Es incorrecto sugerir que el Ejecutivo está representado en la Judicatura
Aunque el pedido de renuncia y la respuesta del consejero sí se dieron, ninguno de los miembros de la Judicatura responde a una función del Estado.
En abril del año pasado, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), designó a Xavier Muñoz como vocal principal del Consejo de la Judicatura, cuando estaba por concluir el mandato de Lenín Moreno.
Una publicación en Facebook asegura que el representante del presidente, Guillermo Lasso, en la Judicatura responde a su pedido de que renuncie. En la descripción del contenido se especifica que Lasso pidió al representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura que renuncie, porque no representa a la administración actual. Además, se señala que el vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz respondió al mandatario que pedir su renuncia es “meter la mano en la Justicia y atentar contra la institucionalidad del Estado”. La información es engañosa. Pese a que sí se dio el pedido de renuncia, y también la respuesta del consejero, él no es representante del Ejecutivo. En esta nota ampliamos esta explicación.
El 3 de junio, el presidente Lasso solicitó la renuncia de Muñoz, argumentando que sus actuaciones no representan al Gobierno, según informó Diario Expreso. “Es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado a la que supuestamente representa. Y lo cierto es que no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución”, señala la carta.
Lasso mencionó, según se cita en un texto de Expreso que del delegado del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura “se escuchan muchas cosas en materia de corrupción”. Además, dijo que no es posible que un funcionario que no ha sido escogido en su Gobierno y que actúa alejado de todo principio ético sea miembro del Consejo de la Judicatura.
El sábado, a través de su cuenta de Twitter, Muñoz respondió al mandatario que “Meter la mano en la justicia de esta forma es atentar contra la institucionalidad del Estado” y argumentó que no representa al Gobierno, sino al pueblo ecuatoriano.
“La buena salud de la democracia depende de la no injerencia entre las funciones del Estado. Violentar este principio la desestabiliza y debilita. Nos conduce hacia la destrucción del Estado de Derechos. (…) Yo no represento a su gobierno, ni deseo hacerlo. En Ecuador no existe el mandato imperativo; por lo tanto, una vez designado por el CPC y posicionado como vocero principal del Consejo de la Judicatura, yo tengo una función pública que debo desarrollar —y desarrollo— con total independencia de la persona que originalmente me postuló”, se lee en el texto.
Análisis
La exvocal del Consejo de la Judicatura de transición Angélica Porras explicó a Ecuador Chequea que es necesario comprender cómo se conforma el Consejo de la Judicatura. Y afirmó que para esta institución se presentan candidatos desde las distintas funciones del Estado, pero aclaró que este proceso no significa que representan dichas funciones.
“El Consejo de la Judicatura es un ente que sirve para administrar la función judicial, pero no representa ni al poder Ejecutivo, ni al poder Legislativo, ni a la corte, ni tampoco a la Fiscalía, porque, aunque ellos tienen que plantear candidatos, no significa que les representan, porque estamos hablando de otro poder del Estado”, afirma Porras.
Y asegura que hay que entender lo que significaría que el Ejecutivo tuviera un representante en la administración de la Justicia y que, independientemente del Gobierno con el que haya sido designado, no significa bajo ninguna circunstancia que tenga que representar a esas funciones del Estado.
“Es totalmente desatinada la solicitud que le hace el señor Presidente de la República al representante (del Consejo de la Judicatura) que fue nombrado en su momento por el Consejo de Participación. Acuérdese de que quien nombra al Consejo de la Judicatura es el Consejo de Participación y justamente lo que busca este organismo es sacarles a los nombramientos de las más altas autoridades de este país de la negociación política. Lo que sí permite la Constitución es que lo propongan las diversas entidades que tienen que proponerlas”, menciona.
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