La propuesta del alcalde, Pabel Muñoz, plantea mantener los 35 centavos hasta el 31 de diciembre y cobrar 40 desde el 1 de enero de 2027. El proyecto establece crear una asignación no reembolsable de hasta $8.000 por bus durante 2026, obliga a implementar sistemas tecnológicos, modifica la tarifa rural y cambia el régimen municipal de 10 centavos para personas con discapacidad.
A partir de las 11h30 de este martes, en sesión extraordinaria convocada por el alcalde Pabel Muñoz, el Concejo Metropolitano de Quito prevé tratar en segundo y definitivo debate el proyecto de ordenanza que propone elevar de 35 a 40 centavos el pasaje de buses urbanos y del sistema Metrobús-Q desde el 1 de enero de 2027, acompañado de compensaciones temporales de hasta $23,304 millones de recursos municipales para propietarios de buses privados durante lo que resta de 2026.
“Se torna indispensable realizar una actualización tarifaria que responda a la necesidad de garantizar el servicio de transporte público, mantener un equilibrio entre la sostenibilidad económica de las operadoras y el acceso de la ciudadanía a una tarifa socialmente justa”, señala el informe para segundo debate aprobado el 2 de septiembre por la Comisión de Movilidad.
Así mismo, en la disposición transitoria cuarta establece el mecanismo para entregar compensaciones económicas temporales, de hasta ocho mil dólares hasta que entre en vigencia el alza, en enero de 2027.
El documento señala que se crea “con carácter temporal y extraordinario, un mecanismo de carácter económico a través de una asignación de recursos no reembolsables en el marco del proyecto de inversión ‘Mejoramiento del Servicio de Transporte Público’”.
Así, estas compensaciones se entregarán de manera individual por cada una de 2.931 unidades, incluyendo “321 unidades remanentes”, según los datos de la Secretaría de Movilidad que constan en el informe para segundo debate.
Cronograma
La nueva tarifa comenzará a regir el 1 de enero de 2027, pero la ordenanza establece un plazo máximo de ocho meses, contados desde su sanción, para implementar el Sistema Integrado de Recaudo (SIR). Se trata de una plataforma tecnológica y administrativa que centraliza el cobro de pasajes en los sistemas municipales, Metro, Trolebús y Ecovía, y, progresivamente, en el transporte convencional, con el fin de distribuir esos ingresos entre las operadoras bajo reglas definidas y con información en tiempo real.
Así las cosas, el cobro del pasaje de 40 centavos no está condicionado a que el SIR se encuentre completamente implementado.
Esto se debe a que, si la ordenanza es sancionada mañana, 8 de septiembre, la implementación del SIR podría extenderse hasta el 8 de mayo de 2027. El período abarcaría octubre, noviembre y diciembre de 2026, y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027.
De agotarse ese plazo máximo, el SIR estaría completamente implementado aproximadamente cuatro meses después de la entrada en vigencia de la tarifa de 40 centavos, prevista para el 1 de enero de 2027.
Por ahora, la ordenanza anticipa que el cumplimiento de estos requisitos se evaluará mes a mes. Si un beneficiario no cumple con los correspondientes a determinado período, el texto establece que “no se generará derecho a la asignación respecto de dicho período, ni procederá su reconocimiento, reliquidación o pago en períodos posteriores”.
Entrega individual
“La asignación tendrá carácter individual por cada unidad habilitada, sin que sea necesario que la totalidad de la flota de la operadora cumpla con los requisitos para acceder al mecanismo”, señala el proyecto.
Sin embargo, para recibir la compensación no bastará con pertenecer a una compañía de transporte, pues el beneficio se asignará de manera individual por cada unidad y estará sujeto al cumplimiento de varios requisitos documentales.
Entre ellos constan un listado de beneficiarios con la placa y el registro municipal de cada unidad, el certificado de no adeudar al Municipio, una cuenta bancaria activa, el contrato de operación vigente, la inclusión del vehículo en la flota habilitada y la matrícula correspondiente a 2026.
También se exige la suscripción de un convenio tripartito entre la Secretaría de Movilidad, la operadora y los beneficiarios para implementar el SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) y el SIU (Sistema de Información al Usuario).
Si la ordenanza se aprueba mañana martes 8 de septiembre, los transportistas deberán cumplir cuatro compromisos mensuales sucesivos: en septiembre, entregar la documentación requerida; en octubre, obtener la certificación del equipamiento SAE y SIU; en noviembre, realizar las pruebas de interoperabilidad; y en diciembre, iniciar la “marcha blanca” o fase de pruebas y la conexión de las unidades.
El cumplimiento, según la ordenanza, será evaluado mes a mes. Si un beneficiario no cumple con los requisitos correspondientes a alguno de esos períodos, el texto establece que “no se generará derecho a la asignación respecto de dicho período, ni procederá su reconocimiento, reliquidación o pago en períodos posteriores”.
¿Y la financiación?
Según el proyecto de ordenanza, los recursos para financiar la medida provendrían de partidas destinadas a inversión de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).
El texto señala que “el financiamiento para el proyecto de ordenanza se efectuaría mediante la reasignación de recursos provenientes de proyectos de inversión de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)”.
Sobre este tema, el mismo proyecto recoge una observación de la Secretaría de Planificación del Municipio, según la cual la EPMMOP deberá “evaluar y gestionar los efectos que la reasignación de recursos pudiera generar sobre la ejecución de los proyectos de inversión”, con el fin de garantizar la continuidad de sus intervenciones programadas.
Asimismo, consta un cuestionamiento de la concejala Blanca Paucar, quien preguntó a la EPMMOP “qué obras se van a cancelar para dar esa compensación”.
En cualquier caso, independiente del impacto en los proyectos de la Epmmop, la Procuraduría aclara que este dinero“no constituye un subsidio ni una compensación, por cuanto los recursos no tienen como finalidad directa cubrir una diferencia económica, reducir el costo de la tarifa o compensar un efecto económico a favor de los operadores”.
