ESPECIAL Seguridad 2023

ELECCIONES ANTICIPADAS

El reto es pasar de la ‘demagogia’ a la práctica

Tras leer los ocho planes de gobierno, analistas consideran que las propuestas son generales y no se detienen a explicar cómo las ejecutarán. ¿Están los planes pensados exclusivamente para ganar las elecciones?

Después de recopilar información sobre las propuestas que plantean los ocho planes presidenciales en tema de seguridad ciudadana y de haber analizado cada uno bajo los indicadores propuestos al inicio de este especial periodístico, se consultó a expertos académicos y a analistas en seguridad sobre dichas propuestas. Todos los profesionales consultados concuerdan en que las ideas que giran en torno a la seguridad caen en la demagogia, pues no plantean cómo se llevaran a cabo sus ofrecimientos. Además, afirman que son planes básicos, que no solucionan el problema de manera estructural y sistemática.

Si bien la seguridad ciudadana mira ejes integrales y de allí que se hable de indicadores que vayan más allá de prevenir y controlar el delito, los especialistas en la materia indican que actualmente Ecuador vive un tiempo muy peligroso, donde se debe combatir primero el crimen organizado nacional e internacional, el narcotráfico, la corrupción en altas esferas de poder del Estado, la violencia y los altos índices de homicidios, que llegarían hasta el final de este año a tener una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Al combatir primero estos problemas se estaría salvando la vida de los ecuatorianos, para luego pensar en otros enfoques como la participación ciudadana, la prevención de riesgos naturales, enfoques de género, entre otros indicadores.

Para Freddy Rivera, docente en inteligencia estratégica y economía criminal de la Flacso e investigador en temas de seguridad internacional, antes que hablar de todos los componentes que abarca la seguridad ciudadana, el Estado debe garantizar la vida de las personas, para que haya un equilibrio social y la gente pueda trabajar tranquila.

Según Rivera, Ecuador vive una insurgencia criminal. ¿Por qué usa el término insurgencia? El experto explica que las bandas controlan el territorio ecuatoriano sometiendo a la población al terror, como lo hacen las guerrillas y que, de allí, él utiliza la palabra de insurgencia. Además, aclara que las bandas delincuenciales tienen claro posicionamiento en Ecuador, tienen en su poder armas, tecnología y actúan sanguinariamente. El objetivo sería destrozar el Estado, sus instituciones y todo el orden para poder actuar libremente. Y señala que, “lamentablemente los gobiernos, al no actuar con voluntad política y trabajo, han dejado que este objetivo avance”.

En detalle

En los planes de gobierno analizados en tema de seguridad, indica que no existe la propuesta de trabajar sobre la “interdependencia compleja”. Esto significa que Ecuador está conectado a otros países y depende de ellos. Realidad que desconocen los candidatos, a criterio del experto, pero sí lo saben los criminales. El experto añade que el crimen organizado es unido y que envía asesores a Ecuador para entrenar en uso de armamentos y de tecnología a los integrantes de las diferentes bandas.

Asegura que el crimen organizado ya se tomó las estructuras estatales y que los planes deben apuntar a indicar cómo se va a depurar las instituciones, no sólo mencionarlo. Por ejemplo, se deben aplicar pruebas de confianza, dice, para ser parte del sistema de Justicia y de la Fiscalía. Dichas pruebas deben ser ejecutadas por profesionales de alta ética y extranjeros. Otro ejemplo sería proponer la revisión de los patrimonios que tienen los jueces, pero no a través de las declaraciones patrimoniales realizadas en la Contraloría, sino mediante una investigación personalizada y exhaustiva para conocer de dónde llega el dinero que manejan ciertas autoridades, si su sueldo no alcanza para todos los gastos que mantienen.

“Muchos de esos planes tienen contenidos demagógicos, son la sumatoria del deber ser, no hay fundamentos científicos, sólo son propuestas generales. No hay claridad en política internacional con países cooperantes, postulados de economía criminal, medidas de sustentabilidad, todos hablan de incremento de la Policía, pero ninguno dice cómo la va a mantener”, afirma. También cuestiona que algunos planes, si bien hablan de mayor seguridad y vigilancia, ninguno plantea cómo va a levantar al ECU-911, ya que los sistemas de cámaras junto a su software están obsoletos.

Dependencia

Rivera asegura que Ecuador actualmente tiene una fuerte dependencia con mercados del narcotráfico europeo y hay policías corruptos que están infiltrados. Si bien en los planes se señala que habrá una depuración, no se dice, nuevamente, cómo y “se cae en el saco de la lógica simple”.

“Quizás si toman como ejemplo Guatemala, que conformó un grupo profesional para hacer investigaciones a profundidad para así depurar el sistema judicial y policial, pero para eso falta voluntad política”, comenta.

Y concluye que dos de las propuestas principales concretas que deben estar en los planes de gobierno son: el monitoreo urgente de las fronteras, donde se está cultivando coca y que no se realiza desde el 2018 y la depuración de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que, hasta ahora, a su criterio, no desarrolla un adecuado trabajo.

Para el coronel Carlos Blanco, también analista en seguridad, los planes de gobierno de los ocho candidatos deberían haber sido más reales, apegados a la coyuntura del país, para lo cual se debería reformar la Constitución. También añade que el sistema judicial tiene preferencia para los delincuentes de “cuello blanco”, porque son apresados, pero enseguida salen en libertad, mientras que para las personas que registran delitos menores ni siquiera hay sentencia.

Eduardo Jarrín, analista en seguridad y catedrático universitario, indicó que, en todos los planes de gobierno planteados por los candidatos, falta proponer una política de Estado que enfrente la inseguridad, ya que el problema se ha acumulado durante 20 años. En su opinión, las propuestas de los candidatos sólo son paliativos, pero no hay planteamientos estratégicos, como reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y también señala, al igual que Blanco, que se debe reformar la Constitución para reducir la impunidad. Agrega que se debe depurar todo el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI).

Con respecto a que se vincule a la sociedad en la lucha contra la inseguridad, Jarrín plantea que no se puede dar la responsabilidad a los ciudadanos y que, además, esa estrategia ya se la aplicó en Quito, desde el 2022, con los llamados comités de seguridad en los barrios y que no han dado resultado porque no hay respuesta inmediata por parte del Municipio, faltan recursos económicos para avanzar y, sobre todo, los ciudadanos comunes carecen de capacitaciones para enfrentar a la delincuencia.

Lo que debería contener

Para Jarrín, un plan adecuado y estructurado sería aquel que incluya la ayuda internacional, brindando capacitaciones y recursos. Además, que se propongan veedurías ciudadanas.

Fernando Carrión, catedrático de Flacso y experto en seguridad ciudadana, en una entrevista en Ecuavisa dijo, sobre los ocho programas de gobierno de los candidatos en temas de seguridad, que sus propuestas son muy primarias, que no hay claridad y que la mayoría gira hacia la campaña electoral y que lo único que hay en ellos es “mano dura y no mano inteligente”, donde se pueda pensar en asociaciones público-privadas, en asociaciones entre gobiernos locales y gobiernos nacionales. Carrión propone fortalecer el Ministerio del Interior, para que allí no sólo esté la Policía, sino también el SNAI y todo el sistema de inteligencia y de allí deberían surgir tres políticas: la política de violencia común, la política discriminatoria —que abarcaría género, racismo, xenofobia— y la tercera, que es la más importante, la política de los mercados ilegales, donde está el narcotráfico. En esta última política se debería tener medidas frente al consumo de drogas, a la importación y exportación, lo cual no tiene Ecuador y, por ello, el país se ha convertido en una plataforma internacional del narcotráfico. Enfatizó que en el país se encuentran alrededor de 25 organizaciones criminales del mundo que arman toda la red global del crimen.

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