El Ministerio de Finanzas asegura que el valor pendiente, con corte a diciembre del 2023, es de $104 millones y que los rubros del 2024 están en proceso de cálculo y se está analizando la deuda del Metro de Quito. El Municipio se mantiene en la cifra.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, mantuvo una entrevista en el programa Otro Relato, en la que se refirió a la deuda que el Gobierno nacional tiene con el Municipio capitalino.
“A las alcaldías les deben 1.000 millones de dólares, sólo a las alcaldías; súmale prefecturas, súmale juntas parroquiales. Al Municipio de Quito le deben más de $300 millones de dólares. Imagínate lo que es esto (…)”, aseguró el alcalde en el espacio. Esta afirmación resulta, por ahora, inverificable. Desde el Ministerio de Finanzas, la cifra oficial de deuda con el Municipio de Quito es de $104’840.395,84, contados hasta el 31 de diciembre del 2023; además los valores del 2024 se encuentran en proceso de cálculo.
El Municipio ofreció un detalle de la cifra dicha por Muñoz y se puede observar que la entidad desglosa en tres partes la deuda. La primera es de 2023, con un total de $104’840.395. Luego, se suma la cifra de enero y febrero de 2024, por un total de $54’471,605. Y, por último, se coloca una deuda con el Metro de Quito, que, según el Municipio correspondería a 150 millones. Sumado, da un monto de $309’312.000.
Sin embargo, Ecuador Chequea, consultó también al Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se envió otra tabla con un desglose mensual, desde septiembre hasta diciembre del 2023, sobre los valores oficiales pendientes con el Municipio de Quito, que suman un total de $104’840.395, en los últimos cuatro meses del año pasado —lo que coincide con el primer valor entregado por el Municipio—. Además, detallaron que los rubros del 2024 están en proceso de cálculo, por lo que aún no existe un valor oficial. Por último, al consultarles si se adeudan 150 millones por el Metro de Quito, Finanzas respondió: “Sobre el valor, está en proceso de revisión, porque se trata de un tema que se ofreció en el Gobierno anterior”.
En la página web del Banco Central se evidenció que la deuda pública interna del Gobierno Central es de $29.441 millones, hasta noviembre del 2023.
Este año, el Municipio invertirá un presupuesto mayor al de años anteriores. Esto, según Muñoz “respondiendo a las necesidades de la ciudad”. El 8 de febrero, el Alcalde informó la programación de actividades del Cabildo y el calendario de ejecución por trimestres, y detalló que los presupuestos participativos y obras en barrios de la ciudad tendrán una inversión de $800 millones.
El 1 de marzo, el Ministerio de Finanzas informó que hizo un pago sobre las deudas pendientes con los gobiernos locales. En el comunicado se lee que, desde febrero, se canceló un total de $242 millones por: el modelo de equidad territorial, devoluciones de IVA y competencias de patrimonio, tránsito, riego y drenaje.
Se enfatizó que, como parte de este pago, constan $34,3 millones que fueron transferidos, de manera prioritaria a 42 municipios y siete prefecturas que enfrentan en sus localidades las consecuencias del fuerte invierno.
Además, se asegura que se pagará $69,8 millones con bonos del Estado a los municipios de: Santo Domingo de los Tsáchilas, Durán, Chone, Cuenca y Guayaquil, así como con las prefecturas de: Azuay, Cotopaxi y Los Ríos.
Informaron que estos gobiernos locales podrán destinar estos bonos a cubrir sus deudas con el Banco de Desarrollo del Ecuador o con sus proveedores.
La postura de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)
Desde la entidad aseguran que el último pago anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas para los gobiernos seccionales no cubre la totalidad de obligaciones pendientes y dijeron que hay “municipios que no han recibido las transferencias”.
“La deuda acumulada desde septiembre del 2023 ha creado una situación que ha impedido a muchos empleados municipales recibir sus remuneraciones”, señala la Asociación en un comunicado.
Además, exigen a la entidad que dé mayor claridad en los desembolsos pendientes “para garantizar la operatividad de los municipios”.
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