Los asambleístas del correísmo, Blasco Luna y Lenin Barreto, entregarán mañana, 27 de mayo, en la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano.
Luna manifestó que la exfuncionaria tiene responsabilidad política en la adjudicación a Progen del contrato en 2024 para instalar plantas eléctricas en las centrales Salitral y Quevedo, con el objetivo de hacer frente a los apagones que enfrentaba el país esa temporada.
A nivel judicial, este caso pasó la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado ya que habría un perjuicio por 104 millones de dólares debido a que los equipos que instaló Progen no funcionaron. «Este tema no pude quedar en la impunidad, sin un accionar político», dijo Luna.
Manzano estuvo al frente del Ministerio de Energía hasta el 7 de mayo de este año. La normativa establece que los ministros pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después de haber ejercido el cargo.
Sin embargo, la calificación a trámite de la solicitud deberá ser calcificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista, instancia que en agosto de 2025 archivó en propuesta similar, también impulsará por el correísmo en este mismo caso.
Luna manifestó que la Asamblea debe actuar con transparencia por lo que el CAL debe calificar la solicitud.
Para Diana Jácome, asambleísta de ADN, la propuesta del correísmo no es más que un nuevo intento de armar «el show político» que caracterizó a Asamblea pasadas, ya que la actual, dijo, está enfocada en trabajar en leyes para beneficio de los ecuatorianos.
En el ámbito judicial
El caso Progen se investiga en el ámbito judicial. La audiencia de formulación de cargos contra los 21 procesados concluyó la semana pagada.
El juez dictó orden de prisión preventiva contra 19 personas, entre ellos Antonio Goncalves, exministro de Energía, y Fabián Calero, exgerente de Celec. Un procesado más recibió arresto domiciliario y deberá usar grillete electrónico, mientras que otro procesado tiene prohibido salir del país y deberá presentarse semanalmente ante autoridad competente. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días y en ese lapso se podría vincular a otros presuntos responsables.
Sectores políticos de oposición han cuestionado que entre los investigados y acusados por Fiscalía no conste Roberto Luque, actual ministro de Transporte, quien estuvo en su momento como ministro encargado de Energía.
