La Ley Orgánica de Extradición tuvo amplio respaldo en el pleno de la Asamblea, a pesar de las discrepancias por aspectos puntuales entre ADN y la Revolución Ciudadana.
De manera casi unánime, 139 votos a favor y una abstención, el pleno de la Asamblea aprobó hoy la nueva Ley Orgánica de Extradición. La propuesta trabajada en la Comisión de Justicia tuvo el respaldo de las bancadas de ADN y de la Revolución Ciudadana, y se sumaron los independientes, Pachakutik y del Partido Social Cristiano.
Durante el debate la presidenta de la Comisión, Rosa Torres (ADN), dijo que esta nueva Ley es un mensaje claro contra las mafias.
«Durante mucho tiempo hemos visto como organizaciones criminales han desafiado incluso al propio Estado, han sembrado miedo y pavor en la ciudadanía; han convertido la impunidad en una estrategia para eludir y escapar de la Justicia», indicó la legisladora.
Recordó que en 2024 la ciudadanía aprobó mediante consulta popular la extradicion de ecuatorianos que sean requeridos por otros países por delitos como narcotráfico, crimen organizado, entre otros delitos graves.
Uno de los puntos polémicos de la nueva normativa es que será el Presidente de la República el que tenga la última palabra en el proceso de extradición.
La normativa señala que la sentencia del Presidente de la Corte Nacional de Justicia o del respectivo Tribunal que declare procedente la extradición no será vinculante para el Presidente de la República, «quien directamente o a través del ente rector en seguridad, podrá negar la entrega de la persona requerida en ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo alprincipio de reciprocidad o por razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado, debidamente motivados».
Cesar Palacios, asambleísta del correísmo, dijo que «no importa lo que haya realizado la Función Judicial» para justificar y autorizar la extradicion de un ecuatoriano, ya que al final es el Ejecutivo el que decide.
Keevin Gallardo, asambleísta del oficialismo, respondió que la Corte Nacional de Justicia es el ente rector del proceso de extradición y descartó que vaya a existir injerencia del Presidente de la República ya que no es quien declara procedente o improcedente la extradicion. «Lo que hace el Presidente es concretar y materializar la política exterior del Estado. No emite una decisión jurisdiccional, por lo que no existe injerencia en la funciones ya que estás sin cumplidas de manera eficiente como manda la Constitución», dijo Gallardo. Agregó que la decisión del primer mandatario se toma en base a la soberanía que él representanta.
Antes de su publicación en el Registro Oficial para que entre en vigencia, la normativa aprobada por la Asamblea será remitida al Presidente de la República para su pronunciamiento.
