Una nueva mayoría de jueces electorales removieron como presidente a Fernando Muñoz y colocaron en el cargo a Ivonne Coloma. Se da en momentos en que el presidente, Daniel Noboa, es denunciado por violencia política de género y a puertas de las elecciones.  

En sesión extraordinaria, realizada a las 11:00 de hoy, una nueva mayoría del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), integrada por los jueces electorales Ángel Torres Maldonado, Ivonne Coloma y Guillermo Ortega, removió de la presidencia de este organismo a Fernando Muñoz y designó en su reemplazo a Coloma y a Torres Maldonado como vicepresidente, en reemplazo de Coloma. 

La moción para la remoción de Muñoz fue presentada por Ortega y aprobada con su voto y el de los dos jueces restantes. “Aquí no pueden decidir destituir ni remover a nadie. Lamento que se hayan prestado para eso, para quitarle el prestigio bien ganado de este Tribunal”, les dijo Muñoz a los tres jueces y calificó a la sesión extraordinaria como una “reunión de amigos”, en un ambiente tenso, donde no faltaron los reclamos e insultos por parte de los colaboradores del presidente destituido. 

Al justificar su moción, Ortega manifestó que el presidente destituido mantuvo una gestión llena de errores, que ha comprometido la parte económica y presupuestaria de la institución. Por su parte, Muñoz manifestó que la maniobra de la mayoría se da con miras a las elecciones de febrero, donde, según él, hay intereses de tomarse el Tribunal y tenerlo controlado, lo que le restará independencia e imparcialidad frente al proceso que se avecina. 

“El jueves recibí una comunicación de tres jueces para que convoque a una sesión extraordinaria, en la cual se haría una evaluación de mi desempeño y proceder a la remoción sin una base legal”, argumentó Muñoz. Recordó que el Código de la Democracia establece que el Presidente del TCE es quien convoca a las sesiones del organismo y que las únicas instituciones que pueden realizar un control de sus acciones son la Asamblea y la Contraloría. “No los jueces, que están para administrar justicia”, advirtió. 

Muñoz es el juez que deberá pronunciarse sobre la denuncia por infracción electoral grave que fue presentada en contra de los miembros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana: Augusto Verdiga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, a quienes se les señala de haber formado parte, en las elecciones de 2023, de la autodenominada ‘liga azul’, una iniciativa del correísmo para promocionar a los candidatos de su preferencia a través de las redes sociales. Además, la semana pasada fue el único que votó a favor de revocar el archivo de un proceso en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, acusado de presunta infracción electoral.

Coloma justificó la decisión tomada en la sesión extraordinaria  y aseguró que en los próximos días informará al detalle la falta de gestión de Muñoz, especialmente en el área administrativa, cuando el país está en pleno proceso electoral. Descartó que la remoción de Muñoz sea un intento por tomarse el TCE.

Crisis en medio de un tema delicado

El cambio de autoridades en el organismo de justicia electoral se da en momentos en que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, presentó en el organismo una denuncia por violencia política de género en contra de Noboa. Se trata de una denuncia de infracción electoral muy grave, que se extiende al viceministro de Gobierno, Esteban Torres;  a la canciller, Gabriela Sommerfeld; y a la asesora presidencial Diana Jácome. 

En su denuncia, la vicepresidenta asegura que desde el 24 de noviembre de 2023, fecha en que Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 27, asignándole como única función el rol de embajadora en Israel, ha mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado, intentando sacarle de la vida pública del país, “casi al punto de llegar a desaparecer la figura política e institucional de la Vicepresidencia de la República”. Añade que se ha vulnerado la garantía de una democracia representativa, ya que el decreto ha sido usado como una herramienta jurídica para impedir la representación equitativa de las mujeres en el Gobierno.

Agrega que, como efecto de otro decreto, se le ha dejado sin servicio de seguridad y protección en Israel, poniendo en riesgo a ella y a su familia. 

Por último, Abad denuncia que el Gobierno de Noboa intenta por todos los medios inhabilitarla para que pueda reemplazar al Presidente de la República en caso de que se produzca su ausencia temporal o definitiva; es decir, cuando asuma la candidatura para la reelección.   

El Código de la Democracia sanciona la infracción electoral muy grave con la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. 

Te puede interesar:

· París 2024: las historias detrás de nuestros campeones

· Diana Salazar habría dicho que está buscando un delito que inventarle a Diego Borja

· Llamadas ciudadanas permitieron la captura de 8 de los más buscados