Los dos sectores buscan obtener esta semana lo que no han logrado en más de 50 días de diálogo: acuerdos en cuatro mesas. La presión por el tiempo y los resultados sigue viniendo del movimiento indígena.
Esta semana es clave para el diálogo que desde el 13 de julio mantienen el Gobierno y el movimiento indígena, tras el paro de junio. De acuerdo con el nuevo cronograma fijado entre las partes, el tercero en lo que va del proceso, el viernes deben firmar el acta de acuerdos en las mesas de focalización de subsidios de combustibles; control de precios; fomento productivo; y energía y recursos naturales.
La semana pasada, los dirigentes cuestionaron al Gobierno por la falta de resultados del diálogo y decidieron no instalar nuevas mesas hasta que haya definiciones en las que se ha venido trabajando.
Esto obligó a un replanteamiento del cronograma que, según la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediadora del proceso, garantizará el cierre de las mesas ya iniciadas. El acta final deberá contener acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y puntos de seguimiento.
Samuel Lema, representante de la Feine, reiteró que en el movimiento indígena hay preocupación porque las mesas no han avanzado. «Nosotros venimos con todas las ganas de trabajar, con propuestas. Ahora ya depende más del Gobierno», dijo.
Por su parte, Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, explicó que las cuatro mesas cuyo trabajo se retoma está semana deben cerrarse de manera definitiva hasta el viernes, con o sin acuerdos. «En las que hay acuerdo, se firmará el acta con el Gobierno; en las que no, hay que buscar otros mecanismos alternativos», aseguró Espinoza. Agregó que el propósito es buscar soluciones para las necesidades del país.
¿Cómo lograr acuerdos en una semana? Margarita Aritongo, también de la Fenocin, aseguró que en la mayoría de mesas los pedidos del sector indígena y las respuestas del Gobierno ya se han debatido, por lo que confía en estos días llegar a conclusiones. Reconoce que en algunos casos son problemas que se han presentado desde gobiernos anteriores, pero que el diálogo es el mecanismo para encontrar soluciones conjuntas y que el retraso en las mesas se debe a recesos que se han presentado con el objetivo de seguir avanzando. «Estamos conscientes que no vamos a conseguir todo», dijo Aritongo.
Cerradas estás mesas, desde el lunes se iniciará el trabajo en las cinco restantes: derechos colectivos; seguridad, justicia y derechos; acceso a salud; empleo y derechos laborales; y educación superior. De acuerdo con el cronograma, el diálogo con los acuerdos globales concluiría el 12 de octubre.
La totalidad de los dirigentes indígenas, incluído Leonidas Iza, presidente de la Conaie, han expresado su predisposición de mantenerse en el diálogo hasta cumplir los 90 días que se fijó como plazo.
Una mesa compleja
Una mesa que se reinstaló esta mañana es la energía y recursos naturales, donde se abordarán los procesos extractivistas en el país. El tema es complejo, ya que desde distintas organizaciones piden el cese de actividades mineras, petroleras o que se reviertan las concesiones.
Activistas de varias comunidades del país cumplieron un plantón de vigilia y expusieron sus propuestas. Lucía Chicaiza, de la comunidad de Buenos Aires, en Imbabura, asegura que la zona se ha visto afectada sensiblemente por la actividad minera, poniendo en riesgo la agricultura y la ganadería, actividades productivas propias de la comunidad y que es el principal sustento económico de sus pobladores. Agregó que el Gobierno tardó en reaccionar frente a la situación del sector y que no ha solucionado los conflictos. «El Gobierno ha desalojado a unos mineros ilegales para meter a otros ilegales con supuestos títulos y uniformes» manifestó.
Aseguró que las mujeres se han organizado para defender su territorio de la minería, ya que «prefieren morir luchando, a una muerte lenta para el futuro de nuestros hijos».
Josefina Tunquí, presidenta del pueblo Shuar Arutam, indicó que continuarán en resistencia hasta que se anulen las concesiones mineras en su territorio, y que, en función de lo que decida el Gobierno, su comunidad continuará en el diálogo o retomarán las marchas en señal de protesta. Tunquí dijo que son guardianes de la naturaleza y de la biodiversidad, que están en riesgo, aseguró, por la actividad de las empresas mineras.
Por su parte, el Ministerio del Ambiente respondió a través de un comunicado que durante los últimos 15 meses de gestión se procedió con la suspensión de actividades de 146 concesiones mineras por incumplimiento en el plan de manejo ambiental. Las concesiones suspendidas están ubicadas en Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Pichincha y Zamora Chinchipe, según esta Cartera de Estado. El comunicado agrega que el Gobierno vigilará que todas las actividades se desarrollen apegadas a la normativa ambiental vigente, precautelando los derechos de los ciudadanos y el respeto a la naturaleza.
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