El Alcalde de Portoviejo deberá dejar el cargo por no haber asistido a un debate electoral obligatorio. A fines de mayo Ricardo Ramírez, alcalde de Francisco de Orellana, fue destituido por violencia política de género.
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en sentencia de segunda y definitiva instancia, suspendió los derechos de participación por el lapso de dos años a Javier Pincay Salvatierra, alcalde de Portoviejo, y además le impuso una multa de 9.450 dólares.
Pincay fue sancionado por el cometimiento de infracción electoral muy grave, al no haber asistido, cuando era candidato, a los debates electorales obligatorios realizados previo a los comicios seccionales del 5 de febrero.
Cuando la sentencia se ejecutoríe, Pincay deberá dejar el cargo y asumirá la vicealcaldesa, Mariela Coral. La sentencia se dictó con los votos a favor de Fernando Muñoz, Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega. Mientras que el juez Richard González emitió voto salvado. Pincay llegó a la Alcaldía de Portoviejo auspiciado por la alianza entre Avanza y el movimiento local Machete; obtuvo 49.675 votos (28,23%).
El artículo 279 del Código de la Democracia contempla como una infracción electoral muy grave el que los candidatos no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La sanción establecida es multa de entre 21 y 70 salarios salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Los antecedentes
La denuncia de la infracción electoral la interpuso José Miguel Mendoza, excandidato a la Alcaldía de esa ciudad por el Movimiento Gente Nueva, el 31 de marzo. La causa recayó para primera instancia en el despacho del juez electoral Joaquín Viteri.
Durante el proceso, Pincay manifestó que no pudo asistir al debate por motivos de salud. Los debates electorales obligatorios se cumplieron entre el sábado 14 y el domingo 15 de enero. El 20 de diciembre del año pasado, Pincay fue víctima de un atentado grave contra su vida mientras realizaba una caminata junto a simpatizantes. El entonces candidato comunicó a los organizadores que no podrá asistir al debate; sin embargo, el denunciante asegura que en la fecha del debate al candidato contrincante, el mismo día del debate electoral realizó un video en tiempo real en su plataforma Facebook, “donde se advierte claramente que el señor Javier Pincay Salvatierra gozaba de buena salud y no presentaba ningún tipo de impedimento o capacidad física para contestar desde un medio no oficial las preguntas del debate”.
Después de analizar la serie de argumentos presentados por demandante y demandado, Viteri negó la denuncia y ratificó el estado de inocencia de Pincay.
El juez electoral, consta en el expediente, dictó esta sentencia ya que de los elementos procesales se advierte el estado de salud de Pincay y el impedimento de asistir al debate; mientras que los criterios del denunciante son eminentemente subjetivos, sin que haya podido desvirtuar la condición médica debidamente certificada por un profesional de la salud.
Sin embargo, Mendoza apeló la sentencia y el expediente fue puesto en consideración del Pleno del TCE, para que se pronunciara en segunda y definitiva instancia. En su parte resolutiva consta que se revoca la sentencia dictada por Viteri, por haberse vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de motivación. El Tribunal declaró que Pincay adecuó su conducta a la infracción electoral muy grave tipificada en el numeral 11 del artículo 279 del Código de la Democracia.
A través de su cuenta de Twitter, Pincay aseguró que no ha sido destituido ni notificado en legal y debida forma, por lo que seguirá ejerciendo sus funciones de alcalde. “No vamos a permitir que se irrespete la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero”, consta en el post.
Por la misma vía, la Vicealcaldesa calificó de abusiva la decisión del TCE.
Es el segundo caso
En mes y medio de posesionadas las autoridades seccionales elegidas el 5 de febrero, Pincay es el segundo alcalde destituido por el TCE. El primero fue Ricardo Ramírez, alcalde reelecto de Francisco de Orellana por la alianza PSE-RETO-MOVER, quien logró 20.179 votos (39,96%).
La sanción se dio el 29 de mayo, por infracción electoral muy grave de violencia política de género durante su gestión en su anterior administración. La denuncia la puso la concejala y entonces vicealcaldesa de ese cantón, Verónica Saritama, el 16 de agosto del 2022. Acusó a Ramírez de expresiones ofensivas y denigrantes grabadas en un video para referirse a su vida sexual durante un evento público, donde nada tenía que ver su vida privada, y que el objetivo fue menoscabar su imagen pública.
Al igual que el caso de Pincay, la denuncia de la entonces concejala fue negada por el juez electoral Guillermo Ortega Caicedo. Sentencia de primera instancia que, al haber sido apelada, pasó a tratamiento del Pleno del TCE, que le destituyó del cargo. Hoy la Alcaldía de Francisco de Orellana la ocupa Shirma Cortés.
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