El segundo debate del proyecto de Ley sobre reproducción asistida quedó en suspenso y se espera profundizar el análisis en una nueva jornada legislativa.
El presidente de la Asamblea, Esteban Torres (ADN), suspendió la sesión del Pleno en medio del tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley que regula las técnicas y procedimientos de reproducción asistida humana. “Es un tema delicado donde incluso percibimos incluso que había objeción de conciencia de legisladores de todas las bancadas, por eso se suspendió el debate. Creo que amerita profundizar ese debate y una vez que se retome y se cierre se podrá tomar la decisión de que el proyecto regrese a la Comisión a que se hagan las correcciones del caso», dijo Torres. Añadió que durante esta jornada hubo observaciones profundas de los legisladores que ameritan ser tratadas.
Según el objeto del proyecto de Ley, lo que se busca es establecer un marco normativo que regule las prácticas, técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida acreditados científicamente y clínicamente recomendados, a fin de que estos sean ejecutados de forma técnica, eficiente, segura, con sujeción a estándares de calidad, bioética y vigilancia sanitaria, respetando la autonomía de la voluntad, la dignidad humana y el proyecto de vida de las personas y familias que participan en ellos. Además, garantiza el interés superior del niño y la protección jurídica del embrión humano.
Sin embargo, hay discrepancias no solo entre legisladores de diferentes bancadas sino que también a la interna de esas agrupaciones. Por ejemplo, entre Victoria Desintonio y Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana.
Desintonio manifestó que es una ley esperada por muchos años en el país por lo que regular esta materia no es un tema menor sino absolutamente necesario. Desintonio reconoció que el proyecto de Ley establece avances en la reproducción asistida, pero que contiene muchos vacíos, para evitar que “la esperanza de una familia y el dolor de la infertilidad o la vulnerabilidad económica de una mujer se convierta en un negocio. Esto es lo que está permitiendo esta Ley”.
Por su parte Herrera aseguró que el proyecto genera debate pero garantiza derechos para todos. “A nosotros nos eligieron para legislar para los 18 millones de ecuatorianos, no para legislar desde nuestros dogmas personales, desde nuestras creencias o desde nuestras posturas personales”, manifestó. La legisladora correísta agregó que la Constitución reconoce diversos tipos de familias, no solo familias tradicionales.
La crítica de la sociedad civil
En comisión general fueron recibidos por el Pleno Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador; y Víctor Valle, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho quienes expusieron sus observaciones sobre el tratamiento de esta normativa por parte de la Comisión de Salud, presidida por José Reyes (ADN).
Villafuerte dijo que el proyecto de Ley está lleno de «errores y horrores» y que viola los derechos humanos, solo para favorecer a centros privados. Aseguró que el problema de la infertilidad sigue sin resolverse con este nuevo proyecto a pesar de que se incluye la medicina restaurativa, pero solo de manera simbólica. Villafuerte indicó que tal como está planteado el informe, las que saldrán beneficiados son los ocho centros privados que existen en el país para ese tipo de tratamientos.
Por su parte Valle aseguró que la técnica de reproducción asistida tiene que estar en armonía con el derecho a la vida y a la identidad.
El origen del tema
La necesidad de regular este tema nació a raíz de que la Corte Constitucional conoció el caso de la niña Satya, hija de una pareja de mujeres extranjeras que recurrieron a técnicas de reproducción humana asistida para concebir. El Registro Civil se negó a inscribirla con los apellidos de ambas madres y, en consecuencia, a reconocerle la nacionalidad ecuatoriana, argumentando la inexistencia de una norma expresa que permitiera la doble filiación materna.
Bajo este escenario, el análisis de la Corte Constitucional se desarrolló en torno al derecho a la identidad y a la nacionalidad de la niña, derechos que la Constitución reconoce de manera amplia y que, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, deben ser garantizados de manera inmediata y prioritaria, en especial bajo el principio del interés superior del niño.
En su decisión, la Corte no sólo ordenó al Registro Civil inscribir a Satya con los apellidos de ambas madres y reconocerle la nacionalidad ecuatoriana, restableciendo así su derecho a la identidad y a un vínculo jurídico claro con su familia; sino que además advirtió la necesidad de una regulación legislativa acerca de los procedimientos de técnica de reproducción asistida.
Por eso dispuso que la Asamblea adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida de forma armónica con los preceptos constitucionales, observando para ello el derecho constitucional al reconocimiento de las familias en sus diversos tipos.
