Guerrero dijo que la ley permite a los alcaldes llevarse hasta un 30% de la contratación
El propio movimiento Pachakutik, del cual es parte el político, anuncia que habrá sanciones. El alcalde electo dijo que cometió un “error de lenguaje”.
Julio Guerrero es el alcalde electo del cantón Pindal, en Loja. En las elecciones corrió por el Movimiento Pachakutik y asumirá funciones el 14 de mayo. En la red social Facebook circula una publicación que asegura que Guerrero habría dicho: “Los alcaldes tenemos derecho al robo, porque la ley les permite llevarse hasta el 20% en la contratación pública a los alcaldes”. Calificamos esta afirmación como imprecisa.
El Alcalde electo dijo: “Un contratista viene a poner $1 millón y no lo pone gratis. ¿Cuánto va a ganar por $1 millón? Tenga en cuenta que la Ley permite el 15%, 20%, 25% que es legal, que en este caso el Alcalde lleve, para él, el 25%, 30%”. Sin embargo, no dijo la frase textual que se asegura en el post.
La frase del político fue dicha en una entrevista en el medio digital ‘Entre Líneas’,
Ecuador Chequea, realizó una búsqueda en la Ley de Contratación Pública y en ningún articulo habla sobre lo dicho por Guerrero.
Frente a este hecho, desde el movimiento Pachakutik emitió un comunicado firmado por el coordinador de bancada, Mario Ruiz, en el que afirman: “Rechazamos las expresiones desatinadas del Alcalde electo de Pindal”. Después insta a la coordinación cantonal de Pindal y provincial de PK en Loja a “tomar las medidas correspondientes”.
En el comunicado se menciona que se debe aplicar el procedimiento disciplinario respectivo en contra de Guerrero. “Los expresado en forma personal por el indicado ciudadano no representa el pensamiento ni accionar del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik”.
¿Qué dice Julio Guerrero?
Guerrero publicó una carta en la que asegura que fue un error haber pronunciado dicha frase en la entrevista con el medio digital. Se justificó diciendo que cometió un «error de lenguaje», y que quería decir que el mayor problema de este país es que ciertas autoridades que administran recursos públicos “contratan la obra con sobreprecios y ganancia extra, por fuera de la Ley”.
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