Fotografía de la cuenta de Facebook de Zuquilanda
El candidato del Partido Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, afirmó durante una entrevista con Diario El Comercio que: “En el gobierno de Lucio no hubo un solo preso político”. Dijo esto tras advertir que las garantías y derechos consagrados en la Constitución del 2008 no se están cumpliendo, esto debido a que en el país hay varios perseguidos y presos políticos.
Aunque el candidato de Sociedad Patriótica afirmó que no existieron presos políticos durante el gobierno de Gutiérrez, un informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador (APDH del Ecuador), fechado el 16 de diciembre del 2004, denunció agresiones en este periodo.
Alex Ponce, vocero de la APDH del Ecuador, advirtió que: “En el período gubernamental del Sr. Gutiérrez hasta la fecha (16 de diciembre del 2004), registramos alrededor de 18 casos de ataques personales en la calle o intromisiones en oficinas y domicilios, para sustraerse CPUs o computadoras portátiles, contra dirigentes sociales, líderes políticos de oposición, grupos de defensa de DDHH, periodistas, líderes indígenas, diputados y agencias internacionales de cooperación”.
Ponce mencionó, entre otras, las siguientes denuncias:
- La amenaza de muerte al concejal de Quito Antonio Ricaurte, miembro de Pachakútik, realizada por desconocidos que procedieron a sustraerle su computadora portátil luego de salir de una entrevista de radio en la capital, y a quien encañonaron con pistolas amenazándolo de muerte si persiste en sus declaraciones.
- Similar amenaza y sustracción de su computador portátil, durante el hecho ya mencionado, al Sr. Diego Guzmán, directivo del «Observatorio de Medios».
- El allanamiento al domicilio del diputado Salvador Quishpe, realizado por desconocidos hace dos días, de donde sustrajeron su computadora.
- La amenaza a un reconocido periodista del país, cuyo nombre y el del medio en que labora, nos pidiera expresamente guardar en reserva.
- El más grave, por incluir un ataque a bala, el atentado ocurrido en las oficinas del Sr. Blasco Peñaherrera Soláh.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe N° 62/04 sostuvo que: “recibió una petición presentada por la Asociación de Pueblos Kichwa de Sarayaku, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, (CEJIL) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, (CDES) (en adelante los “peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad de la República de Ecuador…en perjuicio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku y sus miembros, (en adelante el “pueblo kichwa de Sarayaku” o el “pueblo de Sarayaku”).”
En este informe los peticionarios alegan que el Estado es responsable de una serie de actos y omisiones en perjuicio del pueblo kichwa de Sarayaku porque permitió que una empresa petrolera realice actividades en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku, sin su consentimiento, ha perseguido a sus dirigentes y ha negado la protección judicial y el debido proceso al pueblo de Sarayaku.
Además, el 30 de diciembre de 2004 la CIDH recibió una petición de Hugo Quintana Coello, y otros 27 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, en la cual se alega que el 8 de diciembre de 2004 fueron cesados de sus cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el Congreso Nacional con el concurso de la Presidencia de la República. Los peticionarios alegaron que habían sido legítimamente elegidos para el ejercicio de sus funciones, y que la destitución fue inconstitucional y arbitraria, en contra de los mandatos expresos de la Convención Americana.
Por otra parte, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador – 2004, denunció que: “El Estado ecuatoriano durante el presente año 2004 no ha garantizado los derechos fundamentales de las personas, especialmente la policía ha continuado deteniendo ilegalmente, incomunicando y torturando a las personas”.
Además, este organismo agregó que se produjeron brotes de violencia armada, amedrentamiento y persecución a medios de comunicación, periodistas y dirigentes sociales. La CEDHU denunció que «las protestas populares fueron brutalmente reprimidas dejando múltiples heridos e incluso una persona asesinada por elementos del ejército.»
La CIDH mencionó algunos casos de violaciones a los derechos humanos en 2004 (durante el gobierno de Gutiérrez):