La propuesta normativa presentada por Mishel Mancheno incorpora nuevos delitos como la captación de personas mayores de 18 años con fines de delincuencia organizada, uso o puesta a disposición de infraestructura para un grupo de delincuencia organizada, y la pertenencia funcional a un grupo de delincuencia organizada.
Con ocho votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Seguridad de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa de la presidenta de esa Función del Estado Mishel Mancheno (ADN).
La presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, aseguró que hoy es un día importante para la seguridad nacional ya que la propuesta normativa es vital para la lucha contra el crimen organizado. «Ecuatorianos, no nos enfrentamos a delincuencia común; nos enfrentamos a un crimen organizado transnacional», dijo Alarcón.
Indicó que el proyecto de Ley reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código de la Función Judicial y la Ley de Extinción de Dominio.
El paquete de reformas tiene su base en el proyecto presentado por Mancheno cuando ocupaba la primera vicepresidencia de la Legislatura, el 1 de junio de este año. En esa ocasión dijo que es una ley que debilita a las bandas, protege a la ciudadanía y fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Según el informe aprobado, la realidad actual exige que el Estado cuente con un marco jurídico capaz de responder a la complejidad, permanencia y capacidad de adaptación de las organizaciones criminales.
Desde esa perspectiva, la Comisión considera que la reforma responde a las distintas formas mediante las cuales las organizaciones criminales consolidan su poder: el control territorial, el aprovechamiento ilícito de hidrocarburos y otros recursos estratégicos, el empleo de infraestructura logística, la instrumentalización ilícita de actos profesionales y la interferencia en el sistema de justicia.
Aunque los legisladores correístas integrantes de la Comisión, Gerardo Machado y Luis Reina, desataron el informe, reconocieron la necesidad de contar con esa normativa, se abstuvieron de votar por la aprobación del documento, lo que fue criticado por Alarcón.
El informe para primer debate deberá pasar al Pleno para que los asambleistas presenten sus observaciones al articulado. Luego regresará a la Comisión para que elabore el informe para segundo y definitivo debate.
Penas propuestas en el informe para primer debate
Paralización del servicio de distribución de combustibles:
Pena actual: seis meses a un año de cárcel
Pena propuesta en la reforma original: siete a 10 años.
Penas propuesta en el informe para primer debate: de uno a tres años en general; de tres a cinco años si produce desabastecimiento; y de cinco a siete años cuando el desabastecimiento favorezca a grupos de delincuencia organizada.
Almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustible:
Pena actual: de dos meses a cinco años de cárcel, dependiendo de la escala
Pena propuesta en la reforma original: entre uno y 10 años de prisión, dependiendo de escalas.
Penas propuesta en el informe para primer debate: no cambia en relación a la propuesta de Mancheno.
Almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustible en zonas fronterizas y puertos:
Pena actual: de dos meses a cinco años de cárcel, dependiendo de la escala
Pena propuesta en la reforma original: entre tres y 13 años de cárcel
Penas propuesta en el informe para primer debate: no cambia en relación a la propuesta de Mancheno.
Sustracción de hidrocarburos:
Pena actual: cinco a siete años de cárcel
Pena propuesta en la reforma original: entre 10 y 13 años de cárcel
Penas propuesta en el informe para primer debate: entre tres y 13 años dependiendo de la escala y las circunstancias.
Delincuencia organizada
Pena actual: se sanciona con prisión de 22 a 30 años a la persona que forme, tenga puesto de mando o financie un grupo de delincuencia organizada para cometer delitos que se sancionan con prisión de más de cinco años. A los colaboradores se les sanciona con penas de entre 10 y 13 años; y de entre 19 y 22 años dependiendo de la circunstancias.
Pena propuesta en la reforma original: Se mantiene lo actual .
Penas propuesta en el informe para primer debate: mantiene la pena de entre 22 y 30 años para la persona que forme, tenga puesto de mando o financie el grupo delincuencial. Pero propone solo la pena de entre 10 y 13 años para el colaborador.
Se incorporan nuevos tipos penales:
Captación de personas mayores de dieciocho años con fines de delincuencia organizada, se sancionará con prisión de entre 10 y 16 años.
Uso o puesta a disposición de infraestructura para un grupo de delincuencia organizada, se sancionará con prisión de entre 10 y 16 años.
Pertenencia funcional a un grupo de delincuencia organizada, se sancionará con penas entre 10 y 13 años.
Desplazamiento interno forzado por violencia criminal. Se propone penalizar con prisión de siete a 10 años.
Confinamiento forzado por violencia criminal, prisión de cinco a siete años.
