57,7% de los detenidos durante el conflicto armado interno son jóvenes que no superan los 30 años. Y 76% de los procesados está en ese mismo rango de edad. Para la estructuras criminales, se vuelven sujetos desechables: si cae uno, se recluta uno más.
El 57,7% de los detenidos por el conflicto armado interno está en un rango de edad de hasta máximo 30 años. Es más: el mayor números de detenidos se encuentra entre los 28 y los 24 años de edad; seguido de aquellos entre los 25 y los 30. Esto, según cifras oficiales, entregadas por la Policía Nacional, con medición entre el 8 de enero, cuando se oficializó el conflicto, hasta un mes después, el 9 de febrero. En ese periodo de tiempo ya se habían registrado 240 menores detenidos.
La cifra se ve aún más atizada, si se habla de quienes ya han sido procesados por algún tipo de delito (incluido terrorismo) durante este conflicto armado. El 76% de un total de 268 procesados en ese periodo de tiempo, corresponde a personas de hasta 30 años de edad. El mayor rango de procesados se repite entre los 18 y 24 años, con 109; 81 procesados de entre 25 y 30 años; y se registran 14 menores de edad.
¿Cómo se explican estas cifras? Wágner Bravo, exdirector de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, responde que las organizaciones criminales reclutan a jóvenes en calidad de «desechables»; es decir, personas que, a cambio de ciertos pagos —bajos o muy bajos—, cometen delitos como microtráfico, transporte de drogas, amedrentamientos, extorsiones, dan alertas de la presencia policial u operativos e incluso crímenes a quemarropa.
Bravo argumenta que las organizaciones criminales son «supranacionales», con capacidad de reclutar a jóvenes a los que previamente han identificado sin oportunidades de estudio o trabajo, sin medios de subsistencia, y piensan que, al darles un arma, «pueden hacer una gran cantidad de cosas».
“Son los desechables, si podemos poner esa palabra, con las disculpas. Son la última rueda de la cadena, fácilmente reemplazables. A ellos les enseñan a ser sicarios, a cuenta de que muchos de los jóvenes menores de edad ni siquiera pueden ser juzgados, sino que van a los centros de adolescentes infractores”, indica.
“Si estos jóvenes son capturados, las estructuras del crímen no han cambiado en nada. Mañana consiguen a otros jóvenes, a los que les ponen a hacer lo mismo”, dice, luego de recordar que los jefes de estas organizaciones criminales, como el peligrosísimo líder delincuencial alias ‘Fito’, se encuentran lejos del ‘campo de batalla’, o incluso en el exterior.
NO ES UN FENÓMENO ACTUAL
Para el coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Renato Rivera, este fenómeno se explica, no sólo desde la crisis económica, sino desde las consecuencias post pandemia: aumentó el número de personas en la economía informal y el desempleo. “Hay que tomar en cuenta que Ecuador fue uno de los países a los que más les ha costado recuperarse de la pandemia en América Latina, lo cual se evidencia en las cifras de pobreza y desigualdad”, comenta Rivera. El catedrático e investigador de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN (Instituto de Altos Estudios Nacionales) señala que esta situación se remonta a mucho tiempo atrás, cuando se fueron debilitando las estructuras y las capacidades de respuesta del Estado en materia social.
“Hay una condición estructural de vulnerabilidad. El Estado no provee opciones legales para vivir, por tanto, ciertas personas van a buscar la forma de hacerlo, incluso si eso implica vincularse a una organización criminal. Hay que reflexionar sobre este tema: para ciertas personas, este tipo de organizaciones se convierten en ‘lo que hay’”, reflexiona el especialista.
FUTURO
¿Y después del Estado de Excepción en el cuál se produjeron estas detenciones? ¿Qué hacer con los jóvenes detenidos y procesados? Luis Altamirano, excomandante del Ejército y analista en seguridad, recomienda a las autoridades del Estado que hagan todos los esfuerzos para darles a los detenidos “condiciones para que puedan tener competencias y buscar condiciones para vincularse a una actividad económica”.
“Más allá de las medidas coyunturales que se están aplicando mediante el Estado de Excepción, que eran absolutamente necesarias, hay que ir trabajando en aspectos sistémicos. Consideremos que el objetivo de las organizaciones criminales no es confrontar al Estado; por lo tanto, hay que desarmar estas estructuras, para lo cual se necesita trabajar en lo social y en el control de los flujos financieros”, comenta el experto.
Bravo considera que sí hay soluciones realistas y, sobre todo, viables. Los gobiernos locales, cita como ejemplo, tienen una gran responsabilidad en lo social, pero también en la recreación de los jóvenes, para que no sean tentados por las bandas delincuenciales. Sólo en Quito, dice, el Municipio y unas 1.500 ligas deportivas barriales podrían promocionar conjuntamente el cambio de actitud ciudadana, para que la gente sea más solidaria.
Se trata, agrega Bravo, de que desde las instituciones locales más cercanas a la población hasta los ministerios de Estado entiendan que la seguridad no sólo son los operativos de la fuerza pública, sino también promover una cultura de paz, tal como lo establece el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución.
Esta norma señala como obligación del Estado: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
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