Una carta enviada por Human Rights Watch al presidente, Daniel Noboa, trae nuevamente a la palestra presuntos abusos de autoridad reportados durante la guerra contra grupos llamados terroristas y el Estado de Excepción. Conoce qué dice la entidad.
Han pasado más de cuatro meses desde que Ecuador vivió un hecho inédito, cuando miembros de una organización delictiva entraron armados a TC Televisión durante una transmisión en vivo. Este hecho impulsó una declaratoria de conflicto armado interno, que reconoció una guerra emprendida por el Gobierno contra 22 bandas criminales, nombradas en el Decreto Ejecutivo 111, como organizaciones terroristas.
Esta declaratoria también incluyó la implementación de un Estado de Excepción en todo el país, con el que los militares tuvieron luz verde para empezar a salir a las calles con el objetivo de salvaguardar la seguridad ciudadana. El estado de excepcionalidad duró del 8 de enero al 7 de abril y dejó un saldo en el país de 18.400 criminales detenidos y otros abatidos.
En medio de este proceso, que se embanderó como una guerra contra el narcotráfico, Ecuador fue vivenciando denuncias de excesos por parte de la autoridad, los que fueron compilando detenciones arbitrarias, que llegaron hasta a menores de edad, presuntas torturas y actos degradantes, entre otras acciones que se vieron fuertemente cuestionadas por sectores de la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil.
Hoy, después de todo este proceso, una nueva voz se levanta para denunciar estos posibles excesos registrados durante los tres meses de Estado de Excepción y que pueden seguirse registrando con el prolongamiento de la validez de la existencia de un conflicto armado interno.
Human Rights Watch, organización internacional dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, envió hoy una carta directa al presidente, Daniel Noboa, en la que denuncia violaciones a los derechos de las personas, como parte de la ‘guerra’ que se declaró contra el narcotráfico en el país. Desde tratos inhumanos y detenciones arbitrarias, hasta una presunta ejecución extrajudicial forman parte de los reportes que presenta este documento, resultado de un estudio y una serie de investigaciones que incluyeron entrevistas con una docena de víctimas e información de instituciones del Estado. También, según asegura la institución, se revisaron 33 fotografías y videos, junto con los expedientes de los casos que ya se encuentran en la justicia.
Conoce qué hechos expone este documento:
Torturas
Las prisiones, según HRW, han sido uno de los espacios donde han vivido la arremetida de las fuerzas del orden y donde también se han registrado vulneraciones de derechos. La entidad denuncia, en el documento, el hecho de que las prisiones se encuentren bajo el control de militares desde enero, quienes han mantenido incomunicados a los presos, “obstaculizando en algunas obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica”.
“Los soldados parecen ser más responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión”, se lee en el documento enviado a Carondelet. Asimismo, la organización expuso que también han existido casos de torturas y tratos inhumanos establecidos contra los presos en las cárceles.
“En una visita judicial, un detenido describió cómo los guardias le azotaban la espalda con un cable y le pisaban el dedo: “Como ayer supuestamente no me podían pegar porque estoy enfermo, me hicieron abrir las piernas y me pegaron en los testículos”, enmarca en el documento uno de los testimonios recogidos por HRW.
Pero esto no sólo ha sido denunciado a nivel de cárceles. HRW asegura que, entre sus entrevistas e investigaciones, se pudo encontrar que existen personas que han sido reportadas como detenidas y no fueron llevadas ante un Fiscal o sólo fueron detenidas por breves periodos de tiempo, sin ningún motivo ni proceso legal. Esto, vulnerando incluso los Derechos Humanos establecidos en convenciones internacionales y la Constitución, que establecen que todas las personas tienen derecho a cumplir un debido proceso en caso de cometer un crimen o ser detenido por algún ilícito.
Videos, fotografías y conversaciones mostraron a HRW que varias de las personas detenidas bajo estas condiciones fueron sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes, que pueden llegar a enmarcarse en acciones de tortura emprendidas desde el Estado contra los ciudadanos.
“Aunque la Policía y el Ejército están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que realizan, muchos de los más de 13.000 detenidos han informado que han sido arrestados por breves periodos de tiempo, sin un debido proceso”, dice el documento.
Ejecución extrajudicial
Carlos Javier Vega, de 19 años, es el nombre que expone la organización como una presunta ejecución extrajudicial realizada a manos de las Fuerzas Armadas. La organización asegura que soldados terminaron con la vida del joven el 2 de febrero, en Guayaquil, acusándolo de haber, supuestamente, intentado evitar un control de las fuerzas del orden, “embistiendo a personal militar”. Según las autoridades, él era un terrorista.
Sin embargo, la investigación realizada por la organización, que además contó con entrevistas a testigos, familiares y abogados de las víctimas, fotografías, videos y documentos judiciales, contradice a la versión oficial. Según HRW, esta ejecución se dio sin ningún motivo legal o de fuerza mayor que orille a las autoridades a tomar la decisión de disparar al joven, por lo que la entidad considera a este como el único caso registrado, “al momento”, de una ejecución extrajudicial en el marco del conflicto armado interno.
Por todos estos factores, la organización lamentó que las autoridades ecuatorianas “parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”.
Un conflicto insostenible
Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,3%, de 2019 a 2023, una cifra que denota la grave crisis en la que el país se ha visto sumido en los últimos años en torno a la seguridad. Esto le ha permitido pasar de una tasa de poco más de 7 homicidios por cada 100 mil habitantes a 47, hasta el final de 2023; convirtiendo a Ecuador en el territorio con más homicidios reportados por cada 100 mil habitantes en la región. Esta evolución de la violencia se ha visto generada por factores que giran en torno al narcotráfico y la desestabilización de estructuras criminales, lo que ha derivado, en otras palabras, en una escalada contundente de la violencia.
HRW, en su documento, reconoce estos factores que han contribuido con la crisis que vive el país, pero también es muy crítico sobre la declaratoria de conflicto armado interno, con la que derivaron los casos expuestos previamente.
”Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado interno se determina mediante un análisis fáctico de criterios que incluyen el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de hostilidades”, dice el documento. “El Gobierno ecuatoriano ha fracasado sistemáticamente en presentar pruebas suficientes de que los combates con cualquiera de los 22 grupos criminales constituye un conflicto armado no internacional”.
Por esto, la organización critica fuertemente esta declaratoria y con esta concuerda el constitucionalista Álex Valle. Para él, la declaratoria de conflicto armado interno no considera las reglas estipuladas en los convenios internacionales en torno a las partes, por lo que desde el inicio la figura fue mal utilizada.
Asimismo, para Daniel Pontón, experto en seguridad, esta misma declaratoria no era capaz de mantenerse vigente en el tiempo como una solución final a la inseguridad, por esto, lo que ahora se está viviendo, para él, era un fracaso anunciado en torno a las soluciones a largo plazo, de lo que significa la crisis de seguridad para el país.
“No puede sostenerse en el tiempo un conflicto armado interno en Ecuador, era imposible. Y esto, con el tiempo, fue desencadenado en posibles violaciones a los Derechos Humanos y un mal manejo de la inseguridad, que todavía se mantiene al alza”, dice.
Con él concuerda Jacobo Dayán, experto en seguridad mexicano, quien asegura que detrás de toda guerra contra el narcotráfico, como ocurrió en su país, es común encontrarse con este tipo de escenarios, en los que las fuerzas del orden ejercen la fuerza de forma excesiva, dando resultado también a hechos como los que relata HRW.
“Lo mismo ocurrió en México, donde ya probamos que esta guerra no es una receta para el éxito. Ecuador debe aprender y tomar acciones estructurales para manejar la violencia, lejos de la necesidad de dar bala y militarizar las calles, porque eso lo único que configura es un estado securitista y policial, en el que se ejerce cada vez más violencia”, dice.
Por esto, para él, el supuesto conflicto armado interno es insostenible y es hora de que el Gobierno tome acciones de base para solucionar el problema. Y es que este será un trabajo que deberá iniciar Noboa lo antes posible.
HRW concluye su comunicado con el siguiente mensaje: “Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para realizar labores policiales y de investigación. Ponerlos en ese papel aumenta el riesgo de abusos y el Gobierno debería limitar lo a las circunstancias estrictamente necesarias. Ecuador necesita más y mejor capacitados funcionarios de justicia y orden público que investiguen al crimen organizado, no más soldados en las calles”.
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