El CAL es el primer filtro. La Comisión de Garantías Constitucionales revisará si el pedido es procedente o no, según las competencias de la Asamblea.
Una página de Facebook publicó que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) aceptó el pedido de amnistía a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el exasambleísta Virgilio Hernández; y el asesor Christian González. La información es falsa. El Consejo solamente verificó el cumplimiento de las formalidades para la presentación de la solicitud y la aceptó a trámite. No ha tomado una resolución definitiva, porque no le corresponde. Lo que hizo fue remitir el pedido a la Comisión de Garantías Constitucionales, que será la encargada de debatir el tema.
El pedido de amnistía, para 10 personas en total, fue presentado el 10 de septiembre por el Comité de Familiares Víctimas de octubre del 2019.
La Comisión que tratará el tema está integrada por: José Cabascango, Édgar Quezada, Mario Ruiz Jácome y Sofía Sánchez (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (UNES); Gruber Zambrano (independiente, ex PSC); y, Virgilio Saquicela (BAN).
La Asamblea puede expedir una resolución declarando amnistía por delitos políticos o conexos con los políticos. Para ello, tras el debate de la Mesa, se necesitan 91 votos en el Pleno.
El asambleísta Ronny Aleaga, miembro del CAL, puntualizó que el Consejo sólo aprobó las formalidades del pedido, pero que la amnistía no ha sido concedida, sino está en proceso de evaluación.
El abogado penalista Christian Gallo señala que la amnistía viene de la palabra amnesia. Es decir, una especie de olvido o perdón de un delito político. La amnistía corre de manos de la Asamblea Nacional, confirma Gallo. Y específica que puede darse por motivos humanitarios o políticos. Además, indica que la Comisión de Garantías Constitucionales debe revisar si es un delito político, que no sea delincuencia común, para que luego se pueda debatir en el Pleno.
El 14 de octubre de 2019 se hicieron allanamientos en los domicilios de Pabón, Hernández y González y se los investiga por su presunta participación en las protestas violentas del 2019. Según la solicitante de la amnistía, María Hernández Enríquez, los procesos de rebelión no tienen sustento jurídico sino que es un caso de judicialización política.
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