El Gobierno ordenó adelantar el pago del décimo tercer sueldo de los empleados públicos al 16 de noviembre de 2026, 13 días antes de las elecciones. Especialistas laborales, económicos y políticos explican sus efectos políticos, laborales y económicos.
El gobierno de Daniel Noboa dispuso adelantar para noviembre el pago del décimo tercer sueldo, conocido como bono navideño, como ya ocurrió en 2025 y nuevamente en plena temporada electoral. La medida será obligatoria para el sector público y voluntaria para las empresas privadas que decidan acogerse a ella.
El pago se deberá realizar el 16 de noviembre, 13 días antes de las elecciones de autoridades locales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previstas por el Consejo Nacional Electoral para el domingo 29 de noviembre de 2026.
Hasta el cierre de esta nota, ni la Presidencia de la República ni el Ministerio del Trabajo respondieron una consulta de Ecuador Chequea sobre si esa cartera de Estado emitió un acuerdo ministerial para ejecutar la medida, cuántos empleados públicos se beneficiarían y cuál sería su costo para el Estado.
En cualquier caso, al aplicar la misma medida el año anterior, la entonces ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que unas 144.000 personas recibían mensualmente la decimotercera remuneración, mientras que más de 343.000 funcionarios la percibían de forma acumulada. Según indicó, el pago anticipado de este rubro representaría un egreso de unos USD 400 millones para el Estado.
Dos analistas políticos, un analista económico, un especialista en temas laborales y dos empleados públicos expresaron opiniones distintas sobre esta disposición. Algunos atribuyeron al Gobierno una motivación electoral, mientras otros advirtieron que cualquier efecto sobre el voto no puede darse por hecho y señalaron posibles beneficios para la liquidez, el consumo y las ventas.
Jorge Piedra, servidor público y profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador desde hace 32 años, calificó a la medida como demagógica debido a la cercanía entre las fechas del pago y de las elecciones. “Hay una clara utilización del Estado y del Gobierno, de los recursos que tiene para hacer que este adelanto aparezca como una dádiva”, afirmó.
Piedra también indicó que gastar anticipadamente esos recursos puede trasladar un problema a diciembre, cuando aumentan las necesidades familiares. A su juicio, el dinero disponible en noviembre puede generar una sensación temporal de mayor capacidad económica, pero dejar posteriormente a algunos hogares con menos liquidez.
El sociólogo y analista político Agustín Grijalva, también consideró que disponer anticipadamente de dinero podría mejorar temporalmente el ánimo de determinados hogares y que ese efecto puede tener relevancia en un período electoral.
Sin embargo, luego de recordar que a pesar de similar medida el gobierno perdió en la consulta popular de noviembre de 2025, dijo que “hay que tener cuidado con las explicaciones mecánicas que piensan que esto va a tener un efecto directo en la votación”.
Señaló que, de existir alguna influencia, esta podría operar de manera indirecta mediante un mejor estado de ánimo en determinados sectores. Agregó que una mayor circulación de esos recursos también podría estimular las ventas y el consumo, pero advirtió que “tampoco es que esto tiene un efecto directo en la votación”.
Christian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y analista político, dijo que este tipo de medidas no son exclusivas del actual Gobierno en Ecuador sino también en otros países y las calificó de “populistas” cuando se adoptan en contextos electorales.
“Es una acción política que tiene un fin electoral”, afirmó. Carpio también señaló que una mayor liquidez podría dar alivio temporal a familias afectadas por eventuales eventos climáticos.
Desde el ámbito laboral, el director del Centro de Estudios de la Política Laboral, Gabriel Recalde, puso en duda la planificación del cambio en la fecha de este pago y el sustento jurídico.
Sostuvo que la decisión “trastoca” lo previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, Losep, y en el Código del Trabajo respecto del impacto del cambio de la fecha en el cálculo y su pago. En este sentido consideró necesario precisar las normas sobre las atribuciones para anticipar este pago. “Sí es necesario para mí hacer una precisión en la normativa dándole la facultad al Ejecutivo para anticipar estas cosas por medio del órgano rector, que es el Ministerio de Trabajo o mediante decretos ejecutivos”, dijo.
El especialista también cuestionó la falta de socialización y determinar con anticipación cuántos servidores reciben mensualmente el décimo y cuántos lo acumulan.
Virginia Pinela Martillo, auxiliar del Departamento de Medicina Transfusional del Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil, trabajadora bajo el Código del Trabajo y con 21 años de servicio, dijo que la medida no solo es “populista que busca comprar votos” sino que también “alterará todo lo que teníamos programado en la economía familiar para diciembre”.
“El adelanto de este décimo tercero a nosotros no nos favorece”, afirmó luego de recordar que similar adelanto, aplicado en 2025, afectó rubros que esperaba recibir por horas extraordinarias y feriados.
También dijo que mientras se anuncia la entrega anticipada de esos recursos, en el hospital donde trabaja persisten problemas de abastecimiento de reactivos y medicamentos especializados, en particular para niños que reciben tratamientos.
Luego de señalar que el décimo tercero corresponde a la doceava parte de los ingresos computables del trabajador, el analista económico Jorge Calderón dijo que recibirlo de forma anticipada podría facilitar mayor liquidez en noviembre, y en consecuencia, podría dinamizar el consumo y adelantar parte de las ventas de los comercios antes de diciembre.
“Adelantar estos recursos sin duda les puede significar tener ya los flujos para poder hacer esas compras anticipadas”, afirmó.
Calderón también relacionó la decisión del Gobierno con un posible deterioro de las condiciones climáticas a propósito del desarrollo del fenómeno de El Niño, en especial en zonas de la Costa. Sostuvo que disponer antes del dinero podría dar mayor margen de respuesta a los hogares y favorecer a las empresas si eventuales afectaciones reducen posteriormente el consumo.
El efecto inmediato
En cualquier caso, a pocas horas del anuncio de Noboa, la Cámara de Comercio de Guayaquil informó en una rueda de prensa que el Black Friday ya no se realizará en la última semana de noviembre, sino que se adelantará al viernes 20 de noviembre de 2026, debido a su cercanía con las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
“Esto perjudica porque las personas tienen que viajar, porque tienen que preparar ciertas actividades en ese fin de semana, y esto puede ser un golpe tanto para los comercios como para las personas, que se quedarían sin aprovechar al máximo estos grandes descuentos”, dijo el presidente del gremio, Miguel Ángel González tras indicar que mantener la fecha original podría afectar tanto a los comercios como a los consumidores y destacó la importancia del Black Friday para la actividad comercial.
“Es una fecha en la que ganan los consumidores, ganan los comercios porque pueden reducir inventarios, pueden aumentar las ventas”, afirmó.
Antecedente
El Servicio de Rentas Internas señaló el 1 de diciembre de 2025 que el adelanto del décimo tercero generó una “inyección anticipada de liquidez” y vinculó la medida con un aumento de las ventas durante el Black Friday.
Según los comprobantes electrónicos reportados por la entidad, las ventas entre el 24 y el 28 de noviembre sumaron USD 5.552,4 millones, frente a USD 4.823,9 millones en el mismo período de 2024, un incremento de 15,1%.
Solo el viernes de Black Friday, las ventas alcanzaron USD 1.384,1 millones, 20,9% más que un año antes, dijo el organismo.
