Los informes de las misiones recogieron informaciones de violencia contra candidatos, periodistas, inclusive contra los propios integrantes de las misiones. 

Las elecciones anticipadas concluyeron con la elección de Daniel Noboa como Presidente de la República y la conformación de una nueva Asamblea. En los dos casos, a la espera de la posesión para ejercer sus funciones de manera oficial. La segunda vuelta, que se cumplió el 15 de octubre, se desarrolló de manera pacífica, sin mayores contratiempos. Eso lo destacan en sus informes las misiones de observadores internacionales acreditados en el país. Sin embargo, en el balance de todo el proceso, incluido el ambiente previo electoral, la campaña y la primera vuelta, la preocupación es general: la violencia como elemento común en diferentes espacios y a través de diferentes expresiones.

El informe de la OEA

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteró el llamado hecho luego de la primera vuelta de que en un “contexto de alta violencia criminal, política y electoral es fundamental que los candidatos y demás actores del proceso busquen reducir el conflicto, en lugar de incentivarlo”.

A escala nacional hace constar que la Misión tuvo conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida del concejal de Durán Bolívar Vera; la detonación de dos coches bomba en Quito a sólo semanas de las elecciones; la denuncia presentada por la candidata presidencial Luisa González ante la Fiscalía sobre un presunto plan para atentar contra su vida; y la muerte de seis de los procesados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en las cárceles donde estaban recluidos. 

Recuerda también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 20 de agosto medidas cautelares a Christian Zurita, candidato del Movimiento Construye, para que pueda desarrollar sus actividades políticas, sin ser objeto de “actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. 

Recuerda que a siete días de la elección, el Ejecutivo renovó el Estado de Excepción por 30 días por “grave conmoción interna” en todo el territorio nacional. “La Misión subraya que llevar adelante procesos electorales bajo estados de excepción obstaculiza su normal organización y desarrollo”, consta en el informe, aunque reconoce que el contexto de inseguridad y violencia es el que directamente impacta el desarrollo libre y seguro de la campaña electoral, limitando los derechos fundamentales de opinión, expresión, tránsito y movimiento, esenciales para asegurar condiciones de equidad y transparencia, así como para que los ciudadanos puedan ejercer un voto informado. 

También detalla preocupación por el hecho de que los binomios presidenciales, las autoridades electorales, y algunos promotores de la opción del ‘Sí’ en la consulta popular sobre el Yasuní hayan recibido amenazas de muerte durante este ciclo electoral; así como la existencia de reportes de agresiones contra miembros de la prensa, amenazas, estigmatización y desacreditación de periodistas y medios de comunicación.

Otros informes

La Misión del Mercosur (Parlasur) señala que las elecciones de segunda vuelta estuvieron ensombrecidos por episodios de violencia relacionados con la inseguridad y la lucha que libran los grupos delincuenciales por el control del territorio, con el fin de facilitar sus actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas. 

La Misión cita un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, en el que consta que entre el 18 de mayo y el 6 de septiembre se registraron 21 ataques contra la integridad y la vida: 34% corresponde a asesinatos, 48% a atentados, 10% de amenazas, 5% a secuestros, 3% a asaltos.

Mientras que Gustavo Pacheco, jefe de la Misión de Observadores del Parlamento Andino, dijo que el CNE debe apoyar investigaciones para determinar si atrás de la ola de violencia no hay motivos electorales. Pacheco manifestó que no es usual que maten a un candidato en plena campaña electoral, que maten en la cárcel a los asesinos de ese candidato, que haya amenazas y que los candidatos tengan que caminar con chalecos antibalas. 

Reacciones 

El analista político Alfredo Espinosa considera que hay una alta incidencia de la criminalidad en las elecciones y el hecho de que este fenómeno se haya intensificado días antes de las elecciones demuestra que el Estado no tiene control de este tema que trata de una u otra manera incidir en la votación de los ciudadanos. «No sólo es una forma de amedrentamiento, sino también una forma de incidencia ¿Con qué intereses? ¿Quiénes están atrás de este tipo de situaciones? Eso es algo que el Estado tiene que esclarecer», dice Espinosa. Agrega que sí es llamativo que un candidato haya sido asesinado días antes del debate de primera vuelta y que los gatilleros que lo asesinaron también hayan sido asesinados y que no «ocurra nada en el país”. «Al parecer, a los grupos narco delincuenciales que tienen incidencia en Ecuador también les interesa, de una u otra manera, mover voluntades o generar temor. Esto también podría significar que la presencia de dinero ilícito en las campañas electorales dejó de ser un mito, para convertirse en peligro cada vez más latente, opina Espinosa.

Por su parte, el consejero Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, considera que el organismo ha cumplido con la parte que le corresponde en materia de seguridad, al coordinar con la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que permitió, dijo, que no se hayan presentado incidentes ni en la primera ni en la segunda vuelta electoral, lo que permitió a la ciudadanía acudir de forma masiva a las urnas confiada en que el CNE y los órganos de seguridad tomaron las debidas precauciones. Cabrera añadió que ya en el tema de seguridad en general, no solo en el ámbito electoral, deberá ser el presidente electo, Daniel Noboa el que tome las decisiones que correspondan para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. 

«Que los candidatos tengan que asistir a un debate con chaleco antibalas, es terrible, sí; que las autoridades tenemos que extremar precauciones, no es agradable. Pero es algo que no está en manos del CNE», dijo Cabrera. 

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