Cómo el gobierno de Osvaldo Hurtado convirtió deuda privada en dólares en pasivo público, y por qué el debate sobre quién ganó y quién perdió sigue vivo más de cuatro décadas después.

En septiembre de 1983, en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, Ecuador adoptó una medida conocida popularmente como «sucretización»: el Banco Central del Ecuador (BCE) asumió el pago en dólares de deudas que empresas, bancos y personas privadas habían contraído con acreedores extranjeros. 

A cambio, los deudores se comprometieron a pagar el equivalente en sucres al propio Banco Central. El objetivo declarado era evitar una ola de quiebras empresariales y proteger el empleo. El problema, según casi todos los análisis posteriores, es que buena parte de esos compromisos de pago nunca se cumplió tal como se diseñó, y el Estado terminó absorbiendo un costo multimillonario que originalmente correspondía al sector privado.

El contexto, una economía acorralada

Para entender la sucretización hay que retroceder a los años previos. Entre 1979 y 1982, el sector privado ecuatoriano se endeudó agresivamente en el exterior,  recibió desembolsos externos por más de 3.480 millones de dólares y pagó cerca de 3.044 millones en amortizaciones e intereses, pero aun así el saldo de su deuda externa creció hasta superar los 1.600 millones de dólares, según un análisis publicado en la revista académica Ecuador 1980-1990: crisis, ajuste y cambio de régimen de desarrollo.  Ese saldo representaba, hacia 1982, una cuarta parte de toda la deuda externa del país.

Ese «juego financiero», como lo describe el mismo estudio, sólo era sostenible si seguía llegando dinero fresco desde la banca internacional. Y eso se volvió imposible cuando México declaró la moratoria de su deuda en agosto de 1982, un episodio que disparó la desconfianza de los bancos hacia toda América Latina y detonó lo que se conoció como la crisis de la deuda latinoamericana.

A ese golpe externo se sumaron problemas propios: el sucre se devaluaba con rapidez frente al dólar, las tasas de interés internacionales subían, los ingresos petroleros caían y, según recuerda un reportaje de El Telégrafo, el país todavía procesaba las secuelas económicas y políticas del conflicto fronterizo con Perú de 1981 (la llamada guerra de Paquisha). Para cerrar el cuadro, en marzo de 1983 los empresarios se declararon en huelga y, meses después, el fenómeno de El Niño golpeó la producción agrícola.

En ese escenario, las empresas que se habían endeudado en dólares, muchas de ellas grandes grupos económicos, advirtieron que no podían pagar. El riesgo, se argumentó entonces, era una cascada de quiebras y despidos masivos.

El mecanismo: de dólares con la banca extranjera a sucres con el Banco Central

El 23 de septiembre de 1983, mediante el Decreto Ejecutivo 2085, el gobierno de Osvaldo Hurtado formalizó la operación. En esencia:

• Antes: una empresa ecuatoriana debía dólares a un banco extranjero.
• Después: el Banco Central del Ecuador se hacía cargo de esa obligación frente al acreedor externo, y la empresa pasaba a deberle al BCE el equivalente en sucres.

Según el diseño original, recogido en distintos análisis del propio expresidente y de investigadores como los de FLACSO, no se trataba de un perdón de deuda. El deudor debía seguir pagando intereses de mercado y asumir una comisión adicional para cubrir el riesgo cambiario, es decir, el riesgo de que el sucre siguiera devaluándose. El plazo inicial era de apenas tres años, con un período de gracia.

Las firmas de los convenios de refinanciamiento quedaron en manos del entonces ministro de Finanzas, Pedro Pinto, y del gerente general del Banco Central, Abelardo Pachano, bajo el marco que fijó la Junta Monetaria, presidida en ese momento por José Correa, de acuerdo con la reconstrucción de El Telégrafo.

Algunas fuentes, como un resumen difundido en Scribd basado en reportes de prensa, sostienen además que el FMI y otros organismos multilaterales presionaron por una salida de este tipo como condición para mantener el financiamiento externo al país; otros autores matizan que el gobierno «no tenía muchas opciones» frente a la banca internacional, según recoge el sitio educativo Lifeder. 

Es un punto en el que las fuentes coinciden en el fondo (la presión externa existió) pero no siempre en el grado de responsabilidad que le atribuyen al FMI frente a la decisión doméstica.

 ¿Cuánta deuda se sucretizó?

Los números varían según la fuente y el momento que se mida, lo cual es habitual en procesos que se ejecutaron por etapas entre 1983 y 1988:

• Un estudio publicado en la revista Problemas del Desarrollo (recogido en Scielo México) calcula que, entre 1983 y 1988, el Banco Central asumió 66.110 millones de sucres —unos 1.476 millones de dólares— de deuda externa privada, además del riesgo cambiario asociado, que le habría costado otros 600.000 millones de sucres adicionales.
• El Telégrafo cita a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), creada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, que estableció que la sucretización generó perjuicios acumulados al Estado por 4.462 millones de dólares, y que la deuda privada asumida representaba en su momento el 25% del total de los pasivos externos del país.
• Otro reportaje del mismo diario, en un texto distinto sobre la biografía política de Hurtado, sitúa ese porcentaje en 65% del total de los pasivos externos, y calcula que el monto sucretizado superó los 1.300 millones de dólares.
• La versión en español de distintos portales, sobre la deuda externa ecuatoriana también describe la operación como «la más grande transferencia de recursos del Estado al sector privado» realizada en medio de una de las crisis económicas más graves del país.

La disparidad entre el 25% y el 65% probablemente refleja que unas fuentes miden el peso de la deuda privada sucretizada dentro del total de deuda externa privada en un año específico, y otras dentro del total de deuda externa del país (pública y privada combinada); ninguna de las fuentes consultadas explica el cruce exacto entre ambas cifras, así que conviene tomarlas como aproximaciones y no como cifras cerradas.

Una precisión que el propio Hurtado hizo pública en 2014, en respuesta a un reportaje de El Telégrafo: según él, la deuda privada original que motivó la medida ascendía a 1.370 millones de dólares, de los cuales el 65% contaba con aval bancario, un monto que —dijo— comprometía siete veces el patrimonio de todo el sistema financiero ecuatoriano de la época. 

Esa cifra del 65% se referiría entonces al respaldo bancario de la deuda privada, no necesariamente al peso de esa deuda dentro del total de pasivos externos del país, lo que ayuda a explicar por qué ese mismo porcentaje aparece citado en contextos distintos según la fuente.

¿Quiénes aparecen señalados en la auditoría de 2008?

El 20 de noviembre de 2008, el entonces presidente Rafael Correa presentó en Quito el informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), creada para revisar el conjunto de la deuda pública y externa ecuatoriana, según recoge la organización Inredh. Ese informe es la fuente que casi todos los análisis posteriores citan cuando hablan del costo de la sucretización.

Según el reportaje de El Telégrafo que resume ese documento, entre las empresas que la Comisión identificó como «mayores beneficiarios» de la operación están Mavesa, el Banco del Pacífico, Industrias Artepráctico, el Banco de Guayaquil, Continental, Progreso, Amazonas, Cofiec y Pichincha, entre otras. 

Entre las personas naturales beneficiadas, el mismo reportaje menciona a Fernando Aspiazu , expropietario del Banco del Progreso, entidad que años más tarde sería intervenida durante la crisis bancaria de 1999, además de Gonzalo Córdova Galarza, Ricardo Crespo y Washington Bonilla.

El mismo artículo de Lifeder añade un elemento adicional, atribuido también a la revisión de la época: el mecanismo de acceso al beneficio habría sido laxo, ya que bastaba con que los deudores se registraran para que el Estado asumiera su obligación, lo que, según esa fuente,  abrió espacio para que personas y empresas se acogieran a condiciones que no les correspondían con estricto rigor. Conviene tomar esta afirmación puntual con cautela, ya que Lifeder no es una fuente primaria y no cita el documento exacto de la CAIC en el que se basa.

Sobre la ampliación de condiciones bajo Febres Cordero, el propio informe de la Comisión Auditora, citado por El Telégrafo,  es más específico que otras fuentes: señala que la Junta Monetaria, mediante la Regulación 201-84 del 15 de octubre de 1984, no solo extendió el plazo de pago de 3 a 7 años, sino que además congeló la comisión de riesgo cambiario (que no se ajustó pese a la ampliación de plazos) y aumentó el período de gracia de un año y medio a cuatro años y medio.

La réplica de Hurtado: su propia versión de los números

En julio de 2014, tras la publicación del reportaje de El Telégrafo sobre la sucretización, el propio Osvaldo Hurtado ejerció su derecho a la réplica en ese mismo diario. Su respuesta, publicada el 29 de julio de 2014, añade matices importantes que no siempre aparecen en los resúmenes posteriores del episodio:

• Sobre el origen de la medida: Hurtado sostiene que la sucretización fue diseñada por el propio equipo económico de su gobierno, José Correa (presidente de la Junta Monetaria), Pedro Pinto (ministro de Finanzas) y Abelardo Pachano (gerente del Banco Central)  y niega que haya sido una propuesta del FMI. Según su versión, el organismo se limitó a sugerir que la operación no incluyera subsidios estatales, una vez que ya se estaba estudiando internamente.
• Sobre las condiciones exactas: precisa que la conversión a sucres se calculaba al tipo de cambio vigente en la fecha de vencimiento del crédito en dólares (no al tipo de cambio original de contratación), que el plazo era de tres años con un año y medio de gracia, que la tasa de interés debía equivalir a la de mercado, y que los deudores pagaban además un cargo adicional del 4% mensual para proteger al Banco Central frente a futuras devaluaciones.
• Sobre el resultado durante su gobierno: cita un estudio de 1993 elaborado por técnicos del Banco Central y del Banco Mundial —Santiago Bayas y Eduardo Somensatto— según el cual, en 1984 (el primer año en que los deudores sucretizados pagaron sus obligaciones), el Banco Central no solo no perdió dinero, sino que obtuvo beneficios equivalentes al 0,8% del PIB, unos 135 millones de dólares. Hurtado usa este dato para argumentar que, durante su propio mandato, los deudores sucretizados no recibieron ningún subsidio real.
• Sobre lo que ocurrió después: atribuye las pérdidas del Banco Central exclusivamente a los cambios introducidos por el gobierno de Febres Cordero —extensión de plazos, congelamiento de la tasa de interés y eliminación de la comisión de riesgo cambiario—, cambios que, según él, se mantuvieron incluso durante el gobierno posterior de Rodrigo Borja. Citando de nuevo el estudio de Bayas y Somensatto, calcula que las pérdidas bajo Febres Cordero promediaron 0,37% del PIB anual (unos 220 millones de dólares en total), mientras que bajo Borja el resultado fue mixto: ganancias en los dos primeros años y pérdidas en los dos últimos, con un saldo neto positivo de 122 millones de dólares.
• Como ilustración del «injusto subsidio» que atribuye a la gestión de Febres Cordero, Hurtado compara tasas: mientras los deudores sucretizados pagaban 16% anual de interés, otros ecuatorianos pagaban hasta 40% al final del gobierno de Febres Cordero, 52% a fines de 1990 y 60% en diciembre de 1992, cuando se cancelaron los saldos de esas obligaciones.

La redacción de El Telégrafo respondió a esa réplica aclarando que los datos de su reportaje original provenían del informe de la CAIC de 2008 y de cifras del propio Banco Central del Ecuador, sin ceder en la validez de esas fuentes. 

Es decir: el desacuerdo no es tanto sobre si el Estado terminó perdiendo dinero con la sucretización en su conjunto, en eso todas las fuentes coinciden, sino sobre en qué gobierno se generaron esas pérdidas y sobre si el diseño original de Hurtado era o no, por sí mismo, un subsidio.

¿Y su relación con la crisis bancaria de 1999?

Otro ángulo que aparece con frecuencia en el debate público es si la sucretización sembró las condiciones de la crisis financiera de 1999, el llamado feriado bancario y de la posterior dolarización de la economía en el año 2000.

Existen posturas distintas al respecto:

• El economista Pedro Romero, en un trabajo sobre la crisis bancaria ecuatoriana citado en varios resúmenes académicos, sitúa el origen de esa crisis en la sucretización de 1983 y en los «incentivos perversos» que, según su análisis, esa medida instaló en la relación entre la banca privada y el Banco Central, favoreciendo más adelante la fuga de capitales y la quiebra de bancos.
• Un artículo académico publicado en la revista cubana Cuestiones Económicas (alojado en Scielo) sobre la crisis bancaria privada ecuatoriana de 1994-2000 incluye explícitamente a la sucretización, junto con el uso indebido de créditos vinculados y el gasto excesivo en infraestructura bancaria, entre los antecedentes que, según esa fuente, contribuyeron al deterioro del sistema financiero que estalló en 1999.
• No todos los análisis coinciden en establecer una línea causal directa. El economista Vicente Albornoz, consultado por el proyecto de verificación Ecuador Chequea, atribuyó el feriado bancario de 1999 sobre todo a una supervisión bancaria deficiente y a choques económicos de esos años (caída del petróleo, El Niño, una plaga camaronera), aunque otro analista citado en el mismo artículo, Calderón, sí conecta ambos episodios a través del papel que asumió el Banco Central como prestamista de última instancia para la banca privada desde la sucretización.

En otras palabras: hay consenso en que la sucretización dejó al Banco Central en un rol más intervencionista frente al sistema financiero privado, un rol que se mantuvo y se profundizó en las décadas siguientes; pero no hay consenso académico cerrado sobre qué tan determinante fue ese antecedente específico, frente a otros factores, en la crisis de 1999 que terminó por llevar a Ecuador a adoptar el dólar como moneda oficial en el año 2000.

Lo que cambió con Febres Cordero: el punto donde crece la polémica

El diseño original de Hurtado preveía condiciones relativamente duras para el deudor: interés de mercado, comisión cambiaria y solo tres años de plazo. El propio expresidente ha insistido en que ese esquema no equivalía a un perdón de deuda.

Sin embargo, bajo el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), las condiciones se relajaron de forma sustancial. Según coinciden Wikipedia, Lifeder y El Telégrafo, el plazo de pago en sucres al Banco Central se extendió de tres a siete años, y la tasa de interés se congeló en 16%, cuando las tasas comerciales rondaban el 28%. Esa combinación, plazos más largos, interés subsidiado y un sucre que seguía devaluándose, redujo drásticamente el valor real de lo que los deudores debían pagar, mientras el Banco Central seguía respondiendo en dólares ante los acreedores extranjeros.

El artículo de El Telégrafo que documenta esta etapa resume el mecanismo con una explicación atribuida a un especialista consultado: quienes se habían endeudado en dólares recibieron esos créditos a un tipo de cambio de alrededor de 25 sucres por dólar, pero cuando llegó el momento de pagar, la cotización ya rondaba los 30 o 35 sucres por dólar, lo que encareció la carga para las empresas que operaban y vendían en sucres y terminó por duplicar el valor de la deuda en términos reales.

Investigaciones citadas por el portal de análisis económico CADTM y por el estudio académico de Problemas del Desarrollo van más allá: sostienen que buena parte de los pagos comprometidos por los deudores privados nunca llegó a concretarse, y que el Estado terminó asumiendo la totalidad de esa deuda. 

El mismo texto de historia del Ministerio de Educación de Ecuador —citado en varias fuentes— resume el desenlace de forma similar: el Estado terminó haciéndose cargo de la deuda de los empresarios porque numerosos pagos no llegaron a efectuarse.

¿Quiénes se beneficiaron?

El estudio publicado en Problemas del Desarrollo es explícito en este punto: la mayoría de los beneficiarios de la sucretización de 1983 fueron grupos económicos que controlaban más de una empresa, no pequeños deudores individuales. El argumento oficial para justificar el beneficio fue la protección de las fuentes de empleo.

Otras fuentes, como el análisis publicado por CADTM (firmado con referencias a trabajos de Walter Spurrier y de Abelardo Pachano, entre otros), califican el desenlace como una forma de «socializar pérdidas privadas»: el riesgo cambiario y buena parte del costo real terminaron recayendo sobre las finanzas públicas y, por extensión, sobre el conjunto de la sociedad ecuatoriana, mientras el beneficio se concentró en un número relativamente pequeño de agentes económicos privados.

La posición de Osvaldo Hurtado

El propio expresidente ha defendido la medida en libros, entrevistas y conferencias a lo largo de los años. Su argumento central, recogido de forma consistente en distintas fuentes, tiene varios componentes:

• La sucretización buscaba evitar un colapso simultáneo del sistema financiero y de buena parte del aparato productivo privado, con la consecuente pérdida masiva de empleo.
• El esquema original no era una condonación: exigía intereses de mercado y una comisión para cubrir el riesgo cambiario.
• Las condiciones favorables para los deudores —plazos más largos, interés subsidiado— fueron decisión de gobiernos posteriores, no del suyo.
• En un libro sobre el tema, el propio Hurtado reconoce, según cita el análisis de CADTM, que muchas personas naturales y jurídicas aumentaron sus reservas en moneda extranjera para protegerse de la devaluación, lo que sugiere que no todos los deudores estaban en la misma situación de insolvencia real.

Vale la pena notar que Hurtado sigue siendo una figura políticamente activa y que continúa dando entrevistas sobre temas de actualidad ecuatoriana; cualquier declaración suya reciente sobre la sucretización conviene verificarla contra fuentes primarias antes de citarla como definitiva, dado que este resumen se basa en libros y análisis publicados en años previos.

Lo que dicen los críticos

Del lado crítico, los argumentos que se repiten en distintas fuentes —desde estudios académicos hasta análisis de organizaciones como CADTM— son:

• El Estado terminó absorbiendo, de facto, una deuda que originalmente era privada.
• El principal beneficio se concentró en grandes grupos económicos y en el sistema bancario, no en pequeñas empresas o trabajadores.
• El costo se trasladó al conjunto de la sociedad a través del incremento de la deuda pública externa, cuyo servicio (pago de intereses y capital) compitió durante años con el gasto social.
• Se trató, en términos de varios analistas, de uno de los episodios más costosos de la historia económica reciente del país, cuyo perjuicio fue cuantificado oficialmente recién en 2008 por la CAIC.

Entonces, ¿Hurtado «perdonó» la deuda a los empresarios?

Es una simplificación habitual, pero no del todo precisa. La medida original firmada en 1983 no era un perdón: los deudores privados debían seguir pagando al Banco Central, con interés de mercado y un cargo adicional por riesgo cambiario, en un plazo de apenas tres años.

Lo que sí generó el efecto de un alivio de facto —y lo que concentra la parte más controvertida de la historia— fue lo que ocurrió después: la ampliación de plazos y el congelamiento de tasas de interés muy por debajo del mercado durante el gobierno siguiente, sumado a que una parte relevante de los pagos comprometidos nunca se concretó. 

La combinación de esos factores es la que llevó a que el Estado terminara asumiendo, en la práctica, gran parte de una deuda que había nacido como privada.

Por eso, decir que «Hurtado regaló la deuda» simplifica un proceso de varios años y de al menos dos gobiernos con decisiones distintas. Pero decir que la sucretización «no tuvo costo para el Estado» tampoco resiste el contraste con las cifras oficiales de la CAIC ni con los análisis académicos disponibles.

Vale aclarar que el propio Hurtado no niega que el Estado haya perdido dinero con la operación en su conjunto: lo que disputa, con cifras de un estudio técnico de 1993, es que esas pérdidas se hayan producido durante su gobierno. 

Su argumento es que, mientras él estuvo en el poder, el Banco Central incluso ganó dinero con el esquema (0,8% del PIB en 1984), y que el «subsidio» solo apareció después, cuando el gobierno de Febres Cordero congeló tasas y extendió plazos sin ajustar la comisión de riesgo cambiario. 

Los críticos, por su parte, responden que el diseño original —aunque técnicamente no era una condonación— ya dejaba al Banco Central expuesto a un riesgo cambiario que el Estado no controlaba, y que ese riesgo se materializó apenas cambiaron las condiciones, algo que un diseño más prudente pudo haber previsto desde el inicio.

Fuentes consultadas

1. «La sucretización infló la deuda en un 93%», El Telégrafo (2014) — https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-sucretizacion-inflo-la-deuda-en-un-93 
2. «Osvaldo Hurtado gobernó entre ajustes y protestas», El Telégrafo (2016) — https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/historias/1/osvaldo-hurtado-goberno-entre-ajustes-y-protestas 
3. «Sucretización, ¿un atraco al alimón?», CADTM (2010), con referencias a Walter Spurrier, Abelardo Pachano y Osvaldo Hurtado Larrea — https://www.cadtm.org/Sucretizacion-un-atraco-al-alimon 
4. «Sucretización, ¿un atraco al alimón?» (versión ampliada en PDF), FLACSO Andes — https://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1229543406.Sucretizacion.pdf 
5. «Ecuador 1980-1990: crisis, ajuste y cambio de régimen de desarrollo», Problemas del Desarrollo / Scielo México — https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532017000100210 
6. «Sucretización: qué fue, antecedentes, consecuencias», Lifeder (2023) — https://www.lifeder.com/sucretizacion/ 
7. «Sucretización de la deuda privada en el gobierno del presidente Osvaldo Hurtado», documento publicado en osvaldohurtado.com — https://www.osvaldohurtado.com/docs/sucretizacion.pdf 
8. Resumen de prensa sobre el Decreto Ejecutivo 2085 y la CAIC, vía Scribd — https://es.scribd.com/document/310020156/Sucretizacion-de-la-deuda 
9. «Osvaldo Hurtado, ¿último paladín de la decadencia política?», LAPALABRABIERTA (2021) — https://www.lapalabrabierta.com/2021/05/04/oswaldo-hurtado-ultimo-paladin-la-decadencia-politica/ 
10. «Precisiones al reportaje sobre la sucretización de la deuda privada» (derecho a réplica de Oswaldo Hurtado), El Telégrafo (2014) — https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/precisiones-al-reportaje-sobre-la-sucretizacion-de-la-deuda-privada 
11. «Auditoría de la deuda en América Latina», Inredh (2016), sobre la presentación del informe final de la CAIC en 2008 — https://inredh.org/auditoria-de-la-deuda-en-america-latina/ 
12. «»La cesación de pagos de la deuda externa en Ecuador», Centro Cultural de la Cooperación — https://inredh.org/auditoria-de-la-deuda-en-america-latina/ 
13. «Feriado bancario de 1999 fue producto de la depreciación del Sucre…», Ecuador Chequea / Ecuador Verifica (2021) — https://ecuadorchequea.com/feriado-bancario-de-1999-fue-producto-de-la-depreciacion-del-sucre-y-no-guarda-relacion-con-los-ciberdelitos/ 
14. «Crisis bancaria en Ecuador: causas y posibles soluciones» — https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2007/CRISIS%20BANCARIA%20EN%20ECUADOR.htm 

Nota metodológica: las cifras de porcentaje y monto de la deuda sucretizada varían entre fuentes porque miden distintos cortes temporales y distintas bases de comparación (deuda privada total vs. deuda externa total del país). Este texto las presenta todas, con su respectiva atribución, en lugar de elegir una sola como definitiva.