El informe de la Comisión de Pacificación desglosa problemas: cobros indebidos, prostitución forzada, intimidaciones, bandas criminales… El 75% de los presos lo conforman jóvenes entre 18 y 35 años. ¿Son las cárceles centros de retención juvenil? 

POR: Hugo Constante

La Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación —que integró el Gobierno a fines de 2021— verificó los males por los que atraviesa el sistema penitenciario del país. Corrupción, hacinamiento, control de las cárceles por parte de las bandas, circulación de armas y drogas y prostitución, son algunos de los aspectos que los integrantes de la Comisión constataron o de los que recibieron testimonios de los propios internos en el primer trimestre de su trabajo.   

En diciembre del 2021, tras una serie de masacres carcelarias y un saldo de 316 presos asesinados, según informe de las CIDH, el Gobierno conformó la Comisión. A esa fecha, el presidente, Guillermo Lasso, aseguró que el grupo integrado por expertos nacionales e internacionales deberá generar estrategias, planes y proyectos para fortalecer el sistema de rehabilitación social. 

Un primer diagnóstico señala que las cárceles se han convertido en “centros de retención juvenil”, ya que el 75% de la población penitenciaria —aproximadamente—  lo conforman jóvenes de entre 18 y 35 años.

Como parte de su gestión, la Comisión visitó las cárceles del país con el objetivo de entrevistar a líderes de las bandas, visitaron pabellones y también se reunieron con personal del SNAI,  ente encargado del sistema de rehabilitación social. Entre las cárceles visitadas constan las de Turi, El Inca,  Latacunga y la Penitenciaría del Litoral. La Comisión elaboró el informe del trabajo realizado entre el 16 de diciembre de 2021 y el 16 de marzo de 2022.  Estos son los resultados. 

La violencia carcelaria 

El informe señala que la violencia en las cárceles se genera por varios aspectos. Por ejemplo, por tomar el control de las prisiones, lo que les permite a las bandas la venta de favores, protección, armas y drogas. “Existe violencia estructural por omisión como consecuencia concatenada por parte del Estado”, consta en el documento. La Comisión deja constancia de que no se observa un trabajo de las instituciones públicas en los ámbitos laboral, educativo y de salud, lo que genera una vida indigna de los detenidos. 

“Hay ausencia de Estado con proyectos de rehabilitación, habilitación y reinserción social”, consta, aunque se añade que ha habido un progreso positivo en las instituciones tanto para identificar esos problemas como para erradicarlos. 

Un hecho que se menciona tanto en el informe de la CIDH como en el de la Comisión de Pacificación es que la corrupción coexiste en diferentes instituciones del Estado, relacionadas directamente con la problemática carcelaria, como el SNAI, la Policía y función judicial, aunque no todo el personal es parte de esa corrupción. “Las PPL dieron nombres de policías que son brazo derecho de aquellos que supervisan lo que pasa en el Litoral. Además, son quienes aparentemente protegen a algunos de estos líderes”, se menciona.

“Esta serie de problemas se conoce a partir de denuncias de cobros por parte de algunos funcionarios a las personas privadas de libertad en rubros como comida, visitas, salud, entre otras”, dice el informe.  

Una de las situaciones internas denunciadas por los detenidos es que son obligados a depositar una suma para tener acceso a algunos productos, cerca de 120 dólares por mes, que los familiares deben depositar en una cuenta. Estas cuentas están a nombre de terceras personas, las mismas que permiten beneficios de seguridad, comida y compras internas en las tiendas paralelas que funcionan en las celdas y pabellones.

Problemas detectados 

Falta de credibilidad en el SNAI, que debe ser reestructurado. Que se ha confundido la seguridad penitenciaria con rehabilitación social, es uno de los problemas detectados. En cuanto a la venta de droga, los líderes de los detenidos manifestaron que no pueden dejar el “negocio” porque los matan y que la única manera de retirarse es saliendo del país, aunque con el riesgo de represalias hacia sus grupos y sus familias.

El hacinamiento sigue siendo uno de los problemas más graves, especialmente en las cárceles  de Guayaquil, Quito (El Inca) y Esmeraldas. Las condiciones de salubridad son graves, las condiciones de visitas íntimas son precarias, no existen categorías internas, mezclando a los detenidos en pabellones sin tomar en cuenta antecedentes, peligrosidad, condiciones de salud y perfil personal, lo que genera elementos de peligro y violencia en la convivencia.  

El informe señala abusos sexuales de caporales hacia las internas, sin especificar en qué cárcel; y que la población LGTBQ es altamente vulnerable porque está sometida a todo tipo de abusos por parte de otros internos. 

“Se denuncia que, cuando hay visitas íntimas en los recintos carcelarios, solicitan el pase de damas de la Cárcel de Mujeres (Guayas) que no reciben visitas para que se produzca el encuentro íntimo de algunas privadas de la libertad; es decir, les obligan a ejercer la prostitución”, según el informe. 

Se menciona el abuso de guardias con visitas y detenidos, ya que el director de una cárcel había confirmado que para los encuentros íntimos debían pagar 50 dólares, cuando no son familia directa o registrada como tal.

Durante la visita a la cárcel Regional del Guayas la Comisión observó armas en el piso y en manos de guardaespaldas de líderes de esa prisión. Mientras que en la Penitenciaría, “un grupo entrevistado vino con una granada que devolvió cuando vio que no había peligro”.

Sin dar nombres, la Comisión asegura que, de las denuncias recibidas, hay mafias que obligan a pagar por el ingreso de alimentos y productos personales; que a los guías se les da un cheque semanal y si no lo reciben son amenazados, y si lo aceptan pasan a formar parte del sistema corrupto, situación que se da especialmente en la Regional.

En tanto que hay privilegios en las cárceles para los presos ‘políticos’ y los ricos, con departamentos de lujo.

Trabajo a futuro

La Comisión establece una serie de recomendaciones relacionados con el SNAI, con el manejo jurídico a los casos de los detenidos, el tratamiento en salud, educación, alimentación, entre otros temas. Los comisionados proponen la creación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, aplicación de procesos laborales, establecer alternativas a la encarcelación.

Henry Córdova, experto en seguridad, mencionó que la realidad de las cárceles es un problema estructural y multidimensional. Asegura que no se debe analizar sólo desde la perspectiva del crimen organizado o de la corrupción, sino que falta “humanizar el sistema de rehabilitación social”, ya que un detenido no sale rehabilitado. Agregó que el hacinamiento no es de los últimos años, y que se arrastra desde décadas pasadas. Para Córdova es necesario generar otra visión de la problemática con la participación de la sociedad en la generación de políticas públicas.

El informe de la Comisión de Pacificación se suma a los de la CIDH y de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, cuyo presidente, Ramiro Narváez, recuerda que también existen informes similares de la Corte Constitucional y de organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en el tema carcelario. «Diagnósticos existen, soluciones están planteadas. Lo que necesitamos es ejecutarlas y pasar más ella del anuncio», dijo Narváez. Por ejemplo, que se cumpla el censo penitenciario como punto de partida para empezar a tomar decisiones, ya que permitirá conocer la condición médica y juríca de los detenidos, cuántos califican para acceder a beneficios penitenciarios, para ubicarlos de acuerdo a su grado de peligrosidad, entre otros detalles. Sobre la corrupción evidente dijo que hay que reforzar las instituciones para evitar que sean contaminadas con hechos irregulares.

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