quito subirá de 35 a 40 centavos desde el 1 de enero de 2027, según la ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano. La norma también aprueba la entrega de 2.000 dólares mensuales, hasta diciembre, por cada bus para implementar plataformas tecnológicas de control de flotas e información a usuarios.
A partir del 1 de enero de 2027, el pasaje urbano subirá a 40 centavos en Quito. Así resolvió el pleno del Concejo Metropolitano, al aprobar en segundo debate una ordenanza que permite revisar la tarifa de 35 centavos vigente desde 2020.
El proyecto se aprobó con los votos favorables de los 14 concejales presentes en la reunión extraordinaria convocada por el alcalde Pabel Muñoz para tratar específicamente este tema, uno de los más sensibles en sus tres años al frente de la Alcaldía, de la que aspira a un segundo período en las elecciones de noviembre próximo.
Responsabilidad del Gobierno Nacional
Antes de la votación, Muñoz responsabilizó al presidente Daniel Noboa por la decisión de su administración de impulsar esta ordenanza, luego del retiro de los subsidios al diésel utilizado por los buses del transporte público.
Compensaciones y sistemas tecnológicos
La ordenanza establece la entrega de aproximadamente 23 millones de dólares en compensaciones temporales hasta el 31 de diciembre, a cambio de que los transportistas aceleren la implementación de sistemas tecnológicos para controlar sus flotas de buses y facilitar información a los usuarios.
Asimismo, la ordenanza fija un plazo de ocho meses para implementar un denominado Sistema Único de Recaudo, una plataforma tecnológica y administrativa que centraliza el cobro de pasajes en los sistemas municipales Metro, Trolebús y Ecovía y, progresivamente, en el transporte convencional. El objetivo es distribuir esos ingresos entre las operadoras bajo reglas definidas y con información en tiempo real.
En la disposición transitoria cuarta se aprueba la entrega de compensaciones económicas temporales de hasta 8.000 dólares, a razón de 2.000 dólares mensuales, hasta que entre en vigencia el alza en enero de 2027. Según la ordenanza, estas compensaciones se entregarán de manera individual por cada una de las 2.931 unidades, incluidas las «321 unidades remanentes».
Si el Municipio no entrega estas compensaciones, dijo Muñoz, el aumento a 40 centavos entraría en vigor con la aprobación de la ordenanza y no el 1 de enero de 2027, como establece el proyecto.
Cronograma de implementación tecnológica
El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, destacó que a través del Centro de Monitoreo de la Movilidad se controlará el cumplimiento de cuatro compromisos mensuales sucesivos para implementar las plataformas tecnológicas: en septiembre, entregar la documentación requerida; en octubre, obtener la certificación del equipamiento; en noviembre, realizar las pruebas de interoperabilidad; y en diciembre, iniciar la «marcha blanca» o fase de pruebas y la conexión de las unidades.
Cuestionamientos sobre calidad y transparencia
Inmediatamente después de la aprobación, la concejal Analía Ledesma cuestionó que «de forma milagrosa se intenta cumplir hasta diciembre lo que no se ha cumplido en seis años», en referencia a la Ordenanza 17, aprobada en 2020, que estableció el incremento del pasaje a 35 centavos y ya contemplaba controles de calidad y seguridad del servicio.
«Tal como está aprobada, podría ser sujeta de una revisión posterior por parte de Contraloría», dijo Ledesma.
El concejal Fidel Chamba también cuestionó la ordenanza y anunció que solicitará a la Corte Constitucional que se la excluya del ordenamiento jurídico del país.
Otros cuestionamientos fueron expresados durante la sesión por ciudadanos que accedieron al mecanismo de Silla Vacía. Rocío Bastidas reclamó que, en la práctica, no se ha cumplido la ordenanza municipal anterior para garantizar mejoras efectivas en la calidad del servicio. También expresó su preocupación por la falta de transparencia: «Tampoco se ha transparentado la metodología de cálculo utilizada para establecer la tarifa de 40 centavos».
Al ser consultado por Ecuador Chequea sobre estos reclamos, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, dijo que «la mejora de calidad del servicio vendrá por capacitación a los conductores, por mejoras en cómo operan, mejoras en operaciones».
Agregó que la ordenanza también dispone avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del transporte público. Sin embargo, ante la consulta de si ese modelo garantizará las mejoras reclamadas por los ciudadanos, Pérez respondió: «No necesariamente eso, hay muchos temas que también estamos trabajando paralelamente».
«Adicional a eso, ya en las ordenanzas vigentes ya existe la obligación de una capacitación», sostuvo.
Tarifas preferenciales
Sobre las tarifas preferenciales, Pérez sostuvo que el Municipio aplicará la normativa nacional. Las personas con discapacidad mantendrán las medias tarifas. La ordenanza aprobada dispone que se apliquen las normativas nacionales que establecen el 50% de la nueva tarifa y se derogue la tarifa preferencial que regía con la anterior tarifa de 35 centavos.
En cuanto a los estudiantes universitarios, la ordenanza no establece de inmediato una nueva tarifa diferenciada. En cambio, dispone que la Secretaría de Movilidad elabore, en un plazo de cinco meses desde la sanción, estudios técnicos, financieros y jurídicos para determinar la viabilidad de establecerla.
Posición de los transportistas
Jorge Yánez, dirigente del transporte, participó en la sesión extraordinaria mediante el mecanismo de Silla Vacía y sostuvo que la aprobación de la ordenanza no significa que los problemas del servicio queden solucionados.
«No está solucionado el problema, sino que recién empiezan las actividades entre administrador y administrados para trabajar por la calidad, seguridad del servicio», sostuvo.
Yánez también reconoció que existen «malos elementos» dentro del transporte público que están siendo identificados para, posteriormente, ser separados del sistema.
