Tras seis meses de la consulta, Acción Ecológica denuncia que se sigue explotando el petróleo en la zona, sin ninguna variación. Esta organización pidió a la Corte Constitucional que active la fase de seguimiento, que podría devenir hasta en sanciones. ¿Qué pasa en el Chocó?
Tanto el presidente de la República, Daniel Noboa, como algunos de sus ministros y otras autoridades de gobierno, se arriesgan a potenciales sanciones de destitución y hasta cárcel, por incumplir el mandato constitucional de la consulta popular de agosto, sobre la no explotación petrolera del Yasuní y minera del Chocó Andino, en Quito, según advierte Acción Ecológica.
El abogado de la organización ambientalista, Ramiro Ávila —quien fue juez constitucional—, informó que ya ha solicitado a la Corte Constitucional que inicie, precisamente, el primero de los pasos legales que podrían devenir en sanciones.
Este proceso consta de tres partes, explicó Ávila. Primero, se pide activar una denominada “fase de seguimiento”, que consiste en que la Corte Constitucional ordene a autoridades de Petroecuador y otras instancias a reportar por qué se ha incumplido la obligación de elaborar y ejecutar un plan de “abandono y cierre” de las operaciones petroleras en el Yasuní y por qué las labores extractivas se han ampliado en nuevos pozos petroleros.
Segundo, la Corte debería confirmar la voluntad de incumplimiento del mandato constitucional de la consulta popular y establecer responsabilidades. Y tercero, la Corte ordenaría sanciones por desacato, que contemplan la destitución y la cárcel en contra de los funcionarios señalados como responsables, incluso si se trata del presidente de la República.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de Petroecuador no respondieron a un segundo pedido para informe las acciones cumplidas por la entidad sobre este tema.
Por ahora, Acción Ecológica considera que el Gobierno ya ha demostrado de manera expresa su voluntad de incumplimiento. Esto debido a la declaración del propio presidente Noboa, hace cuatro semanas en una entrevista en Teleamazonas, de que “por lo menos debería ser de un año adicional” una moratoria en el cumplimiento del mandato constitucional.
| Así propuso Noboa una moratoria en el cumplimiento de la consulta popular sobre el Yasuní. Periodista: – Hay un tema bien importante, que es el ITT, hay una decisión de consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra. Usted está en contrarreloj porque hay un plazo además, ¿no? Daniel Noboa: – Sí. Periodista: ¿Usted ha pensado en una moratoria?, ¿se podría hacer una consulta popular, preguntando lo mismo que se preguntó, para apostar ganar? ¿Qué opina del ITT? Daniel Noboa: – Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años, y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y destrucción. Hoy en día hay números mejores, en muertes violentas hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente. Entonces, es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria, en la cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave. Si no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. Periodista: – ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Daniel Noboa: -Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. |
¿Cuál es problema con esta propuesta de Noboa de retrasar en un año el cumplimiento debido al conflicto armado interno? La respuesta es sencilla. A partir de la proclamación oficial de los resultados se estableció un plazo de un año para cesar las operaciones petroleras así como desmantelar y retirar las instalaciones al interior del Yasuní.
“A menos de siete meses de cumplirse el tiempo de un año establecido por la Corte Constitucional para el retiro progresivo y ordenado, no se ha iniciado acción alguna para el cumplimento del mandato ciudadano y el dictamen constitucional, y lo que es más, las actividades emprendidas van en dirección absolutamente opuesta a lo ordenado y decidido”, se señala en el pedido de Acción Ecológica a la Corte Constitucional.
“Hay un incumplimiento y debe ser sancionado”, reclamó Ávila en referencia al pronunciamiento de Noboa y de otros altos funcionarios de que se postergue el cumplimiento.
Como se recuerda, el 31 de agosto de 2023, 11 días después de realizada la consulta, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos: un 58,91% de los votos fueron favorables a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?
CHOCÓ ANDINO
Se registra una situación similar de incumplimiento respecto a las cuatro preguntas sobre la prohibición de minería a escalas artesanal, pequeña, mediana y grande en el Chocó Andino, denunció el también integrante de Acción Ecológica, representante del colectivo Quito sin Minería y de la mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos
El representante alertó que el propio Ministerio del Ambiente intentó promover desde el 11 de febrero consultas locales a la población de la parroquia Pacto para autorizar nuevas explotaciones mineras, incumpliendo el mandato de la consulta popular.
Sin embargo, calificó como positivas unas convocatorias a mesas de trabajo por parte de la Secretaría del Ambiente del Municipio de Quito, a representantes de las comunidades y autoridades del Ministerio del Ambiente para abordar, precisamente, el tema minero.
En estas mesas, dijo Arcos, se debe profundizar en el control del uso de suelo para ajustarlo a la prohibición de actividad minera y más bien priorizar actividades de conservación del agua, de los ecosistemas naturales y de promoción del ecoturismo.
También alertó que las autoridades del Ministerio del Ambiente han otorgado licencias ambientales para nuevas concesiones mineras, entregadas de manera inconsulta y sin considerar las normas ambientales.
MUNICIPIO
Fuentes de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito sostuvieron que hasta hoy no se confirmaba la participación del Ministerio del Ambiente en las mesas técnicas. También insistieron en que en esta instancia “se debe trabajar de manera coordinada en el marco de las competencias de cada institución” para realizar un seguimiento y control de las acciones que se requieran para cumplir el mandato de la consulta popular.
Esta semana se continuará promoviendo la organización y la participación de la población de la mancomunidad del Chocó Andino, así como organizaciones cívicas, en las mesas.
Te puede interesar:
· Las reformas al COIP dejan a la Asamblea en medio de un laberinto
· AME pretende paralizar los municipios, se viene el primer paro nacional