Para hoy estaban convocados a la Asamblea los ministros del Interior, de Defensa y de Turismo, pero todos se excusaron. La tensión política escala y muchos asambleístas incluso comenzaron a hablar de juicios políticos. Todo con las elecciones ‘a la vuelta de la esquina’.

Este miércoles, la Asamblea Nacional se encontró frente a una realidad que trastocó su rutina: ninguno de los ministros que fueron convocados al Pleno asistió y dejaron a los legisladores ‘con los churos hechos’.

Los asambleístas esperaban que los titulares del Interior, Mónica Palencia; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y de Turismo, Niels Olsen, se presentaran para explicar los resultados de sus gestiones. Sin embargo, la orden del presidente Noboa, que instruye a sus ministros a no atender estos pedidos, se cumplió al pie de la letra.

Así, la Asamblea quedó desairada, sin información y con la sensación de ser relegada.

Sin una capacidad real para exigir el cumplimiento de estas fallidas convocatorias, el vicepresidente del legislativo, Ecknner Recalde, encargado hoy de la Presidencia, se limitó a anunciar que la Asamblea insistirá en estos pedidos. Lo dijo luego de leer una a una las excusas de los tres ministros, que alegaban que tenían compromisos asumidos con anterioridad. 

El anuncio pasó desapercibido para los asambleístas del bloque oficialista, que continuaron cómodamente sentados en sus curules, excepto para la asambleísta María Fernanda Araujo. A esa hora, pasadas las 10:00, ella todavía era parte de la bancada afín al presidente Noboa, pero había expresado una voz crítica en contra de la orden del presidente Noboa. 

Araujo declaró que los pedidos de comparecencia “son técnicos y de buena voluntad”. “Si los ministros no quieren venir por una orden del Presidente, lo cual es un asesoramiento desatinado al Presidente de la República, ellos asumirán las consecuencias de las decisiones que cada una de las comisiones tomará para los juicios políticos que se van a tramitar”, añadió.

Pocas horas después, pasado el mediodía, Araujo confirmó que, por esa crítica, sumada a una denuncia de actos de corrupción por parte de una funcionaria de Gobierno, fue expulsada de la bancada oficialista.

«Justamente hoy, convocamos a la Secretaria Jurídica de la Presidencia para que rinda cuentas de todos aquellos desatinos jurídicos, especialmente con relación con el veto, el envío de observaciones fuera de tiempo, y la falta de ética. Se la llamó a la Comisión de Justicia porque su padre, su tío y su primo trabajan en la Gobernación de Chimborazo. Tal vez por eso le aconsejó derogar el Código de Ética», indicó.

A excepción de esta crítica, el resto de los asambleístas afines a Noboa respaldaron la orden del Presidente. La jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, ni siquiera se refirió al cuestionamiento de su colega Araujo y calificó los pedidos de comparecencia de ministros como “persecución política innecesaria” que respondería a un supuesto intento de “desestabilización del Gobierno”.

Sin embargo, señaló que el Gobierno atenderá por escrito todos los requerimientos de información de los asambleístas, incluido el tema de los costos para el Estado de la reciente contratación de una barcaza de generación eléctrica. 

“Para la información técnica existen las distintas comisiones que pueden tratar. Ellos (los ministros) vienen permanentemente, a través de delegados y subsecretarios. Pero, tener que venir nuestros ministros al Pleno cada semana para juicios políticos es una persecución política innecesaria que no vamos a permitir”.

Los argumentos de la bancada oficialista no convencieron al resto, que comenzó a plantear nuevas respuestas, más allá de las declaraciones de intenciones del presidente encargado, Ecknner Recalde, sobre una nueva serie de convocatorias a los ministros.

La asambleísta independiente Sofía Sánchez, por ejemplo, señaló que la negativa del Gobierno a permitir que sus ministros comparezcan ante la Asamblea debe ser analizada por el Pleno, no sólo como una falta de respeto a la institución, sino también como una posible causal de juicio político contra Noboa.

Consultado sobre si la negativa de Noboa podría ser motivo para un juicio político, el asambleísta del PSC Lenín Rogel respondió que “es una posibilidad”, que aún no ha sido analizada en el interior de su partido.

“Los ministros han presentado sus justificativos en esta ocasión y supongo que por sus responsabilidades lo harán en otro momento. La Asamblea no puede perder ese espacio ganado que se encuentra que se encuentra en la Constitución”, dijo Rogel.

“Es una confrontación innecesaria e indebida porque el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres (quien fue el primer funcionario en informar la orden de Noboa) fue también asambleísta e hizo también las convocatorias en su momento. Sin embargo, quiero pensar que, por cuestiones de agenda, los ministros no han podido asistir”, dijo.

Para Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, esta postura va más allá de una simple posibilidad. Afirmó que la Ley faculta a la Asamblea a enjuiciar políticamente a los funcionarios que se nieguen a comparecer ante la Asamblea para abordar temas de urgente interés nacional. 

En este sentido, indicó que dicha negativa constituye una obstrucción al deber de la Asamblea de fiscalizar las actuaciones del Gobierno, tal como lo establece la legislación que regula a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

«No debe enviarse un mensaje equivocado de que el Gobierno no quiere ser fiscalizado. La fiscalización es necesaria para la democracia, y este sistema debe mantenerse. Si el Gobierno no envía a sus ministros a las correspondientes comparecencias, deberán ser sometidos a juicio político, tal como lo establece la norma», dijo.

A estas críticas también se sumó el correísmo, que declaró su intención de impulsar juicios políticos. Algunos de sus asambleístas recordaron con lujo de detalles cómo el viceministro Torres reclamaba la comparecencia de los ministros cuando era asambleísta.

Pierina Correa, por ejemplo, recordó que Torres calificaba como “un total irrespeto” que los ministros no acudieran a los llamados de la Asamblea. “Irónicamente, hoy, en el cargo que ocupa en el gobierno de Noboa, actúa en contradicción con lo que había manifestado”, dijo.

FACTURA ELECTORAL

La orden del presidente Noboa de que sus ministros no asistan a las comparecencias convocadas por la Asamblea Nacional, junto con la respuesta de distintos bloques políticos de considerar juicios políticos, se produce en un momento crucial para la política nacional, cuando se definen las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales y legislativas de febrero.

Si estos juicios políticos prosperan, los funcionarios del Gobierno que se nieguen a comparecer ante la Asamblea podrían enfrentar obstáculos para inscribir sus candidaturas.

Uno de los posibles afectados sería el ministro de Turismo, Niels Olsen, quien fue designado candidato a asambleísta durante la convención nacional del movimiento oficialista este fin de semana.

El movimiento oficialista declara estar consciente de esta posibilidad en el actual escenario político actual que depende, precisamente, de la Asamblea Nacional.

En este sentido, la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, declaró que ‘”tendremos que buscar los votos para salvar a nuestros ministros, hablándole a la gente con la verdad, como lo hicimos con el juicio a la canciller, defendiendo siempre los intereses de nuestra patria por encima de cualquier otro país”.