La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la medida cautelar contra 12 de los apelantes. A Celso Sánchez, técnico de CELEC que viajó a Estados Unidos a inspeccionar los generadores de Progen, le impuso presentación periódica, prohibición de salida del país y dispositivo de vigilancia electrónica. La resolución no determina culpabilidad: el proceso por presunto peculado continúa en instrucción fiscal.
El tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó hoy la prisión preventiva contra el exministro de Energía Antonio Gonçalves y otros 11 procesados por presunto peculado en el caso Progen, y revocó esa medida para Celso Sánchez, uno de los técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que viajó a Estados Unidos a verificar los equipos ofrecidos por la compañía estadounidense.
Sánchez deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía, no podrá salir del país y tendrá que utilizar un dispositivo de vigilancia electrónica. El tribunal también aceptó el desistimiento de la apelación presentada por Juan Carlos Segovia, ex funcionario técnico de Celec, vinculado a la Unidad de Negocio Termopichincha
Con esta decisión, se mantiene la prisión preventiva no solo del exministro Gonçalves sino también de Gonzalo Guerrón, exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha de Celec EP, y de varios funcionarios y técnicos de la empresa pública. Entre ellos están Gabriela Toazo, ingeniera electrónica; Daniel Suárez y Hólger Jaramillo, funcionarios vinculados con Celec EP; Luis Paúl Flores y Nelson Castro, integrantes de la comisión que inspeccionó los generadores en Estados Unidos; Romel Llumiquinga, Marco Chicaiza, Javier Lasluiza y Marcos Poma, miembros de la Comisión de Estudio de Mercado, y Julio Montesdeoca, integrante de una comisión técnica del proceso de Quevedo.
Defensa de Gonçalves cuestiona la prisión preventiva
Tras la lectura de la resolución, Juan Pablo Ortiz, abogado del exministro, dijo que la medida no fue justificada adecuadamente y resultó “excesiva” para varios procesados.
“Fiscalía podría haber solicitado otro tipo de medidas cautelares”, dijo Ortiz al mencionar opciones como presentación periódica, prohibición de salida del país o vigilancia electrónica.
Consultado sobre el paradero de Gonçalves y sobre si se encuentra fuera de Ecuador, Ortiz evitó precisarlo. “Él está en buen recaudo”, respondió. Ante una pregunta expresa sobre si el exministro estaba prófugo, volvió a utilizar la misma expresión y dijo que la defensa continuará litigando sobre su libertad.
Abogados de técnicos cuestionan el tratamiento desigual
José Luis Ortega, abogado de Daniel Suárez, quien formó parte del grupo de funcionarios y técnicos que habrían intervenido en las etapas administrativas y técnicas de los contratos de emergencia para instalar generación eléctrica en Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW). sostuvo que la Fiscalía ha concentrado el proceso en funcionarios de mandos medios y bajos que, según su defensa, integraron comisiones por disposición de autoridades superiores.
Ortega acusó al sistema de justicia de una “cooptación del poder” y cuestionó que, a su criterio, no se haya demostrado un riesgo concreto de fuga de su defendido. Esa afirmación constituye una posición de la defensa y no una conclusión probada judicialmente. También alegó que no se ha establecido que los funcionarios técnicos se hayan apropiado personalmente del dinero entregado a Progen.
Sostuvo que varios procesados eran funcionarios de mandos medios y técnicos de carrera que integraban comisiones creadas por autoridades superiores y que, según su defensa, no tenían capacidad para decidir por sí solos el destino final de los recursos.
“¿Por qué están vinculados a un proceso de peculado funcionarios de carrera a los que no se les ha podido establecer hasta el momento un solo dólar que haya sido desviado de ese dinero entregado por el Estado ecuatoriano a esta empresa?”, cuestionó.
Sobre este tema la Fiscalía sostiene que el presunto peculado se configuró a través de omisiones y actuaciones en las fases de contratación y ejecución que habrían permitido adjudicar y pagar a Progen pese a los incumplimientos detectados.
Las esposas de los técnicos de Celec Nelson Castro y Luis Paúl Flores, así como Pamela Rueda, abogada defensora de este último, cuestionaron que Sánchez haya obtenido medidas sustitutivas mientras Flores y Castro continúan en prisión preventiva, pese a que los tres formaron parte del mismo equipo técnico de Celec que viajó a Houston para inspeccionar los generadores ofrecidos por Progen.
Las familiares y la abogada recordaron que, tras la inspección, Flores y Castro advirtieron que los equipos no cumplían con las especificaciones técnicas y recomendaron que no fueran aprobados ni contratados.
Además, Rueda aseguró que los tres técnicos estaban bajo protección de víctimas y testigos y habían entregado dispositivos electrónicos e información a la Fiscalía. Según la abogada, Flores entregó claves y dispositivos desde diciembre de 2025.
Rueda sostuvo que Flores “jamás tuvo ningún poder de decisión” sobre la firma de los contratos.
Lo que viene: Fiscalía busca sumar nueve procesados
Tras la decisión sobre las prisiones la Fiscalía también anunció que impulsa una ampliación del caso y pidió vincular a Cristhian Dahik, Marlon Casilla, Luis Ugsha, José Sampietro, Marcos Guerrero, Daniela Gordillo, José Aimara, Peter Dreher y José de Oliveira.
Si la vinculación se concreta, la etapa de instrucción fiscal podría extenderse 30 días adicionales. Al finalizar esa fase, Fiscalía deberá decidir respecto de cada procesado si mantiene una acusación o si se abstiene de acusar. Posteriormente corresponderá una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que un juez deberá decidir quiénes pasan a juicio. Ese trámite tampoco supone todavía una declaración de culpabilidad.
Ortega anticipó precisamente ese escenario: dijo que las defensas utilizarán la ampliación para incorporar elementos de descargo y que en la audiencia preparatoria podrán discutirse eventuales vicios procesales y la posibilidad de sobreseimiento.
Ortiz señaló, por su parte, que la defensa de Gonçalves buscará incorporar documentación sobre las competencias legales de un ministro de Energía frente a las atribuciones administrativas propias de CELEC.
Contexto
El caso, denominado “Apagón” por la Fiscalía General del Estado y conocido públicamente como caso Progen, investiga dos contratos de emergencia adjudicados a Progen Industries LLC para instalar generación termoeléctrica en El Salitral, Guayaquil, y Quevedo durante la crisis energética de 2024.
La Fiscalía formuló cargos el 22 de mayo de 2026 contra 21 personas. Según su teoría, funcionarios públicos habrían omitido procedimientos de contratación y recomendado la adjudicación a Progen pese a incumplimientos técnicos, económicos y jurídicos. La Fiscalía sostiene que los equipos entregados no eran nuevos ni técnicamente compatibles y que las plantas no entraron en funcionamiento en noviembre de 2024, como estaba previsto.
El contrato de El Salitral fue de USD 99,4 millones y el de Quevedo, de USD 49,7 millones, para un total de USD 149,1 millones. La tesis fiscal fija en USD 104,37 millones el presunto perjuicio, cifra equivalente al 70% desembolsado por los dos contratos.
Al inicio del proceso, el juez ordenó prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados. Byron Orozco recibió arresto domiciliario y dispositivo electrónico, mientras César Toledo obtuvo prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
