El país registró 3.909 reportes de personas desaparecidas entre enero y junio de 2026, el número más alto para un primer semestre desde 2020, según estadísticas del Ministerio del interior. Los casos de días recientes de hallazgos de personas sin vida en Quito reavivaron las críticas por la prevención, la búsqueda inmediata y el apoyo a las familias.
Ecuador cerró el primer semestre de 2026 con 3.909 personas reportadas como desaparecidas. Al corte de junio, 645 continuaban clasificadas oficialmente como desaparecidas y 197 habían sido encontradas sin vida, según datos del Ministerio del Interior publicados en el portal de datos abiertos.
La cifra total aumentó un 2,8% frente a los 3.804 registros del mismo período de 2025 y un 6,5% frente a los 3.670 de 2024. Enero fue el mes con más reportes, 715, seguido de marzo, con 688, y abril, con 646.
Según estas estadísticas oficiales 3.067 personas habían sido localizadas con vida hasta el cierre del semestre. Esto equivale al 78,5% de los reportes. El 16,5% seguía sin ser localizado y el 5% correspondía a personas halladas muertas.
Estas estadísticas, para la representante de la Asociación de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, Asfadec, s un “subregistro”, debido, dijo, a que “aquí estamos hablando de miles de desaparecidos involuntariamente”.
Lo dijo luego de recordar que la reciente sucesión de desapariciones con desenlaces mortales registrados en Quito, las cuales llevaron a familiares y defensores de derechos humanos a cuestionar la respuesta estatal.
“Cuando usted ve en el Estado, lo único que le dice es: sí, estaban deprimidos o simplemente no sabemos en qué estaban. Pero esa no es la respuesta”, tras lamentar que las familias afrontan las búsquedas prácticamente solas y reclamó políticas de prevención, investigaciones inmediatas y acompañamiento estatal durante todo el proceso.
Así, insistió en que, al margen de la clasificación penal de cada expediente, las familias necesitan respuestas desde las primeras horas.
Casos recientes aumentaron la preocupación
La alarma aumentó tras los casos de Héctor Vinicio Rojas y Mónica Paulina Luzuriaga, dos funcionarios públicos encontrados muertos en Quito hace pocos días.
Rojas, de 56 años y funcionario de la Dirección General de Aviación Civil, fue visto por última vez el 24 de julio al salir de su trabajo en San Blas, en el centro de Quito, según el portal oficial de personas desaparecidas. Cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido hasta San Juan. Su cuerpo fue encontrado el 27 de julio cerca del Puente Amarillo, confirmaron las autoridades, que puntualizaron que la inspección inicial no reveló señales externas de violencia, pero la causa de la muerte continúa bajo investigación.
Luzuriaga, de 38 años y funcionaria del Ministerio de Educación, fue reportada como desaparecida después de salir de su trabajo el 27 de julio. Fue encontrada muerta al día siguiente en un hostal del norte de Quito. La Fiscalía investiga el caso como un presunto femicidio.
Además, en junio, Nathaly Mafla, estudiante de 20 años, fue encontrada muerta en una quebrada de La Vicentina cinco días después de desaparecer de la Escuela Politécnica Nacional. La investigación pasó posteriormente a una fiscalía especializada en violencia de género por un presunto femicidio.
Lizeth Esthela Bunshi Muñoz sigue desaparecida luego de ser vista por última vez el 19 de julio en Quito. Se trata de una estilista de 29 años, que según denuncia de sus familiares habría sido arrojada por un amigo de su novio a la quebrada del río Machángara, cerca del redondel de Cumandá, en el centro de Quito. La búsqueda se concentra en varios tramos del río Machángara y fue extendida por disposición de la Fiscalía hasta el 3 de agosto próximo.
Quito concentró nueve de cada 10 reportes de Pichincha
Según las antesmencionadas estadísticas oficiales, Pichincha registró 913 desapariciones entre enero y junio, la segunda cifra provincial más alta después de Guayas, que tuvo 945.
De los registros de Pichincha, 823 correspondieron al cantón Quito, es decir, el 90,1%. En toda la provincia, 818 personas fueron encontradas con vida, 50 continuaban desaparecidas y 45 fueron localizadas sin vida.
Las mujeres representaron el 55,5% de todos los reportes del semestre, con 2.169 casos, frente a 1.740 hombres. Los adolescentes concentraron 1.960 reportes, el 50,1% del total. De ellos, 1.534 correspondieron a mujeres adolescentes: casi ocho de cada 10 casos de ese grupo de edad.
De los 197 fallecidos registrados, 178 eran hombres y 19 mujeres. Los hombres representaron así el 90,4% de los desenlaces mortales.
Cuestionamiento a la respuesta estatal
Al igual que Rueda, Fernando Bastías, abogado y defensor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, también dijo que el Estado no ha dimensionado la gravedad del problema.
“Hay una falta de preocupación, hay una falta de cuidado que el Estado ecuatoriano tiene sobre las desapariciones”, afirmó en una entrevista proporcionada para este artículo.
“La forma en la que se ha gestionado el problema no está de acuerdo con la gravedad de la circunstancia”, agregó.
Bastías reclamó la articulación permanente de la Fiscalía, la Policía y las instituciones responsables de las políticas sociales y del apoyo a los familiares.
“Debería existir una mesa donde articulen instituciones públicas que tengan roles concretos en las desapariciones”, dijo. “Las familias de estas personas desaparecidas también requieren apoyo”.
El representante también recordó que la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, vigente desde 2020, ya creó un Sistema Nacional de Búsqueda integrado por la Fiscalía, la entidad responsable de la seguridad ciudadana, la autoridad de derechos humanos y el sector social.
Esta ley, recordó, ordena una búsqueda “especializada, inmediata, diligente, oportuna y permanente” desde que se recibe el reporte. También exige atención psicológica, jurídica y social para las familias, coordinación interinstitucional y actualización del Registro Nacional. La búsqueda no puede terminar hasta conocer con certeza el paradero de la persona o identificar plenamente sus restos.
La demanda de las organizaciones, por tanto, no es únicamente crear nuevas instituciones, sino demostrar que el sistema previsto en la ley funciona de manera inmediata, coordinada y verificable en cada caso, manifestó.
El Estado y la desaparición forzada
Bastías sostuvo que también existe desaparición forzada “cuando el Estado no hace nada para buscar” o no previene casos cometidos por grupos privados en territorios controlados por el crimen organizado tal como ocurre en México.
