El lavado de activos en Ecuador: cómo funciona y qué tan grande es el problema

Cuando se habla de «dinero sucio» muchas veces se piensa en maletines de efectivo o transacciones ocultas en paraísos fiscales lejanos. Pero en Ecuador el lavado de activos ya no es un fenómeno marginal: según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), es la cuarta principal expresión criminal del país y el motor estratégico que sostiene a las economías ilícitas. Esto es lo que sabemos sobre su magnitud, sus métodos y los intentos del Estado por controlarlo.

¿Qué es exactamente el lavado de activos?

Según el glosario de definiciones de GAFILAT (2026), el lavado de activos es el delito mediante el cual se pretende dar apariencia de origen lícito a bienes —dinerarios o no— que provienen de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, la corrupción, el secuestro o la extorsión.

El proceso se caracteriza por tres elementos: el ocultamiento del origen ilícito de los recursos, la legitimación, que busca darles apariencia de legalidad, y la incorporación, que consiste en insertarlos en la economía formal.

Las tres fases del proceso

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2026), el lavado de activos se desarrolla típicamente en tres etapas:

  • Colocación: los recursos ilícitos, generalmente en efectivo, ingresan al sistema financiero o al circuito económico formal.
  • Estratificación: se realizan operaciones de diversa complejidad —transferencias, transacciones internacionales, compra y venta de bienes, conversión a criptomonedas— que dificultan el rastreo del dinero.
  • Integración: los recursos se reintroducen a la economía disfrazados de legítimos, por ejemplo mediante proyectos de inversión, empresas fachada o la compra de bienes de lujo.

¿Cuánto dinero mueve el lavado de activos en Ecuador?

Cuantificar este delito es, por definición, difícil: nadie reporta voluntariamente sus operaciones ilegales. Por eso las estimaciones se construyen con indicadores indirectos.

La UNODC calcula que el lavado de activos equivale globalmente al 2-5% del PIB. Aplicado a Ecuador en 2025, esto representaría entre USD 3.910 y USD 6.516 millones, según cálculos del OECO recogidos en su Informe de Caracterización del Crimen Organizado 2025.

Para dar contexto a esa cifra, el OECO estimó el tamaño de tres de los principales mercados criminales del país:

Mercado criminalTamaño estimado (USD)Base de la estimación
Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización692 – 1.384 millonesIncautación 2025 de 211 toneladas (USD 415 millones), equivalente a un 30%-60% de la circulación total
Minería ilegal1.000 – 1.385 millones387 puntos de minería ilegal (ARCOM, 2025); exportación irregular de oro reportada oficialmente en USD 1.000 millones, y cifra contrastada por Plan V en USD 1.385 millones
Corrupción731 – 1.244 millonesEntre 10% y 17% de desviación estimada sobre los USD 7.319 millones adjudicados en contratación pública en 2025, según metodología del BID (Alaimo et al., 2018)

El OECO identifica en total al menos siete mercados criminales operando en el país, que en conjunto configuran una economía ilícita con potencial de ingresar al sistema formal.

Como referencia adicional: en el Basel AML Index —el índice del Basel Institute on Governance que mide la vulnerabilidad estructural de los países frente al lavado de activos usando fuentes como el GAFI y Transparencia Internacional— Ecuador registró un puntaje de 5,06 tanto en 2023 como en 2024, prácticamente en línea con el promedio regional de América Latina, que en la edición 2025 del índice se ubicó en 5,69 sobre 10, por encima del promedio mundial de 5,28.

Una cifra oficial que no se puede verificar

En enero de 2026, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, afirmó en una entrevista que en 2025 se habrían reportado USD 1.577 millones en operaciones irregulares. Sin embargo, esa cifra no consta en informes oficiales ni en documentos verificables, de acuerdo con una revisión propia de Ecuador Chequea. La misma cifra fue repetida posteriormente por la UAFE al anunciar su nuevo reglamento y el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026-2030.

Esto ilustra un problema estructural: la dificultad de contrastar los anuncios de detección con resultados judiciales concretos. Según una evaluación citada por el medio GK, entre 2017 y 2021 la UAFE envió 102 reportes de operaciones inusuales injustificadas a la Fiscalía, pero solo 11 llegaron a sentencias ejecutoriadas y 9 permanecían en etapa de juicio.

Cómo lo hacen: seis tipologías detectadas en sentencias ecuatorianas

Más allá de las cifras, el análisis jurídico permite ver cómo operan estas redes en la práctica. A partir de sentencias condenatorias emitidas en 2025 (Consejo de la Judicatura – SATJE), el OECO identificó seis tipologías:

  1. Uso de personas jurídicas: empresas fachada en los sectores pesquero, acuícola, de transporte de carga pesada y logística comercial, que simulan servicios de fletes, aportes de capital o venta de productos del mar por encima de su capacidad operativa real, o que usan falsos contratos de mutuo acuerdo y pagarés.
  2. Ocultamiento de los dueños del dinero (testaferrismo): los líderes de las redes evitan tener bienes a su nombre y delegan la administración de capital a su círculo íntimo —parejas, hermanos, hijos— o a testaferros de confianza, para registrar formalmente tierras, haciendas ganaderas o paquetes accionarios.
  3. Fraccionamiento o «pitufeo»: depósitos reiterados en efectivo en múltiples cuentas bancarias, pólizas de inversión o de acumulación, manteniéndose por debajo de los umbrales de reporte (lo que se conoce como «estructuración hormiga»).
  4. Operaciones mediante comercio exterior: uso dual de embarcaciones y barcos pesqueros para transportar sustancias ilícitas al exterior, mientras se declaran importaciones y exportaciones formales que justifican el ingreso de divisas.
  5. Activos virtuales: operaciones a través de firmas de negociación de criptomonedas y tokens, usadas como fachada para captar recursos ilícitos y evadir a los oficiales de cumplimiento.
  6. Gatekeepers sin registro explícito: aunque las sentencias analizadas no mencionan explícitamente a profesionales independientes bajo esa categoría, el diseño de consorcios sofisticados y el blindaje técnico-contable de pasivos simulados durante años evidencia el uso de asesoría especializada.

Estas tipologías coinciden con casos que han tenido alta cobertura mediática: el caso conocido como «Blanqueo Fito», en el que la familia del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, habría sido usada para el lavado de activos, y el caso «Goleada», que en febrero de 2026 derivó en la detención del entonces alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada vinculada a lavado de activos. Ambos casos corresponden a procesos judiciales en curso o parcialmente resueltos; cualquier detalle adicional debe verificarse directamente en las fuentes procesales.

El nuevo canal: redes sociales como puerta de entrada

Ecuador Chequea documentó en su investigación «El mercado negro de TikTok« que el reclutamiento para estas estructuras ya no ocurre solo en circuitos cerrados: se hace de forma masiva y pública en redes sociales. El equipo identificó al menos 50 cuentas activas en TikTok que promocionan, de forma explícita o velada, esquemas financieros sospechosos dirigidos a Ecuador. Más del 70% de los contenidos analizados usa hashtags asociados a «dinero fácil» y en más del 80% de los videos aparece música vinculada a narcocorridos, acompañada de imágenes de efectivo, camionetas de alta gama, relojes y viajes.

El mecanismo, según los especialistas consultados en esa investigación, es simple pero efectivo: se ofrece a los usuarios «participar» en un negocio a cambio de prestar su cuenta bancaria para recibir transferencias. Carla Álvarez, experta en seguridad citada en el reportaje, explica que lo que en realidad se busca es mover dinero ilícito utilizando cuentas o identidades de terceros —es decir, convertir a la persona en una mula financiera sin que necesariamente sepa que se está integrando a un esquema de lavado de activos.

La investigación también vincula este fenómeno con factores estructurales ya mencionados en este explicativo: la dolarización, que elimina la etapa de conversión de moneda y facilita la integración de capital ilícito al sistema financiero, según la Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador 2019-2022 (Policía Nacional/OECO); y el hecho de que, según estimaciones de la Unión Europea recogidas en esa nota, buena parte de la droga que llega a puertos europeos transita por Ecuador. A esto se suma la alta penetración de TikTok en el país —alrededor de 15,4 millones de adultos alcanzables por publicidad, en un país de 18 millones de habitantes— y las limitaciones estructurales de la moderación de contenido de la plataforma, que actúa de forma reactiva y frente a un volumen diario de decenas de millones de videos publicados globalmente.

Ecuador Chequea solicitó a la UAFE, la Policía Nacional y la Fiscalía sus protocolos frente a este fenómeno el 18 de febrero de 2026, sin obtener respuesta hasta la publicación del reportaje.

¿Qué está haciendo el Estado para combatirlo?

La UAFE es el organismo estatal con competencia exclusiva para recopilar y analizar información financiera y remitir reportes a la Fiscalía cuando detecta indicios de lavado de activos. Bancos, cooperativas, casas de valores, notarías, contadores, abogados y, desde 2022, los proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a reportarle operaciones sospechosas.

En enero de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo No. 298, entró en vigencia un nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que refuerza la estructura institucional de control y los deberes de colaboración interinstitucional. En paralelo, el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLAFT) aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026-2030, construido a partir de una Evaluación Nacional de Riesgos que la UAFE debe actualizar cada año.

Ecuador también participó, durante el primer semestre de 2026, en un operativo conjunto con Perú y Colombia para reforzar controles contra el lavado de activos en los aeropuertos de Quito y Guayaquil y en los pasos fronterizos de Huaquillas y Rumichaca, con participación de SENAE, el Grupo Especial Contra el Lavado de Activos (GELA), el SRI y la Policía Nacional.

Sin embargo, especialistas consultados por medios locales señalan límites concretos. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio, vigente desde 2021, faculta al Estado a tomar posesión de bienes vinculados a narcotráfico, corrupción o lavado de activos, pero —según el abogado especializado en delitos económicos Roberto Andrade— no ha producido sentencias hasta la fecha, en parte porque reformas legales posteriores exigen sentencia ejecutoriada en los casos de testaferrismo, una condición que terminaría favoreciendo a las redes de corrupción y delincuencia organizada.

Entonces…

El lavado de activos en Ecuador no es un delito abstracto: según el OECO, moviliza entre USD 3.910 y 6.516 millones al año, se apoya en sectores estratégicos como la pesca, el transporte de carga y la contratación pública, y se sofistica cada vez más mediante criptoactivos, asesoría técnica especializada y, ahora, campañas de reclutamiento abiertas en redes sociales. Al mismo tiempo, las cifras oficiales sobre su detección —como los USD 1.577 millones que la UAFE atribuye a 2025— no siempre son verificables, y la proporción de casos que terminan en sentencia sigue siendo baja frente al volumen de reportes generados. Esa brecha entre la magnitud del fenómeno y la capacidad de sanción es, hoy, el desafío central que enfrenta el país.

Fuentes

Yalilé Loaiza
Yalilé Loaiza
Editora general de Ecuador Chequea. Corresponsal de Infobae en Ecuador. Tiene 14 años de experiencia en coberturas e investigaciones políticas, de derechos humanos y corrupción. Ha sido docente universitaria, ha recibido premios nacionales y regionales por su trabajo. Además, ha trabajado en proyectos de la cooperación internacional. Es presidente de Fundamedios.

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