El presidente de la FENOCIN está investigado por presunta paralización de servicio público durante el paro indigena de 2025. Perugachi es, además, uno de los dirigentes que propone la revocatoria del mandato del Presidente Daniel Noboa.
Organizaciones que agrupan a sectores indígenas y campesinos rechazaron la orden de prisión dictada en contra de Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin).
Dentro del proceso de formulación de cargos por presunta paralización de servicio público en Imbabura durante el paro indígena de octubre de 2025, la jueza Raquel Maza, de la Unidad Judicial Penal de Imbabura, acogió la solicitud formulada por la fiscalía y ordenó la localización y captura del dirigente.
Durante la lectura de su resolución, la jueza manifestó que el paro convocado por la CONAIE y otras organizaciones indígenas no solo fue una protesta, sino que hubo un impacto en el acceso a los derechos a la educación, salud y servicios públicos, como el agua potable y responsabilizó a Perugachi de instigar a las bases para que paralicen los servicios públicos durante las manifestaciones y que la comunidad bajo su liderazgo obligó al cierre de locales comerciales bajo amenazas.
Las muestras de solidaridad
A través de un comunicado la CONAIE expresó su solidaridad con el dirigente y otros procesados en esta causa. La mayor organización indígena del país manifestó que organizarse, expresar sus demandas y participar en las decisiones que afectan a sus pueblos, es un derecho, no un delito. Indica también que la protesta social está garantizada en la Constitución e instrumentos internacionales de Derecho Humanos. “Rechazamos toda forma de criminalización de quienes ejercen este legítimo derecho”, expresa la Conaie.
El Movimiento Pachakutik expresó que se intenta criminalizar su participación y liderazgo social y rechazó las acciones de persecución contra quienes han decidido organizarse, movilizarse y defender los derechos del pueblo ecuatoriano.
Para Pachakutik, la prisión preventiva está siendo usada como un mecanismo de intimidación y de generación de miedo hacia quienes ejercen el derecho a la resistencia.
Por su parte la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, considera que se intenta vincular a Perugachi con hechos que no corresponden a la realidad de los ocurrido en el paro de Imbabura, por lo que se utiliza el contexto de las movilizaciones para justificar una medida que afecta gravemente su libertad y derechos.
