El primer decreto de estado de excepción focalizado, en abril de 2024, se emitió para cinco provincias; el de septiembre de este año para ocho provincias y tres cantones. En 2024 la cifra de homicidios intencionales fue de 7.065, en 2025 se elevó a 9.283.
Eran los primeros días de enero de 2024. El presidente de la República, Daniel Noboa, había asumido el poder por primera vez poco más de un mes antes. Recibió un país atravesado por la crisis en seguridad y una compleja situación carcelaria dominada por organizaciones delictivas.
Por eso, el 8 de enero de ese año expide el Decreto 110 estableciendo lo que será parte de su gestión de ahí en adelante: el estado de excepción. La causal fue por grave conmoción interna y el estado de excepción fue en todo el territorio, incluidas las cárceles del país, sin excepción.
Entre los fundamentos del Decreto 110 constan informes de la Policía y del SNAI donde se menciona que la delincuencia organizada opera con actos y eventos violentos “que van escalando en todo el territorio nacional”. Y que hasta el 31 de diciembre de 2023 se registraron 8.008 homicidios intencionales, siendo Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, y Esmeraldas las provincias más afectadas.
Un día después, el 9 de enero de 2024, el país es testigo de un hecho extremadamente grave e inédito que evidenció el desafío de los grupos delincuenciales al estado de derecho, a la institucionalidad de la fuerza pública, a la seguridad del Estado y a la gestión del Gobierno: la toma de TC Televisión en Guayaquil por parte de grupo de hombres armados y encapuchados que irrumpió en los estudios del canal durante una transmisión en vivo.
El ataque no dejó víctimas graves y tras la intervención de la Policía el personal del canal salió ileso.
Ese mismo día el Gobierno reaccionó emitiendo el Decreto 111 en el que reconoce, por primera vez, la existencia de un conflicto armado interno y lo establece como causal adicional al estado de excepción decretado un día antes. Además, identifica a 22 grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas.
Los argumentos expuestos en este Decreto son: “el nefasto incremento de homicidios intencionales”, “actos de violencia sistémica por parte de actores beligerantes no estatales”, que “Ecuador enfrenta índices de violencia crecientes, penetración del crimen organizado a su tejido social e institucional y actos terroristas que atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado”, entre otros.
El 7 de abril de 2024 con el Decreto 218 reconoce la “persistencia” de un conflicto armado interno a “cargo de grupos armados organizados”, al igual que el 16 de julio de 2026 con el Decreto 55 en el que además consta que “la violencia desencadena excede la capacidad ordinaria de control policial”.
El 18 de junio de 2026 deroga los Decretos 111, 218 y 55 y expide el Decreto 424 en el que reconoce una vez más la existencia del conflicto armado interno en el territorio nacional, pero, además, abre la posibilidad de que el Estado reciba cooperación internacional para fortalecer las acciones que permitan neutralizar las amenazas que generan, agudizan y sostienen dicho conflicto.
La evolución de los estados de excepción
En 1.000 días del reconocimiento de que Ecuador vive un conflicto armado interno, Noboa ha emitido al menos 16 decretos de estado de excepción (incluyen renovaciones) relacionados con la violencia criminal, ocho durante su periodo de gestión 2023 – 2025, y otros ocho desde que asumió el mando por segunda ocasión, a partir del 24 de mayo de 2025.
A diferencia del decreto 110 donde el ámbito de aplicación era de índole nacional, los siguientes estados de excepción son focalizados.
El Decreto 250 del 30 de abril de 2024 establece el estado de excepción en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Sin embargo, a pesar de las declaratorias de conflicto armado interno y de estado de excepción, al parecer la violencia delictiva y el actuar de los grupos terroristas, como los calificó el Estado, va expandiéndose. Solo así se explica que el 22 de mayo de 2024, emita el Decreto 275 declarando la medida excepcional ya no solo en esas cinco provincias, sino que la amplió a Sucumbíos, Orellana y al cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez.
Uno de los argumentos es que se había dado una reconfiguración de los liderazgos de los grupos criminales a consecuencia de las acciones de control de la fuerza pública. Pero la violencia criminal no cede y en el Decreto 410 del 3 de octubre de 2024 se incluye en el estado de excepción a Quito, entre otras zonas, por el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados. En otros decretos se incluiría a provincias como Esmeraldas y Santo Domingo; y a cantones como La Maná, en Cotopaxi; Las Naves y Etchandía, en Bolívar; La Troncal en Cañar.
El último Decreto de estado de excepción, el 498, es del 15 de septiembre de este año y rige en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas; y en los cantones Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay; Las Naves, provincia de Bolívar; y, La Maná, provincia de Cotopaxi.
El relato de los decretos y la cifras
Con algunas variantes, la narrativa común de los decretos de estado de excepción es que las zonas en que se aplica la medida tienen altos índices de violencia asociados a bandas criminales en constante reconfiguración; que hay un incremento de hostilidades y delitos; que la violencia desencadena excede la capacidad ordinaria de control policial, que hay un elevado y sostenido índice de homicidios intencionales “lo cual evidencia la persistencia de violencia armada”.
Uno de los informes jurídicos que sustentan el último estado de excepción, decretado el 15 de septiembre, señala que se ha evidenciado “que los Grupos de Delincuencia Organizada y estructuras transnacionales han consolidado presencia y control territorial sobre corredores logísticos, ejes viales estratégicos y rutas comerciales fundamentales para el abastecimiento interno y el comercio exterior”.
Según el documento, ese accionar se da a través de extorsiones sistemáticas, ataques armados, secuestros, instalación de puntos de control ilegales y utilización de las vías estatales como corredores para el tráfico de drogas, armas y explosivos.
“Pese a las acciones ejecutadas por las instituciones de seguridad en el marco del régimen ordinario, la magnitud, intensidad y capacidad operativa de las organizaciones criminales han superado las capacidades de respuesta convencionales. Estas estructuras cuentan con armamento de alto poder, redes logísticas ilícitas, financiamiento transnacional y control territorial en zonas estratégicas, configurando un escenario que desborda el orden público ordinario y exige la adopción de medidas excepcionales para restablecer el control estatal efectivo. En este contexto, el empleo e intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional resulta operativa y jurídicamente, idóneo y proporcional”, consta en el Decreto 498.
Las estadísticas demuestran que lejos de disminuir o de matenerla contralada, la violencia crece a nivel nacional. Segun el portal de estadísticas del Ministerio del Interior, en el 2023 se registraron 8.247 homicios intencionales; al 2024, primer año de la declaratoria de conflicto armado interno, la cifra descendió a 7.065; pero al 2025 hay un repunte de homicidios intencionales ubicándose en 9.283; y entre enero y agosto de este año la cifra es de 5.676.
Sin embargo, al desglosar por provincias entre el total de 2023 y el de 2025 hay variaciones de aumento y disminución. Guayas pasó de 3.844 homicidios intencionales en 2023 a 4.140 en 2025; El Oro de 568 a 795; Los Ríos de 1.010 a 1.276; Manabí de 986 a 1.274. Y disminuyeron en Santa Elena de 253 a 228; y Pichincha de 326 a 322.
Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad, donde se trabajan la mayoría de leyes para combatir al crimen organizado, indicó que la seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos por lo que Noboa declaró el conflicto armado interno no internacional que permitió el trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía y que entre sus resultados está el control de los centros penitenciarios, la extradición a Estados Unidos de alias “Fito”, y el ataque frontal a las mafias a través de la incautación de droga o a la minería ilegal. “El bloque de seguridad ha logrado repuerar territorios tomados por el crimen organizado, como Camilo Ponce Enríquez, uno de los cantones más afectados por la minería ilegal”, dijo. Agregó que al trabajar en el tema de seguridad lo que se debe analizar es la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y, según Alarcón, Noboa ha sabido “tomar las riendas de un país cooptado por el crimen organizado en todas las instituciones”.
