En estos días, Quito se convierte en punto de encuentro del Derecho administrativo iberoamericano. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, recibe al XXV Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA). Una iniciativa que cumple un cuarto de siglo de ediciones promoviendo la reflexión sobre las relaciones entre el Estado, la administración pública y los ciudadanos. Ocasión esta que invita, inevitablemente, a preguntarnos por algo que, aunque pueda parecer elemental, sigue siendo una aspiración pendiente en buena parte de nuestros países: ¿tenemos derecho a una buena administración pública? La pregunta importa porque durante demasiado tiempo hemos entendido la administración pública desde la perspectiva de quien ejerce el poder y no desde la que recibe o debe recibir sus servicios. Ordinariamente, nos hemos preocupado por determinar qué puede hacer el Estado, cuáles son sus competencias y hasta dónde alcanzan sus potestades, pero, hemos dejado de lado el debate sobre cómo debe ejercer tales competencias y potestades y, sobre todo, la situación de la persona que se encuentra frente a aquellas.
La buena administración supone invertir esta perspectiva. No basta con que una autoridad sea competente ni con que observe formalmente un procedimiento específico. Una administración pública verdaderamente democrática debe actuar con objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia. Indefectiblemente, debe motivar sus decisiones, escuchar al ciudadano antes de resolver y comprender que detrás de cada expediente administrativo existe una persona cuyos derechos y proyecto de vida pueden depender de una decisión administrativa. Por eso, la buena administración no debería ser entendida como una simple aspiración en el ámbito de la gestión, porque es mucho más que solo eficiencia. Ya que, una institución puede ser expedita y, sin embargo, profundamente injusta. Porque puede digitalizar y simplificar sus trámites y continuar tratando al ciudadano como un obstáculo. O puede cumplir ciertos indicadores de eficiencia pero relegando la finalidad que justifica su propia existencia: servir al administrado.
Si bien la tecnología -incluida la inteligencia artificial- ofrece múltiples posibilidades para mejorar los servicios públicos, ninguna herramienta sustituye el deber de la administración pública de explicar su decisión, el deber de asumir la responsabilidad por dicha decisión y el deber de colocar a la persona en el centro de la actuación estatal. Precisamente allí aparece uno de los desafíos contemporáneos del Derecho administrativo: pasar de una administración pública que exige al ciudadano demostrar permanentemente que tiene derecho a ser atendido, a una administración pública consciente de que el servicio al ciudadano constituye su razón de ser. Por ello, evaluar la gestión pública, medir su calidad y administrar adecuadamente los recursos públicos -cuestiones que ocupan las discusiones académicas que reúnen al FIDA en Quito- adquieren ahora una dimensión diferente. Porque no se trata solamente de gastar mejor o de producir mejores indicadores, se trata, en realidad, de construir instituciones capaces de responder mejor a todos los ciudadanos.
Quizá por eso hablar de buena administración sea, en último término, hablar de dignidad. Porque los ciudadanos no deberían agradecer que la administración pública responda oportunamente, motive sus resoluciones o ejecute correctamente los recursos públicos. Porque estos no son favores concedidos por quien ejerce el poder, sencillamente son exigencias propias de un Estado constitucional y democrático de Derecho. Por ello, comenzar a entender a la buena administración pública como un derecho podría cambiar profundamente nuestra manera de relacionarnos con lo público.
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