La resolución alcanza a 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. Ordena preparar evacuaciones, movilizar recursos y proteger infraestructura, pero no determina cuánto dinero nuevo recibirá cada territorio ni fija plazos para ejecutar las medidas. La Empresa Eléctrica Quito dijo que reforzará sus operaciones, aunque sus trabajos preventivos fueron programados meses antes de la alerta.
La reciente decisión del Gobierno de elevar de amarilla a naranja la alerta por El Niño es técnicamente oportuna, pero su efectividad dependerá de que los municipios ejecuten sus planes, reciban apoyo técnico y financiero y adapten las medidas a las condiciones de cada territorio, según especialistas en gestión de riesgos.
La alerta naranja,significa que el evento adverso se considera inminente y que autoridades, comités de emergencia y servicios públicos deben reforzar el monitoreo y preparar la respuesta. De menor a mayor riesgo, la escala de colores funciona así: blanca, condiciones normales o probabilidad muy baja; amarilla, la amenaza se activó y podría causar afectaciones; naranja, la probabilidad de materialización es muy alta; y roja, el evento ya está en curso y se atienden y vigilan sus impactos.
La Resolución 193 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, SNGR, suscrita este lunes 20 de julio, cambió de amarilla a naranja, como medida preventiva y de preparación anticipada, para áreas de hasta 1.500 metros de altitud en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias
La entidad aclaró que se trata de un mecanismo de preparación anticipada y no de una declaración de que ya existen lluvias intensas o impactos generalizados de El Niño.
La base técnica del cambio, señala la resolución, es que el Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño registró cuatro mediciones consecutivas dentro del rango considerado activo. Además, las temperaturas del mar en las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 superaron los umbrales establecidos en el protocolo nacional. Por ello, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño cambió el estado de “El Niño en observación” a “El Niño activo”.
Así, este informe técnico incorporado a la resolución de la SNGR señala que existe un 81% de probabilidad de que se presente y fortalezca un evento muy fuerte durante el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027. También advierte que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad definitiva y sobre cuándo y dónde se producirán los mayores impactos en Ecuador.
“El plan ya debería estar en ejecución”
María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres y docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, dijo que la alerta naranja supone pasar de la planificación a la acción.
“Ya cuando pasamos a naranja, quiere decir que el evento ya está confirmado y que el peligro es inminente. Y entonces, esa planificación que se hizo con anterioridad debe entrar en fase de ejecución”, señaló Cornejo en declaraciones a Ecuavisa.
La especialista consideró oportuno el cambio de alerta, pero expresó dudas sobre la capacidad real del país para disminuir los daños.
“La medida es oportuna. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que yo no estoy segura que hayamos mejorado la capacidad adaptativa”, dijo.
Cornejo insistió en que El Niño, por sí solo, no constituye un desastre. El desastre aparece cuando una amenaza se encuentra con poblaciones, viviendas, cultivos, carreteras o servicios vulnerables.
“El Niño realmente no es un desastre. Nosotros no manejamos El Niño. No podemos decir que se caliente menos o que se caliente más. Pero sí podemos manejar la vulnerabilidad”, explicó.
Por ahora, la resolución establece que los gobiernos locales deben incorporar procedimientos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de personas expuestas a inundaciones y movimientos en masa. También ordena reforzar el monitoreo y actualizar los escenarios de riesgo de acuerdo con cada jurisdicción.
No obstante, para Cornejo, tener documentos aprobados no garantiza que las acciones se cumplan en el territorio.
“Tener un plan de contingencia no significa que lo van a aplicar. En este momento ya ese plan debería estar en ejecución. Ya deberían activarse todos”, dijo.
La resolución no detalla dinero nuevo
Cristian Rivera, especialista en gestión de riesgos, cuestionó que la resolución presente lineamientos generales para gobiernos locales que tienen capacidades, presupuestos, amenazas y niveles de exposición diferentes.
“Cada cantón, cada junta parroquial, responde a una lógica, necesidades y condiciones diferentes. Y aquí se quiere estandarizar a todos los municipios y juntas parroquiales”, dijo a Ecuador Chequea.
Aunque el documento ordena que los escenarios sean revisados y actualizados de acuerdo con cada jurisdicción, no presenta fichas diferenciadas con obras, prioridades, costos o fechas de cumplimiento para cada uno de los 143 cantones.
Rivera también cuestionó la cifra de $600 millones mencionada públicamente para enfrentar la alerta. Según el especialista, ese valor incluiría presupuestos previamente aprobados para distintos ministerios y no una partida nueva y exclusiva destinada a prevención.
“No es que hay $600 millones para temas de prevención. Ahí se está haciendo cuenta de los presupuestos de los ministerios que ya tenían con anterioridad. No es específico ese presupuesto para la alerta naranja actual”, dijo.
En cualquier caso, en los 15 artículos de la resolución se asigna responsabilidades, ordena movilizar recursos y dispone proteger drenajes, cauces, sistemas de agua, centros educativos, establecimientos de salud, infraestructura energética y actividades productivas. Sin embargo, no crea un fondo específico, no distribuye recursos por territorio y no establece un cronograma público de cumplimiento.
El marco legal citado en la propia resolución permite que las instituciones identifiquen brechas de recursos y realicen modificaciones presupuestarias. Eso no equivale, sin embargo, a una asignación automática de dinero nuevo para los gobiernos locales.
Frente a esta situación, Rivera calificó la medida como insuficiente si no va acompañada de recursos y asistencia para los territorios con menor capacidad institucional.
“A mí me parece un saludo a la bandera. A mí me parece una declaración política y no técnica”, dijo. “A los municipios más débiles, más vulnerables o expuestos a zonas inundables deberían haberles asignado el dinero que les corresponde por ley y generar un acompañamiento técnico para esas obras de mitigación”.
Según Rivera, la política pública no puede limitarse a ordenar que cada municipio actúe por separado. “No se puede dar recetas, no se puede decir ‘hagan esto’ y con eso ya está. La política pública debe ser construida desde el Gobierno nacional y el Gobierno local”, sostuvo.
La Empresa Eléctrica Quito reforzará operaciones
En el sector eléctrico, la Empresa Eléctrica Quito anunció que intensificará los trabajos preventivos en centrales de generación, líneas, subestaciones y redes de distribución.
Miguel Zea, jefe de Operación y Mantenimiento de la Zona Urbana de la empresa, dijo a Ecuador Chequea que la institución puede desplegar cerca de 100 trabajadores en intervenciones masivas dentro de la ciudad y reforzar los grupos operativos cuando las condiciones climáticas lo requieran.
La Empresa Eléctrica Quito, EEQ, anuncia que intensificará trabajos preventivos en centrales de generación, líneas, subestaciones y redes de distribución ante la alerta naranja por el fenómeno de El Niño, aunque las intervenciones no corresponden a un plan nuevo de emergencia,… pic.twitter.com/DOrtpJtICx
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) July 22, 2026
Sin embargo, Zea aclaró que esas intervenciones no nacieron con la declaratoria de alerta naranja. “Este mantenimiento está anclado desde hace varios meses y es parte de una programación”, dijo. El trabajo incluye el reemplazo de componentes deteriorados o que cumplieron su vida útil, antes de que ocasionen interrupciones en el servicio.
En Pichincha, la alerta no abarca de manera uniforme todo el territorio. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la resolución incluye las parroquias de Calacalí, Gualea, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nono, Pacto, Perucho, San Antonio y San José de Minas. También incorpora sectores de Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.
El riesgo se concentra, pero no se limita a la Costa
En los antecedentes de la resolución de la SNGR se señala que las afectaciones históricas más graves se han concentrado en el Litoral y en las estribaciones occidentales de los Andes, principalmente por inundaciones, desbordamientos y deslizamientos.
Asimismo indica que entre 2010 y 2026, las provincias con mayor exposición histórica de población e infraestructura a lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa fueron Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Loja y Pichincha. La propia resolución advierte que el límite de 1.500 metros es un criterio de priorización y no una frontera absoluta para los impactos.
Para Cornejo, la prueba de la alerta naranja no será la emisión de comunicados, sino la evidencia de acciones en calles, quebradas, sistemas de drenaje, carreteras, barrios y comunidades expuestas.
“Sabemos que vamos a tener problemas. Trabajemos para que el impacto sea cada vez menor”, dijo.
