Los asambleístas consideran que la Legislatura no puede pasar por encima de un fallo judicial, al menos hasta que se resuelva la apelación. Lo que no les gusta es que deben colocar una placa que diga: Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

A pesar de que la Asamblea apeló la sentencia del juez de La Concordia Ángel Lindao, que anuló el juicio político a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y les restituyó en los cargos, entre los legisladores se mantiene la polémica de si hay intromisión de la Justicia en otra función del Estado y si se debe acatar o no el fallo del juez. 

Las posiciones reflejan lo que ha ocurrido con este proceso de fiscalización, entre quienes lo apoyaron desde el inicio y los que cuestionaron que se haya interpelado sólo a cuatro de los siete consejeros. 

La asambleísta Mireya Pazmiño, separada del bloque de Pachakutik precisamente por haber impulsado la interpelación sólo para ese grupo de consejeros, rechazó indignada la sentencia del juez y pidió al Consejo de la Judicatura que examine la conducta de magistrado, porque considera que se está manipulando a los jueces, ya que la Asamblea está para legislar y fiscalizar. “Es lamentable lo que está pasando con la institucionalidad del país”, dijo. Sin embargo, un tanto resignada, reconoce que, por el momento, nada se puede hacer y que la Asamblea debe acatar la sentencia. “No podemos estar posesionando a otros consejeros, ya que los principales están reintegrados a sus funciones”.

Por su parte, el bloque correísta, a través de su coordinador, Mauricio Zambrano, coincide en que se ha manipulado la decisión del juez para obtener un fallo favorable. “¿Dónde queda la independencia de funciones”?, dijo. Zambrano agregó que su bloque legislativo no reconoce el accionar de los consejeros destituidos por la Asamblea, así hayan sido restituidos por sentencia judicial.

A favor del fallo 

“Lo que inicia mal, termina mal; nosotros lo habíamos advertido, se estaba cometiendo una ilegalidad”, manifestó el legislador oficialista Jorge Pinto. Agregó que las autoridades de la Asamblea y quienes votaron a favor de la destitución de los cuatro consejeros fueron selectivos al dejar tres autoridades para “que les sirvieran a sus intereses políticos”. Pintó manifestó que, si se hubiese llamado a juicio político a los siete consejeros, la Asamblea se evitaba el embrollo político en el que hoy se encuentra. Por eso, considera que la Legislatura debe acatar el fallo y ofrecer las disculpas públicas a los consejeros interpelados, como lo señala la sentencia. 

Mientras que Johanna Moreira (ID) explicó que, como un poder del Estado donde se diseña y aprueba el ordenamiento jurídico, la Asamblea debe dar ejemplo y respetar los fallos judiciales. “Es bochornoso que le jalen las orejas a la Asamblea y le digan que cumpla lo que dictan las leyes”, manifestó, al referirse al fallo que determina que la Legislatura no cumplió ni con el debido proceso ni la seguridad jurídica en el proceso de interpelación. 

En el mismo sentido se pronunció Ricardo Vanegas, de Pachakutik, quien retó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), a que indicara en qué artículo o norma consta que la Asamblea puede incumplir una sentencia constitucional. “Que se pongan a buscar y no la van a encontrar”, manifestó Vanegas.

El alcance de la sentencia

El fallo del juez Lindao ordena que la Asamblea ofrezca disculpas públicas a los consejeros afectados y que coloque en la puerta de la Legislatura y en el salón plenario una placa y un banner, respectivamente, con la frase: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”. Si bien Pazmiño acepta que se debe acoger el fallo, mientras no se resuelve la apelación, le parece un despropósito ofrecer disculpas, así el fallo de segunda instancia salga favorable a los consejeros. “Rechazamos completamente el dar disculpas públicas por un trabajo que a nosotros nos corresponde realizar”, dijo la legisladora. Menos aún pensar en una placa relacionada a ese tema, manifestó. 

Por su parte, Pinto dijo que es parte de la sentencia y que no se puede escoger qué se cumple y qué no. “A mí, como asambleísta, no me gustaría que la placa esté ahí, pero es la sentencia de un juez y, después de haber cometido una ilegalidad, deben acatarla”, manifestó. 

Para Moreira, más allá de la placa o de las disculpas públicas lo deseable es que, así como se tramitó con rapidez la acción de protección porque estaban involucrados funcionarios “que tienen poder” y cargos públicos, de la misma agilidad se debe proceder en casos del ciudadano común que en algunos casos les toma por lo menos un año el que se dé paso a una acción de protección presentada. 

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