Por qué las cifras del lavado de activos en Ecuador no coinciden

En las últimas semanas distintas cifras sobre el peso del lavado de activos en la economía ecuatoriana han ocupado el debate público. Algunas sostienen que equivale al 15% del Producto Interno Bruto (PIB), otras elevan esa estimación hasta el 40%, mientras que organismos internacionales han citado rangos globales considerablemente menores. 

¿Por qué existe tanta diferencia? La respuesta no está necesariamente en cuál cifra es correcta, sino en las metodologías utilizadas para aproximar un fenómeno que, por definición, busca permanecer oculto. Ecuador Chequea conversó con tres especialistas para entender por qué hoy no existe una cifra oficial para Ecuador.

¿Qué es el lavado de activos?

De acuerdo con el glosario de definiciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el lavado de activos es un delito mediante el cual se pretende dar una apariencia de origen lícito a bienes, sean dinerarios o no, que en realidad provienen de actividades ilícitas: tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, corrupción o secuestro, entre otras.

Michelle Maffei, investigadora en crimen organizado transnacional, advierte además que suele confundirse el dinero generado por actividades ilícitas con el dinero efectivamente lavado. Explica que no todos los recursos provenientes de economías criminales logran completar el proceso de inserción en la economía formal. En consecuencia, estimar el tamaño de las economías ilícitas no equivale necesariamente a estimar cuánto dinero ha sido lavado.

¿Cómo funciona?

El proceso se describe habitualmente en tres fases:

Renato Rivera, investigador senior de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ejemplificó el proceso de lavado de activos con un caso simple: un agente de tránsito que cobra coimas de forma habitual (colocación), no pide que ese dinero se deposite en su propia cuenta, sino en la de un tercero, un testaferro, para que el registro no quede gravado (estratificación). Posteriormente el agente pide que este dinero regrese como un pago de algún valor que le debían (integración).

Según explicó, un mecanismo similar ocurre en la minería ilegal, donde a quienes extraen el material se les paga de la misma manera, evitando que el dinero pase directamente por un banco. Este fraccionamiento en montos menores a 5.000 dólares es conocido como «pitufeo» y es, según Rivera, una de las formas más comunes de colocación en el país.

Las cifras que están sobre la mesa

El 28 de julio de 2026, en una entrevista con Radio Sucre, el presidente de la República afirmó que el lavado de activos representa el 15% del PIB de Ecuador. No dio detalles de dónde obtuvo la cifra o la metodología que se empleó para su obtención.

Días antes, Michelle Maffei, investigadora en Crimen Organizado Transnacional (COT), conflicto y violencia, y máster en Seguridad Nacional y Conflicto, había situado esa cifra en 40% para medios como Plan V.

Según explicó a Ecuador Chequea, esa cifra toma como referencia una estimación que le fue planteada por John Cassara, exagente especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y especialista en prevención del lavado de activos, quien sostiene que en varios países de América Latina el lavado podría representar entre el 30% y el 40% del PIB. Ecuador Chequea revisó documentos públicos del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y del Departamento del Tesoro estadounidense y no encontró publicaciones oficiales que adopten ese porcentaje como una posición institucional.

Frente a estas cifras también se reflejan valores menos elevados. Naciones Unidas ha citado históricamente estimaciones según las cuales el lavado de activos representaría entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Se trata de un rango global utilizado como referencia internacional y no de una estimación específica para Ecuador.

Si ese rango global se utilizara únicamente como ejercicio de referencia sobre el PIB ecuatoriano de 2025, equivaldría aproximadamente a entre USD 3.910 y USD 6.516 millones. Este cálculo fue incluido en el Informe de Caracterización del Crimen Organizado 2025, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO-PADF) de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), una iniciativa civil e independiente financiada mediante cooperación internacional, aunque el propio informe no lo presenta como una medición oficial del país. Se trata, hasta ahora, del único dato que proviene de un organismo con metodología publicada.

¿Por qué hay cifras tan diferentes?

Los especialistas coinciden en que estas cifras no son directamente comparables porque parten de metodologías distintas. Algunas buscan aproximar el tamaño de las economías ilícitas; otras intentan estimar únicamente los recursos que logran incorporarse al sistema financiero; mientras que otras extrapolan referencias internacionales utilizando variables macroeconómicas. Por ello, dos porcentajes diferentes no necesariamente se contradicen: muchas veces están midiendo fenómenos distintos.

Más allá de qué cifra es más alta o más baja, los expertos coincidieron en que la razón de fondo detrás de esta dispersión es la ausencia de datos abiertos y confiables en Ecuador para hacer este cálculo.

«Hay muchísimas limitantes. No hay data», resumió Maffei, quien explicó que en el país es difícil acceder a información relacionada a movimientos económicos; por ejemplo, detalla que no se sabe de dónde provienen muchas de las inversiones inmobiliarias, y que no existen mecanismos legales que permitan identificar con claridad quién financia determinados proyectos. Maffei explicó que el resultado de cualquier estimación depende del universo analizado. Un estudio que observe únicamente el sistema bancario formal dejará fuera otros mecanismos utilizados para introducir recursos ilícitos en la economía, como cooperativas, empresas fachada, determinados mercados comerciales, actividades extractivas, casas de cambio o esquemas informales de financiamiento. En su opinión, esa es una de las razones por las que distintas investigaciones pueden llegar a porcentajes muy diferentes.

Además, también hay otros datos que por ley no se pueden compartir, pero que serían necesarios para calcular la incidencia del lavado de activos en el PIB. María Laura Patiño, abogada y financiera experta en temas alrededor del lavado de activos, explica que se puede obtener una cifra alrededor de este porcentaje. Patiño explicó que existen metodologías que utilizan únicamente información pública, así como otras que requieren acceso a información financiera reservada. Las primeras permiten elaborar aproximaciones, pero pueden sobreestimar o subestimar el fenómeno debido a la falta de datos completos. «Para mí la única información que debería servir para este tipo de discusión pública como la que se ha estado generando es aquella que generen las autoridades financieras», dijo.

Rivera, por su parte, cuestionó además que se apliquen a Ecuador estimaciones basadas en comparaciones internacionales, ya que no hay organismos que especifiquen una cifra única para Ecuador, solo para la región como tal. Gran parte del capital que se lava a nivel mundial «se concentra en los paraísos fiscales actualmente, por ejemplo, en los países árabes», por lo que trasladar automáticamente esos promedios globales o regionales al caso ecuatoriano puede pasar por alto las características propias del crimen organizado transnacional en el país.

¿Cómo se podría calcular este valor?

Patiño explicó que las metodologías para estimar el lavado de activos dependen, en gran medida, de la calidad de la información pública disponible, ya que los procesos de lavado buscan justamente ser ocultados.

La más utilizada, detalló, compara el crecimiento del PIB de un año a otro con el comportamiento de los flujos financieros del sistema bancario, es decir, los depósitos y activos bancarios: si el PIB de un país creció, por ejemplo, un 20% de un año a otro, se esperaría que el ahorro nacional reflejado en el sistema financiero creciera en una proporción similar; cuando ese ahorro registrado supera claramente lo que el crecimiento del PIB permitiría explicar, esa diferencia no justificada se interpreta como un indicio del nivel de lavado de dinero en la economía.

La propia María Laura advirtió que este método tiene límites: parte de ese ahorro «extra» puede provenir de remesas que no pasan por el sistema financiero formal, o de otro tipo de inversiones legales sin relación con actividades ilícitas, por lo que atribuir toda la diferencia al lavado de activos puede llevar a errores.

La especialista mencionó, además, que existen otras metodologías con distintos requisitos de acceso a información y limitaciones. Es importante señalar que no son todos los métodos que existen.

Ninguna metodología mide directamente el lavado de activos. Todas producen estimaciones indirectas a partir de distintos indicadores económicos o financieros. Debido a que el lavado busca precisamente ocultar el origen de los recursos, ningún método permite observar el fenómeno de manera completa, sino aproximarlo con distintos niveles de incertidumbre.

¿Cómo afecta la dolarización al lavado de activos en Ecuador?

Maffei explicó que la dolarización puede reducir algunos costos operativos asociados a determinadas modalidades de lavado de activos, ya que elimina la necesidad de convertir moneda local a dólares antes de introducir recursos en determinados mercados. Sin embargo, aclaró que la dolarización por sí sola no explica la magnitud del fenómeno.

En países como México, quien busca lavar dinero primero debe transformar pesos a dólares, un paso que en la práctica suelen controlar los mismos cárteles u operadores que trabajan para ellos. En Ecuador, al no existir esa necesidad de cambio de moneda, el dinero puede invertirse o ingresar directamente al sistema bancario sin ese paso intermedio.

A esto se suma, según Maffei, que organizaciones criminales internacionales —no solo grupos nacionales— buscan específicamente países con altos índices de corrupción y estrategias antilavado poco actualizadas, características que dijo estar presentes en Ecuador.

Rivera aportó un matiz relacionado: Ecuador no fabrica su propia moneda, importa billetes desde Estados Unidos. Esto ha hecho que se facilite el ingreso de divisas por lavado de activos. Esto, dijo, abre una dificultad adicional para distinguir qué parte de ese efectivo corresponde a economía informal o a otros mecanismos de ingreso de dinero, y cuál corresponde específicamente a procesos de lavado de activos.

Los sectores más influenciados por el lavado de activos

Según Rivera, el sector económico donde históricamente se ha concentrado el lavado de activos en Ecuador es la construcción, que no ha perdido relevancia, junto con la compraventa de vehículos; una afirmación que basó en la evidencia recopilada de sentencias judiciales por lavado de activos.

Maffei describió una combinación más amplia: bienes raíces, turismo, vehículos de alta gama y el sistema financiero en su conjunto, tanto formal —bancos privados y públicos— como informal, que incluye a las cooperativas.

Estas percepciones coinciden, en buena medida, con los datos de la encuesta aplicada a representantes del sector justicia y seguridad citada en el Informe de Caracterización del Crimen Organizado 2025 del OECO-PADF, según la cual los tres principales sectores relacionados con el lavado de activos en Ecuador son la compraventa de vehículos (24,1%), el comercio (19,3%) y los pronósticos deportivos (15,7%). El mismo levantamiento identificó al lavado de activos como una actividad transversal en todas las provincias consultadas, entre ellas Guayas, Pichincha, Esmeraldas y Orellana. En este caso, sin embargo, la evidencia proviene de una encuesta aplicada a operadores del sistema de justicia y seguridad, por lo que refleja la percepción de esos actores y no un registro estadístico de operaciones de lavado de activos.

Realmente, ¿puede haber una cifra oficial?

Un punto que suele generar confusión, y que María Laura aclaró directamente, es el rol de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en Ecuador.

"Existe la percepción generalizada de que es la UAFE la entidad encargada de controlar el lavado de activos en el país, pero esa no es su función", establece. La UAFE cumple tareas específicas dentro de un sistema internacional de intercambio de información y es, en sus palabras, "el compilador de la información que debe recopilarse internamente y compartirse internacionalmente".

La responsabilidad de vigilar y controlar el lavado de activos recae, según explicó, en el regulador financiero y en los supervisores financieros, que sí tienen acceso a información confidencial sujeta a sigilo bancario, algo a lo que la ciudadanía y los investigadores independientes no pueden ni deben acceder.

Para Patiño, mientras esas autoridades financieras no asuman activamente ese rol de control y análisis, cualquier cifra sobre el lavado de activos en Ecuador "seguirá estando sujeta a cuestionamientos, precisamente porque no proviene de una fuente oficial" con acceso a la información reservada que permitiría un cálculo más preciso.

Para los tres especialistas consultados existe un consenso que trasciende el debate sobre si el porcentaje es del 2%, del 15% o del 40%. Ecuador no cuenta actualmente con la información pública, la institucionalidad técnica ni el acceso a datos financieros reservados que permitirían elaborar una estimación oficial sobre el peso del lavado de activos en el PIB.

Mientras esa información no exista, las cifras que circulan seguirán siendo aproximaciones construidas a partir de metodologías diferentes, con alcances distintos y niveles variables de incertidumbre. Por ello, más que competir entre sí, deben interpretarse a la luz de los supuestos y limitaciones que las originan.

Fuentes 

artículos relacionados

Mantente conectado

26,000FansMe gusta
10,000SeguidoresSeguir
44,028SeguidoresSeguir

chequea