¿Debe un pasante estar afiliado al Seguro Social? La respuesta corta y contundente es sí. Sin embargo, la discusión de fondo no es solo si la norma se cumple o se evade, sino qué demuestra esta realidad sobre la brecha estructural entre nuestro sistema educativo y el sector productivo.
En el sector privado, la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil y la Ley de Pasantías son claras: todo pasante debe estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde su primer día de prácticas. Esta responsabilidad recae íntegramente en la empresa o institución receptora, la cual debe asumir la aportación sobre la base del Salario Básico Unificado (SBU), además de garantizar al estudiante un estipendio no menor a un tercio de dicha remuneración. Aunque la pasantía es por naturaleza un proceso formativo y no una relación laboral ordinaria, el derecho a la protección social es innegociable. Pese a esta claridad normativa, la confusión habitual entre prácticas preprofesionales académicas y pasantías empresariales, sumada a trámites burocráticos engorrosos, termina empujando a miles de estudiantes a la informalidad.
Este escenario se refleja con dureza en las cifras oficiales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC, la informalidad en el país se ubica entre el 53% y el 56% de la población ocupada. Asimismo, aunque cerca de 2,2 millones de jóvenes integran la fuerza laboral ecuatoriana, solo el 34,6% accede a un empleo adecuado con salario básico y seguridad social. En el grupo de 15 a 24 años, la tasa de desempleo alcanza el 7,7%, confirmando que la falta de experiencia previa sigue siendo la principal barrera de entrada al mercado de trabajo. Datos que demuestran que la precarización juvenil no nace de la falta de voluntad de los jóvenes, sino de una desconexión de fondo entre las aulas y la economía real.
Frente a esta realidad, la formalización de la juventud no se resolverá únicamente persiguiendo o sancionando a las empresas desde el IESS. Lamentablemente, el Presidente de la República y su Gabinete no han construido una política pública integral que enfrente el problema desde la raíz. Al postergar la creación de una estrategia nacional que coordine a los Ministerios de Educación, Trabajo y Producción con las universidades y el sector privado, el Gobierno frena el desarrollo económico y la competitividad del país. Sin incentivos para la contratación formal ni mallas curriculares adaptadas a la nueva matriz productiva, la inacción gubernamental condena a la juventud al desempleo o a la precarización.
Para que la pasantía sea un puente real hacia el trabajo digno, Ecuador necesita con urgencia una política pública de integración articulada en tres ejes esenciales: mesas de trabajo permanentes entre la academia y el sector productivo para alinear la formación a la demanda real; simplificación de trámites en el Ministerio del Trabajo e incentivos tributarios para Pymes que formen jóvenes; y la consolidación de la Educación Dual como norma, donde el aprendizaje se comparta entre el aula y la empresa.
La afiliación al IESS de un pasante es un mandato legal impostergable. Pero la ley por sí sola no genera empleo ni eleva la productividad. Es momento de pasar de la regulación fragmentada a una visión estratégica de Estado: solo cuando la educación y el sector privado caminen al mismo ritmo, la pasantía cumplirá su propósito de ser el primer peldaño hacia un trabajo formal y sostenible para la juventud ecuatoriana.
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