La jueza Teresa Nuques entregó su proyecto de resolución para que sea votado en el Pleno de la Corte Constitucional, pero no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado. Richard Ortiz es el encargado de elaborar un nuevo proyecto de dictamen.

El proyecto de dictamen sobre el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, elaborado por la jueza constitucional ponente, Teresa Nuques, no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional.

Se conoció que ese proyecto de dictamen recomendaba que no se admita la solicitud de interpelación propuesta por la Asamblea; pero, tras la ponencia, no obtuvo los seis votos que se requieren para la aprobación. 

Entonces, en sesión extraordinaria del Pleno de la Corte, se realizó el resorteo y se designó como nuevo ponente al juez Richard Ortiz y como segundo juez ponente a Alí Lozada (presidente de la CC), para la presentación de un nuevo proyecto de dictamen.

La Corte aseguró que emitirá el dictamen en el plazo previsto en la Ley. De hecho, se conoce que el nuevo proyecto de dictamen se presentará mañana, para su inmediato tratamiento en el Pleno. 

El reglamento de sesiones de la Corte Constitucional dispone que el sorteo de un nuevo juez sustanciador se deberá realizar entre aquellos que votaron en contra del proyecto, para que presente un nuevo proyecto en el que argumente la tesis de la mayoría, para que se someta nuevamente a votación del Pleno. 

A favor del proyecto de Nuques habrían votado la propia ponente, Enrique Herrería y Carmen Corral. Los seis restantes habrían votado en contra. 

Rápido tratamiento 

A las 10:30 de hoy, la jueza Nuques entregó a Secretaría General de la Corte el proyecto de dictamen. De acuerdo al Artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez presentado en proyecto de dictamen, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, debía convocar a sesión del Pleno dentro de las 24 horas siguientes y el dictamen será emitido dentro de las 48 horas de presentado. Sin embargo fue un tratamiento veloz. A las 14:00 el Pleno ya estaba convocado en sesión extraordinaria para su tratamiento. 

Los argumentos del Presidente

Dentro de este proceso, Lasso remitió al organismo su defensa contra el juicio político planteado. En el escrito, de más de 180 páginas, pide que se declare la “inadmisibilidad de la solicitud de enjuiciamiento político presentada por la Asamblea Nacional”. 

Señala que el juicio político no puede tener como objetivo evaluar su desempeño o gestión y que la Asamblea trata de adecuar tipos penales de forma incorrecta al margen del principio de legalidad. “Los interpelantes, en varios acápites, demuestran que su finalidad real es reprobar la gestión del Primer Mandatario, para lo cual no tienen competencia y, de hecho, aquello se constituye en un ‘golpe parlamentario’, que pretende subordinar una Función a otra”, consta en el escrito. 

Recuerda que la solicitud tuvo como antecedente un proceso de fiscalización irregular (caso Gran Padrino) y que su resultado fue un informe que recomendó el enjuiciamiento político y fue elaborado por una Comisión Ocasional Ad-Hoc. 

Señala que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no le remitió la resolución a través de la cual admitieron en primera instancia a trámite la solicitud y que tampoco fue entregada a asambleístas que solicitaron. 

“Este documento demuestra un cambio sustancial en la decisión del CAL, que decidió, fuera de sus competencias, intervenir en el fondo de la solicitud para pedir a los interpelantes que corrijan el documento original presentado”, asegura el mandatario. 

Recuerda también que los asambleístas, en la solicitud original, se ampararon en artículos de la Constitución y de la Ley de la Función Legislativa que les facultan el juicio político a otros funcionarios y no citaron el 129 de la Constitución, que se refiere a la interpelación de un Primer Mandatario. 

A favor y en contra 

Al menos 10 amicus curiae fueron remitidos a la Corte por parte de organizaciones y personas naturales, expresando sus argumentos sobre si se debe dar paso o no al juicio político contra Lasso. Son pronunciamientos no vinculantes que buscan aportar al debate. 

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, considera que la Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de dar paso a la interpelación y permitir que la sociedad, por medio de la Asamblea, pueda conocer y juzgar los hechos de corrupción en el Gobierno. En el mismo sentido se pronuncia, entre otros, el Movimiento Feminista de Mujeres y disidencias en resistencia quien pide dar paso al juicio político. 

En sentido contrario se pronuncia el Grupo de Investigación y Justicia, para el cual la solicitud tiene serias falencias jurídicas y viola el principio de legalidad y tipicidad. 

Mientras que el constitucionalista José Chalco expresa que se ha violentado el orden constitucional, se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica. 

El Movimiento Amaru habla de un intento de desestabilización de la democracia y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador expresa que los hechos podrían adecuarse a los tipos penales de concusión y peculado pero que bajo ningún concepto tienen relación con el Presidente de la República “según los hechos detallados en la solicitud”. 

Mientras tanto, otras organizaciones sociales, como la UNE y el Frente Popular, manifestaron que cumplirán plantones frente a la Corte Constitucional para exigir que se dé paso al juicio político. Ahora todo dependerá de la decisión que tome el Pleno de ese organismo en esta segunda ocasión.

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