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El Consejo de la Judicatura reorganizó sus unidades judiciales y decidió redistribuir los casos de corrupción y crimen organizado a otras salas penales de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentren.
La decisión del Consejo de la Judicatura de eliminar las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado —creadas en 2021 y 2022— ha generado cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito judicial del país.
La medida fue adoptada anoche por el pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria. Según la resolución, la propuesta responde a la necesidad de fortalecer la prestación del servicio mediante la ampliación de competencias penales de las judicaturas de Iñaquito y La Mariscal, para que asuman el conocimiento de las causas relacionadas con esos delitos.
Preocupación desde el ámbito internacional
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, escribió en su cuenta de X que recibía con preocupación la noticia de que la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado —que ya operaba al 50% de su capacidad tras la suspensión de tres jueces— «ha sido suprimida, en un momento en que el propio Consejo de la Judicatura ha declarado una emergencia judicial debido a un grave déficit de jueces». Añadió que los estándares internacionales exigen que los Estados garanticen que los tribunales cuenten con los recursos y la capacidad judicial necesarios para administrar justicia de manera efectiva. «Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias», posteó.
Por su parte, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJEcuador), a través de un comunicado, recordó que las dependencias suprimidas fueron creadas con el acompañamiento e inversión de la Unión Europea y de Estados Unidos, con el objetivo de asegurar la especialización, tecnificación y control en la administración de justicia en casos de crimen organizado y corrupción.
El ODJ asegura que desde hace varios meses los jueces anticorrupción enfrentan hostigamientos, amenazas y represalias por el contenido de sus decisiones, y que, ante el continuo avance de la delincuencia organizada, resulta incomprensible haber eliminado esas dependencias. «Su labor era fundamental para garantizar un tratamiento prioritario a causas complejas de alcance nacional, además de ofrecer una protección indispensable frente a intimidaciones y presiones externas», señala el comunicado. El organismo cuestiona además que una decisión de esta naturaleza se haya tomado de forma apresurada y hermética.
El criterio de los abogados
Annabell Guerrero, abogada en libre ejercicio, coincide en que fue una medida sorpresiva e inconsulta, ya que debió contar con el acompañamiento de los gremios de abogados y de la academia. Guerrero asegura que es preocupante que no exista un informe público que sustente la decisión. La abogada añade que lo correcto frente al panorama actual del país habría sido fortalecer la unidad y depurarla, de ser el caso, en vez de eliminarla. Para Guerrero, que la Unidad no haya tenido los resultados deseados no significa que el modelo no funcionara, pues existe una crisis general del sistema de justicia.
En cambio, Leonardo Tipán, también abogado en libre ejercicio, considera que no tenía sentido mantener esas unidades porque era muy poca la carga de casos que llevaban adelante, por lo que ese trabajo se redistribuyó. «Era como sostener un ‘elefante blanco’, porque relativamente no había una funcionalidad administrativa judicial, es decir, más se topaban casos a nivel de terrorismo, narcodelincuencia organizada, pero no había una labor ágil para el sistema procesal», dijo.
Según Tipán, los jueces de esas unidades, de las ocho horas de trabajo, solo cumplían cuatro, mientras que un juez de garantías penales trabaja más de las ocho horas. Además, cuestiona el tratamiento diferenciado que se daba a los jueces anticorrupción: «Eran intocables, tenían seguridad, pero al final no tuvieron ningún tipo de resultados», dijo.
La justificación del Consejo de la Judicatura
Al justificar la medida, el Consejo de la Judicatura señaló que los informes determinan que el actual modelo especializado de juzgamiento de este tipo de delitos registra un desequilibrio operativo. «Por ejemplo, según datos del SATJE, en 12 meses el Tribunal Anticorrupción registró solo 234 expedientes para sus nueve magistrados, mientras despachos penales ordinarios como la Corte Provincial de Pichincha superaron el 100% de su capacidad». Con la supresión de las dependencias especializadas, se aprobó que sus competencias sean asumidas por otras judicaturas penales, de acuerdo con las diferentes etapas de los procesos.
