Si se produce la destitución, la entidad se quedaría con apenas tres consejeros y perdería a su Presidente y su Vicepresidenta. Entonces, deberían asumir lo que siguieron en votación en las elecciones del 2019. ¿Cómo quedaría conformado el Consejo?

La Asamblea sesiona esta tarde para tratar el juicio político presentado por los legisladores del ala rebelde de Pachakutik, Ángel Maita y Mireya Pazmiño, en contra de los miembros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPC): Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, por presunto incumplimiento de funciones.

Se prevé una extensa sesión, que concluiría mañana en la tarde o noche, con la moción de censura y destitución de los cuatro consejeros, para lo que se requieren 70 votos. Si eso ocurre, el CPC se quedaría, por el momento, tan sólo con las tres autoridades que no fueron llamadas a juicio político: David Rosero, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos. Sin embargo, el organismo se quedaría en acefalía, ya que Ulloa y Rivadeneira son presidente y vicepresidenta, respectivamente. 

¿Quién los reemplazará? 

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), afirmó que, si se destituye a los cuatro consejeros de mayoría, confirmar quiénes serán sus reemplazos le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE). El vocal del CNE José Cabrera informó que la Ley del Consejo de Participación señala que, en caso de ausencia temporal o definitiva de un consejero del CPC, le reemplazará su suplente y que la vacante de ese suplente será ocupada por el candidato que haya obtenido la siguiente mayor votación en las elecciones del 2019. “El CNE tendrá que emitir la certificación de quién obtuvo la mayor votación para que la Asamblea los posesione”, dijo Cabrera.  

Santiago Vallejo, secretario general del CNE, dijo que es la Asamblea la que tiene que solicitar el listado de los más votados en orden descendente, para que sean posesionados y reemplacen a las autoridades que sean destituidas. 

Tras las elecciones del 2019, la Asamblea posesionó a siete vocales principales y siete suplentes. Los principales fueron José Carlos Tuarez,  Walter Gomez y Cristian Cruz, por la lista de hombres. Por la lista de mujeres Maria Fernanda Rivadeneira, Sofia Almeida y Victoria Desintonio. Mientras que por pueblos y nacionales asumió Rosa Chalá. 

Como consejeros suplentes se posesionaron por la lista de hombres Juan Javier Dávalos, David Rosero y Hernán Ulloa. Por las mujeres Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira y Karina Ponce. Y por pueblos y nacionalidades, Francisco Bravo. De estos nombres, sólo dos quedan como suplentes: Moreira y Ponce. El resto se han convertido en consejeros principales por la serie de conflictos que ha vivido esa entidad.

Por lo tanto, si la Asamblea procede a la destitución, los reemplazos de Rivadeneira y Estupiñán serían Moreira y Ponce, como suplentes naturales. Pero Ulloa y Bravo eran suplentes y se han principalizado. Por lo que, de acuerdo con el orden de votación de las listas de hombres y de nacionalidades, a Ulloa le reemplazaría el médico y activista político Carlos Figueroa; y a Bravo le reemplazaría el dirigente indígena Jaime Chugchilán, de Pujilí, Cotopaxi. 

Si se opera ese cambio, el nuevo Consejo de Participación Ciudada quedaría integrado de la siguiente manera:

• Sofía Almeida, a quien se le identifica con el PSC. Su tío es asambleísta de ese partido.  
• Karina Ponce Silva, tendría afinidad con el Gobierno. Es activista por los Derechos Humanos. 
• Mónica Moreira, está de candidata a la reelección. Aunque actualmente trabaja como coordinadora zonal de educación, es decir en el Gobierno de Guillermo Lasso, tiene apoyo de la Red de Educadores, un gremio que nació por iniciativa del régimen de Rafael Correa con el membrete de Red de Maestros, destinada a hacerle frente a la UNE. En ese sentido ha apoyado a figuras que en su momento apoyaron al correísmo, como los dirigentes sindicales Richard Gómez y Oswaldo Chica.     
• Javier Dávalos, identificado con el correísmo.  Cuando estuvo de candidato, el expresidente Rafael Correa lo promocionó, lo que es prohibido por la Ley. 
• David Rosero, aunque su vida política lo ha hecho al lado de sectores de izquierda como Unidad Popular y mantiene relación con la UNE, en el Consejo de Participación Ciudadana no ha dudado en votar de forma permanente con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. 
• Carlos Figueroa, fue uno de los opositores políticos más críticos del Gobierno de Rafael Correa. Fue perseguido por ese Régimen, por lo que, junto a Cléver Jiménez, a esa fecha asambleísta de PK y hoy prefecto de Zamora Chinchipe, y a Fernando Villavicencio, quien fue asesor de Jiménez  y hoy es asambleísta, se refugió en el Pueblo Sarayaku, en la Amazonía, para evadir la acción de la justicia por una demanda de Correa.
• Jaime Chugchilán. Entre los cargos ocupados consta el de dirigente de la Coordinadora Andina de los Derechos Humanos Cadhu-Ecuador, vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados Indígenas del Ecuador y  secretario general del Mercado Mayorista de Quito. Tendría cierto acercamiento con Leonidas Iza, presidente de la Conaie. 

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