El presidente de la Asamblea, Niel Olsen (ADN), dejó vencer el plazo que tenía el pleno para pronunciarse sobre la inmunidad parlamentaria del legislador de la Revolución Ciudadana.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) tiene vía libre para continuar con el proceso penal en contra del asambleísta del correísmo, Juan Andrés González, una vez que la Legislatura no contestó la solicitud sobre si se le levantaba o no su inmunidad parlamentaria.
La legisladora de ADN, Victoria Quintana Tapia, presentó una querella en contra de González por presunta calumnia, debido a que el legislador dijo en diciembre de 2025, en una rueda de prensa, que la bancada oficialista era «terrorista».
Varios legisladores de ADN presentaron una denuncia en la Fiscalía. El 9 de febrero el Pleno de la Asamblea ya trató un primer pedido de la CNJ sobre ese tema por la denuncia de la también asambleísta oficialista Janina Rizzo, debido a los mismos hechos.
Sin embargo, en esa ocasión no hubo los votos suficientes para levantarle la inmunidad: el oficialismo alcanzó 71 votos de los 101 que se requieren.
Un segundo pedido constaba en la sesión del pleno del pasado jueves y el plazo que tenía para pronunciarse venció ayer. Este pedido estaba relacionado con la denuncia de Quintana en contra de González.
Sin embargo, a pesar de que estaba en el orden del día, no fue abordado en la sesión.
El artículo 111 de la Ley de la Función Legislativa establece que si la solicitud no se contesta en el plazo de 30 días, de considerará concedida la autorización para proceder con el proceso judicial.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, a través de un comunicado, manifestó que la inmunidad no es impunidad y que “los ecuatorianos están cansados de ver cómo algunos usan la inmunidad parlamentaria como escudo para abusar del poder”. Así justificó su decisión de suspender el tratamiento del pedido de autorización para el enjuiciamiento del asambleísta Juan Andrés González, en el marco de la querella por calumnia planteada por Quintana.
Olsen indicó que la inmunidad parlamentaria no puede convertirse en impunidad. «Nadie está por encima de la ley y la función pública implica una mayor responsabilidad frente al país”, expresó.
