Justo cuando Ecuador Chequea preparaba este especial de fin de año con las mejores historias de nuestro país ‘llevadas al cine’, la fiscal general, Diana Salazar, ejecutó un mega operativo en siete de las 24 provincias del país: el caso ‘Metástasis’. “Todo el Ecuador conocerá esta investigación”, dijo Salazar.
Y lo que conoció el país superó cualquier trama de películas de mafia, de pandilleros, de narconovelas. Es como si Al Capone, Vito Corleone, Tony Montana, el ‘Chapo’ Guzmán hubieran inspirado a los protagonistas de esta historia donde la corrupción y el narcotráfico penetraron en el sistema judicial y policial.
Salazar atrapó entre la noche del miércoles 13 y la mañana del jueves 14 de diciembre a 31 personas, entre jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, abogados; y logró que a 16 de ellos, entre los que consta el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se les dictara prisión preventiva durante los 90 días que durará la instrucción fiscal. Y, como toda buena película debe tener su dosis de suspenso, a la Fiscal también se le “volaron” otras siete personas investigadas.
Historias de ultratumba
Hoy el principal protagonista, a parte de Salazar, es Terán, por su histrionismo —que viene desarrollando de manera natural desde que asumió la Judicatura— y el alto cargo que ostenta (dirige la institución encargada de proporcionar el servicio de administración de Justicia).
Sin embargo, el caso ‘Metástasis’ tiene su propio flashback: la historia nace con Leandro Norero, el capo del narcotráfico local, el que murió dos veces.
Norero fue asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de Latacunga. Es la investigación de ese crimen, tipo sicariato, la que llevó a la Fiscalía a analizar el contenido de sus celulares y encontrar chats que detallan su relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.
Todos los protagonistas, según la investigación preliminar, tuvieron —en un momento dado o de alguna forma— relación, contacto o vínculo con el asesinado capo local del narcotráfico y esos nexos son lo que llevaron a que sean investigados, ya que habría formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas. Por eso el presunto delito de delincuencia organizada.
Elenco de esta trama
Estos chats, según la Fiscalía, demuestran que Norero montó un aparataje a fin de configurar su estrategia delictiva para buscar la impunidad, por lo que mantenía comunicación con toda su supuesta organización delictiva. El objetivo era a través del sistema judicial justificar los bienes de Norero.
Wilman Terán, investigado en su anterior rol, de juez de la Corte Nacional de Justicia, desde donde trataba de incidir en decisiones judiciales de otros magistrados nacionales que hubieran perjudicado a Norero o a su familia.
Había infiltrado a la Policía, planificando delitos a través del Municipio de Manta, en coordinación con el asesinado alcalde Agustín Intriago; gestionaba la distribución y el pago de dinero; planificaban sicariatos a periodistas y atentados contra la fiscal del caso de lavado de activos. Los principales roles habrían sido los siguientes:
Paúl Angulo Bravo, alias el ‘Estimado’, era el encargado de planificar los sobornos de los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia y de Cortes provinciales de Cotopaxi, Manabí, Guayas, además de la Judicatura de Santo Domingo.
Pablo Ramírez, general de Policía, exdirector del SNAI, lo que le permitía decidir el traslado de los presos. Facilitaba favores penitenciarios a Norero.
Emerson Curipallo Ulloa, juez de Garantías Penales de Santo Domingo, tuvo a su cargo procesos judiciales de los los gatilleros de Norero, quienes se beneficiaron de la libertad otorgada por ese juez y que habría sido pagado por Norero.
Ángel Curipallo, juez de La Concordia, conoció la acción de protección para levantar las medidas cautelares sobre los bienes de Norero. Lograron tratarlo en Santo Domingo, cuando el hecho se dio en Guayaquil.