Del total del presupuesto, el rubro más alto será el de la contratación de personal. La consulta fue convocada esta semana y se hará en las elecciones de febrero.
En una publicación de Facebook se asegura que el presidente de la República, Guillermo Lasso, prefiere gastar 20 millones de dólares en simples papeles para llevar a cabo la consulta popular, en lugar de invertir ese monto en medicinas. Esta información es engañosa. En primer lugar, ese no es el presupuesto del referéndum —mucho menos sólo el costo de las papeletas—. Además, el post tiene una carga de opinión y sesgo.
El 29 de noviembre último, el Presidente firmó el decreto con el que convocó al referéndum para consultar a la población la eventual modificación de la Constitución en materia de seguridad ciudadana, instituciones del Estado y medio ambiente.
Mientras tanto, el 2 de diciembre pasado, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que el plan operativo, el calendario y el presupuesto para el referéndum fueron aprobados.
El presupuesto aprobado por el CNE para cumplir con la consulta popular, que se realizará el 5 de febrero del 2023, asciende a 18’081.698,58. Esto difiere con el post, donde se asegura que costará 20 millones de dólares.
Del total del presupuesto,17’177.855,42 dólares corresponden netamente al proceso, mientras que 903.843,16 dólares se usarán para el Fondo de Promoción Electoral.
Además, en el presupuesto se especifica que, a diferencia de lo que indica el post, la contratación de personal es el rubro más alto para la consulta, que asciende a 7’263.602,97 dólares.
Por otro lado, los documentos, las papeletas, paquetes electorales y el material braile costarán 4’145.08498 dólares, es decir, el costo de las papeletas no representa la totalidad del presupuesto.
Finalmente, en el post existe la intención de engañar a la audiencia asegurando que las papeletas costarán 20 millones de dólares, pero, especialmente se intenta decir que ese presupuesto se podría haber usado en medicina. Sin embargo, en Ecuador, tanto la ciudadanía como el Presidente de la República tienen el derecho de proponer e impulsar una consulta popular. Y, en ese sentido, el Estado debe garantizar que se asigne el presupuesto necesario para que se desarrolle dicho referéndum.
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