“Educar en la era de la IA no es enseñar a competir con las máquinas, sino a colaborar con ellas sin perder lo que nos hace humanos”.
En la actualidad, nos enfrentamos a diversos desafíos que surgen al discutir el rol de abogados, fiscales, notarios o jueces en el ejercicio de sus funciones. Estos profesionales han sido cuestionados por una serie de escándalos que han sacudido a la Administración de Justicia. Tales cuestionamientos, de toda índole, han tenido a la ciudadanía como espectadora constante a través de la prensa escrita, los noticieros televisivos e incluso las redes sociales.
Para debatir sobre el rol ético del profesional, es imperativo centrarse en cómo su formación influye en el desarrollo de sus actividades. Esto debe abordarse desde diversas perspectivas que permitan la humanización de la profesión; no se trata solo de desempeñarse con vocación de servicio en la búsqueda de la justicia, sino también de contar con una preparación integral que apunte a los más altos estándares de calidad. Esta formación debe ofrecer la oportunidad de conectar con la comunidad desde los primeros semestres del pregrado y continuar con una especialización que permita brindar un acompañamiento profesional de excelencia.
Hoy en día, es evidente la transformación de la educación superior en las facultades de Derecho. Se percibe una presencia creciente del avance tecnológico y del desarrollo de actividades vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA) como eje de cambio en los proyectos de estudiantes, docentes y personal administrativo. Ningún actor del sistema educativo puede considerar esto como una realidad aislada, pues la tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas.
Recientemente, un artículo en la revista científica MLAJ llamó mi atención al señalar que los desafíos éticos y epistemológicos —específicamente los sesgos algorítmicos, la opacidad computacional y las redefiniciones del conocimiento jurídico— constituyen áreas críticas que requieren atención prioritaria. Frente a estos retos, las experiencias de «co-diseño ético» y «alfabetización crítica en IA» emergen como aproximaciones prometedoras que buscan armonizar la innovación tecnológica con los principios jurídicos fundamentales. Estas experiencias ejemplifican las posibilidades de una agencia constructiva en la configuración de sistemas tecnológicos alineados con valores educativos y profesionales esenciales.
A nivel global, las universidades pioneras y mejor posicionadas en el campo de la IA incluyen al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la Universidad de Tsinghua en China, y la Universidad de Oxford en el Reino Unido.
En Ecuador, las instituciones de educación superior también se proyectan hacia esta revolución tecnológica. En el podcast Academia, Debate & Sociedad, el Dr. César Montaño, de la Universidad Andina Simón Bolívar, mencionaba que la universidad no solo debe adaptarse a esta vertiginosa evolución, sino liderar una reinvención profunda de su oferta académica. Un ejemplo de esto es la integración de programas innovadores en economía digital y modalidades virtuales que democratizan el conocimiento, consolidando a la academia como un faro ético que forma profesionales capaces de utilizar las herramientas tecnológicas con responsabilidad. El objetivo es evitar que la automatización opaque la dignidad y el raciocinio humano, elementos esenciales para el verdadero progreso social.
En conclusión, es necesario avanzar como país en la implementación responsable de las herramientas que la Inteligencia Artificial brinda al mundo jurídico, el cual estudia, investiga y resuelve casos donde se deben velar por los derechos ciudadanos. Es fundamental comprender la importancia de apostar por este motor de innovación y seguridad, partiendo siempre de un control humano significativo que valide las decisiones críticas. Solo así se asegurará que la tecnología esté al servicio de la población y respete los derechos fundamentales, permitiendo que el mundo jurídico esté a la altura de los nuevos desafíos.
Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/a y no reflejan la postura editorial de Ecuador Chequea.
