Más de dos años después de su adopción, las medidas extraordinarias de seguridad continúan expandiéndose, lo que suscita preocupación por la impunidad y la expansión excesiva del papel de las fuerzas armadas.
- Activistas de derechos humanos y ambientales, así como periodistas, siguen enfrentándose a un aumento de la violencia, la intimidación y la criminalización.
- Las organizaciones de la sociedad civil afrontan restricciones y controles financieros cada vez mayores.
Ecuador sigue en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor debido a la ampliación de los poderes excepcionales por parte del Gobierno en respuesta al crimen organizado, alimentando una represión más amplia contra las libertades cívicas y exponiendo a activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil a niveles cada vez mayores de violencia, criminalización e intimidación.
El CIVICUS Monitor clasifica actualmente a Ecuador en la categoría «obstruido», lo que refleja graves obstáculos para el ejercicio de las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación en el país. Junto con Ecuador, la última lista de vigilancia también incluye a Baréin, Burkina Faso, Georgia e India.
Uno de los principales factores detrás de este deterioro ha sido el uso cada vez más amplio de los poderes de excepción. Más de dos años después de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de excepción y un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado, estas medidas excepcionales siguen renovándose y ampliándose, otorgando a las fuerzas armadas amplias facultades, incluida la posibilidad de intervenir frente a protestas sociales.
Sin embargo, la violencia criminal sigue siendo elevada, y disposiciones redactadas de forma ambigua podrían permitir que fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos eludan la rendición de cuentas a través de mecanismos de inmunidad, indultos y reducción de penas. Además, una nueva política de seguridad adoptada en julio introdujo un concepto amplio y vagamente definido de «extremismo violento». Este marco amplía el margen de discrecionalidad de las autoridades y podría utilizarse para justificar la vigilancia, la estigmatización o la criminalización de organizaciones indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles y personas críticas del Gobierno, precisamente los grupos que han sufrido un incremento de los ataques desde la introducción de los poderes de excepción.
«Los poderes excepcionales se presentaron como medidas temporales. Más de dos años después, se han convertido en un rasgo permanente de la forma en que se gobierna Ecuador», señaló Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas del CIVICUS Monitor. «Los Estados tienen la obligación de proteger a la población frente a la violencia, pero no pueden hacerlo desmantelando las libertades que permiten a las personas alzar la voz, denunciar abusos y exigir responsabilidades».
Las personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos siguen siendo asesinadas en un contexto de alarmante impunidad. En febrero de 2026, el defensor del ambiente Manuel Cabrera fue asesinado, presuntamente en relación con su oposición a proyectos mineros. Apenas cuatro meses después, la activista anticorrupción y ambiental Monika Silva también fue asesinada. Estos casos se suman a un 2025 ya de por sí letal, en el que al menos siete personas defensoras fueron asesinadas en Ecuador. En la mayoría de los casos, la justicia sigue siendo esquiva.
Las organizaciones de la sociedad civil también se enfrentan a una creciente presión financiera. En junio de 2026, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) informó que sus cuentas bancarias habían sido congeladas sin previo aviso y basándose en información de inteligencia confidencial que no podía ser impugnada. Este caso forma parte de un patrón más amplio en el que organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos han sido objeto de congelación de cuentas e investigaciones en materia de lavado de activos al amparo de las facultades introducidas por la Ley de Transparencia Social de 2025.
«El congelamiento de las cuentas de organizaciones indígenas y de derechos humanos tiene un efecto disuasorio que va mucho más allá de las propias organizaciones», señaló Palacios Briceño. «Sin acceso a financiación, las comunidades pierden un apoyo fundamental y las autoridades pueden debilitar las voces críticas sin tener que prohibirlas formalmente».
Las y los periodistas también siguen ejerciendo su labor en un entorno peligroso y hostil. Tras los seis asesinatos de periodistas registrados en 2025, los ataques y actos de intimidación contra los medios de comunicación han seguido siendo generalizados. En junio de 2026, el periodista de investigación Hernán Higuera, de Ecuavisa, anunció que dejaría de informar sobre el escándalo de contratación pública relacionado con Progen, uno de los mayores casos de corrupción de Ecuador, después de que su esposa fuera despedida de un puesto en el sector público y su hijo perdiera su residencia médica en un hospital público, hechos que vinculó con represalias por su labor periodística.
Sobre el CIVICUS Monitor:
La nueva lista de vigilancia es publicada por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que hace un seguimiento de los acontecimientos más recientes relacionados con las libertades cívicas, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, en 198 países y territorios.
