Un abogado pidió que se declare inconstitucional el decreto que envió a Abad a Israel
El jurista no representa a la Vicepresidenta, su demanda fue presentada en calidad de ciudadano; se incluye el tema de la Vicepresidencia, pero no se habla de campaña electoral.
En noviembre del 2023, el presidente, Daniel Noboa, designó vía Decreto Ejecutivo 27, como única función a la vicepresidenta, Verónica Abad, el de ser la colaboradora para la paz y “precautelar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina». Desde el 10 de diciembre, Abad se encuentra en Tel Aviv, Israel.
Este hecho ha traído consigo un debate tanto que, en redes sociales circulan todo tipo de publicaciones. Por ejemplo, en Facebook, una publicación asegura que el abogado de Abad quiere frenar la reestructuración de la Vicepresidencia y dejar sin efecto su delegación como embajadora de la paz para que vuelva y haga campaña para el 2025. Se califica este contenido como engañoso. La persona que presentó la solicitud para que se declare inconstitucional el decreto con el que se envió a Verónica Abad a Israel y el decreto 30, con el que el Presidente dispuso reestructurar la Vicepresidencia, no es el abogado de Abad. Su solicitud la presentó en calidad de ciudadano. Además, al monitorear la cuenta de X de Verónica Abad no se encontró ninguna publicación con indicios de que busque regresar para hacer campaña electoral.
El 20 de diciembre del 2023, el pedido fue presentado por el abogado Gabriel Santiago Pereira Gómez, en calidad de ciudadano ecuatoriano, según el documento.
Ecuador Chequea se contactó con Gabriel Pereira y aseguró que él no es el abogado de Verónica Abad y que tampoco tiene vínculos con ninguna persona.
“Yo hago esto para que se siente un precedente jurídico con respecto a ese decreto. Yo no tengo ningún vínculo con Abad”, enfatizó.
Para Pereira, la decisión de Noboa es inconstitucional y por eso presentó una acción pública de inconstitucionalidad. Esta ya fue admitida con el número de caso 110-23-IN. Hasta ahora, esta es la única demanda que se ha presentado contra el decreto 27.
También pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto 30, en el que se dispone al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación la reestructuración institucional de la Vicepresidencia.
(Captura de pantalla del documento. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidmMmI3OTA1Zi0yM2VmLTRhMzctODBhZi0yMGRmN2JjYWQ1YjMucGRmJ30=)
“Por sus propios derechos, a través de la cual solicita se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo n.º 27, de 24 de noviembre del 2023, publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial n.º 458, de 15 de diciembre de 2023, y el Decreto Ejecutivo n.º 30, de 24 de noviembre de 2023, publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial n.º 460, de 19 de diciembre de 2023″, indica la Secretaría de la Corte Constitucional.
(Captura de pantalla del caso. https://buscador.corteconstitucional.gob.ec/buscador-externo/causa/ficha?numero=110-23-IN&contexto=CAUSA&uuid=)
El caso será analizado por el juez Enrique Herrería Bonnet. Por ahora, este pedido presentado por Pereira está siguiendo su trámite en la Corte y aún no hay un pronunciamiento oficial al respecto.
La posición de Pereira
En una entrevista en La Hora, Gabriel Pereira dijo que espera que la Corte declare la inconstitucionalidad del decreto; por lo que la Vicepresidenta tendría que volver al país, y asignársele funciones dentro del marco de su investidura.
El abogado afirma que el decreto 27, con el que se designó a Abad para el cargo de embajadora, va en contra del artículo 144 de la Constitución.
“Esta decisión es contraria a la voluntad de los electores que votaron por el binomio. Los ciudadanos no sólo votaron por el presidente, Daniel Noboa, sino por la Vicepresidenta”, recalcó.
Y dijo que, aunque la Corte Constitucional resuelve los casos según el orden de llegada, cree que el caso debería ser abordado con prioridad porque es un tema de actualidad y que “pone en entredicho el sistema democrático”.
“Primera vez en la historia que un Vicepresidente es enviado fuera del país cuando la sede del gobierno está en Quito y se le asigna funciones para las que no fue elegido. Si el presidente quería designar un embajador en Israel, en la Cancillería hay bastante personal calificado para ejercer ese cargo”, indicó Pereira.
Además, manifestó que la Vicepresidenta debería cumplir funciones acordes a su perfil profesional o académico. En el caso de que la Corte declare la inconstitucionalidad del decreto, Pereira espera que Verónica Abad regrese al país y se le asignen funciones de acuerdo a su cargo.
La demanda de Pereira también incluye la solicitud de declarar la inconstitucionalidad del decreto 30, que dispuso la reestructuración institucional de la Vicepresidencia por el Ministerio del Trabajo, alegando afectación de derechos laborales.
El abogado Gabriel Pereira cuestionó el decreto 90, que limita la seguridad de la Casa Militar Presidencial para vicepresidentes sólo cuando prestan funciones en Ecuador. Pereira argumentó que, como segunda mandataria, la Vicepresidenta debe tener la seguridad correspondiente, independientemente de su ubicación geográfica.
El 26 de diciembre del 2023, Noboa firmó el decreto ejecutivo 90 con el que dispuso seguridad de la Casa Militar Presidencia para él, su esposa y sus familiares. Y, en el caso de la vicepresidenta, Verónica Abad, su cónyuge y sus familiares, la seguridad aplica solo para cuando estén en el país.
Ecuador Chequea realizó un monitoreo de la cuenta de la vicepresidenta Abad en X y no se encontró ninguna publicación que esté relacionada con que supuestamente busque una campaña electoral. En sus publicaciones, Verónica Abad ha dado a conocer sus actividades en Israel y por las fechas recientes, ha publicado sus deseos de felices fiestas.
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