La Comisión de Fiscalización de la Asamblea trató el tema en una acalorada sesión política. A Glas le aplicaron hasta el protocolo antisuicidios y quedó claro que se sabía con anticipación qué juez estaría el fin de semana pasado en el juzgado de Manglaralto. 

La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para tratar el tema del hábeas corpus otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, a pesar de que tiene dos sentencias ejecutoriadas y una en apelación por hechos de corrupción, generó tanta expectativa que tuvo que trasladarse de la oficina de la Comisión al salón José Mejía Lequerica. Así cupieron todas las  personas que querían seguir lo que tenían que decir las autoridades.

Así, el salón se asemejó a un “mini” pleno, ya que asistieron asambleístas y asesores de distintas bancadas, que pedían la palabra para intervenir, a pesar de no integrar la Comisión. Fue notoria la presencia de un buen número de asambleístas del correísmo, pero también del BAN, de Pachakutik, independientes, del PSC, entre otros. 

A lo largo de la sesión, los correístas se refirieron a Glas, exvicepresidente de Rafael Correa y de Lenín Moreno, como “el compañero”; mientras que el resto, incluidas las autoridades, le llamaban “el sentenciado” o “el condenado”. 

Los privilegios de Glas 

El primero en comparecer fue el director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), Pablo Ramírez, quien aseguró que los primeros informes médicos sobre el exvicepresidente fueron presentados por médicos particulares y validados por el Ministerio de Salud. Agregó que la integridad y la seguridad de Glas estaban garantizadas, ya que en la cárcel de Latacunga, donde estaba detenido, se encontraba en una celda unipersonal, con dos agentes penitenciarios y dos policías de forma permanente y que incluso habían activado el protocolo antisuicidio.

Fernando Villavicencio (independiente), presidente de la Comisión, le cuestionó por qué al momento de conocida la resolución no se impugnó, a lo que Ramirez contestó que sí lo habían hecho apenas se terminó la audiencia y que la presentaron al siguiente día, ya que les tomó toda la noche redactar el documento.

Por su parte, el asambleísta independiente Bruno Segovia acusó a Ramírez y a sus asesores de poco profesionales y negligentes, al no haber preparado con anticipación la estrategia jurídica para evitar que se otorgara el hábeas corpus. “Es una pena el tipo de profesionales que hay en la institución. (…) Es eso o fue un pacto”, manifestó Segovia, quien añadió que al director del SNAI sus asesores o le engañaron o le tomaron el pelo.  

El legislador Ronny Aleaga (UNES) también le dijo a Ramírez que debía ir mejor preparado a la comparecencia, para explicar bien el manejo del sistema carcelario, ya que había manifestado que el Estado no tiene el control de todas las cárceles del país. 

La comparecencia se cumplió en medio de discrepancias y ataques entre Villavicencio y los legisladores de UNES, quienes se mostraron sorprendidos, dijeron, por la rapidez con la que la Comisión había llamado al funcionario porque se trataba de Glas y no actuaron con la misma diligencia en otros caso. 

‘No es nuestra competencia’

El “golpe de gracia” a la cuestionada actuación del SNAI en este proceso lo dieron los ministros de Gobierno, Francisco  Jiménez; y del Interior, Patricio Carrillo. Ellos manifestaron que no estaba entre las competencias de sus instituciones intervenir en el desarrollo o en la estrategia jurídica para presentarse a la audiencia de hábeas corpus, ya que es el SNAI el encargado  del sistema de rehabilitación social y, por lo tanto, el responsable de las acciones jurídicas. 

Jimenez aseguró que su Ministerio no era parte procesal, por lo que no fueron convocados a la audiencia. Advirtió que no intervendrán en la administración de justicia. Mientras que Carrillo aseguró que su Ministerio está en proceso de “construcción” y que es el SNAI el responsable del manejo carcelario. La asambleísta Nathalie Arias no dudó en decir que no es coincidencia la última masacre en la cárcel de Turi  para crear el escenario de inseguridad en las cárceles y con ese pretexto se presentaron los abogados de Glas a la audiencia para exigir el hábeas corpus. 

En lo operativo, Jiménez reiteró que se reforzó la guardia alrededor de Glas para evitar que se fugue del país. Agregó que es necesario estar al tanto de “hasta cuántas veces respira por minuto (…), a dónde sale, con quién sale, con quién conversa”.

Afirmación que le permitió al correísmo tratar de posicionar la idea de que esta vigilancia permanente, no sólo a Glas sino a su esposa podía caer en el delito de odio, de intimidación o de amenaza. El correísmo aseguró que Glas no huirá del país.

Otras comparecencias 

En este marco de comparecencias asistió el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, quien aseguró que no pueden intervenir en las decisiones de los juzgadores y que no se ha presentado queja alguna en contra del juez multicompetente de Manglaralto Diego Moscoso, quien concedió el hábeas corpus. 

Murillo agregó que en febrero de este año se abrió un expediente administrativo en contra del juez por no haberse presentado a una audiencia de flagrancia, en marzo se dio su suspensión pero la misma carecía de motivación, por lo que no fue aceptada por el Pleno de la Judicatura. Aseguró que son hechos que no están relacionados con el hábeas corpus a Glas. 

Sin embargo, explicó que en Manglaralto hay sólo dos jueces multicompetentes que se turnan para atender cada fin de semana. “Es decir se conoce (con anticipación) qué juez está en esta semana, qué juez en la siguiente y así sucesivamente”, manifestó. “Es decir, ya se sabía quién iba a ser el juez”, comentó Villavicencio. 

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