El proceso está rodeado de intriga política, fallos judiciales contradictorios, presiones, audios filtrados. La destitución del exsuperintendenta trajo un largo camino que terminó en la polémica que conocemos hoy. 

“Aquí nos han puesto en un ambiente de tensión por culpa de varios actores”, manifestó el asambleísta Salvador Quishpe (PK), al referirse a la polémica posesión por parte de la Asamblea a Raúl González como Superintendente de Bancos. En el proceso han participado, directa o indirectamente, varias instituciones, como la Presidencia de la República, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), la Asamblea y ha llegado incluso a instancias judiciales. Quishpe responsabiliza principalmente al presidente, Guillermo Lasso, por incluir a González en la terna que remitió al CPC para la designación. Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, aseguró que González ocultó información con el objetivo de ser tomado en cuenta en el listado. 

Lo cierto es que el tema del titular de la Superintendencia de Bancos ha generado una nueva crisis y tiene todos los elementos de una compleja trama política, institucional y judicial, en la que se ven involucrados varios actores y organizaciones políticas.

El origen 

Si bien el tema de González ha tomado fuerza desde el jueves pasado, en que la Asamblea decidió posesionarlo a pesar de un fallo judicial que ordenaba la suspensión de ese acto, el caso se remonta a octubre del 2021. A esa fecha el legislador del ala rebelde de Pachakutik, Darwin Pereira, presentó una solicitud de juicio político en contra de la entonces superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, por incumplimiento de funciones. 

La solicitud pasó el filtro de la Unidad de Técnica Legislativa y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que lo remitió a la Comisión de Fiscalización para que sustanciara el proceso de juicio político.

Tras una serie de comparecencias y presentación de pruebas de cargo y de descargo, la Mesa de Fiscalización aprobó, el 6 febrero del 2022, el informe que recomendó al Pleno de la Asamblea el archivo del proceso. A favor del archivo votaron los asambleístas Heinz Linares (CREO), Marco Troya, Fernando Villavicencio, Pedro Velasco (todos ellos independientes), y Soledad Diab, del PSC. En contra se pronunciaron Bruno Segovia (independiente) y los correístas Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina. 

Como es el Pleno de la Asamblea el que tiene la última palabra, el informe pasó a esta instancia, que en sesión del 15 de febrero rechazó el informe y decidió, con 91 votos a favor, llamar a juicio político a la hasta entonces funcionaria. La moción fue presentada por Pereira y logró el respaldo de las bancadas correísta, de Pachakutik y de la Izquierda Democrática. El juicio político se cumplió el 22 de febrero y Arregui fue destituida con 85 votos a favor, de las mismas bancadas. 

El Ejecutivo y el CPC en escena

En abril, el presidente Lasso remitió al CPC la terna, que estuvo integrada en el siguiente orden: Rosa Guerrero, a esa época Superintendenta subrogante; Raúl González, liquidador del Banco Territorial; y Doris Padilla, intendenta regional. Aunque no es una norma escrita, se considera que el orden en que el Ejecutivo manda el listado responde al grado de confianza y aceptación que el postulante goza por parte de quien lo nomina para que ejerza determinado cargo.

El CPC continuó con el proceso de selección y en mayo Padilla se quedó sin opciones por incumplir el requisito de 10 años de experiencia profesional; mientras que en julio Guerrero fue descalificada luego de una impugnación ciudadana con relación a su título profesional. 

El único de la terna el único que continuó en el proceso fue González, quien ya generaba cuestionamientos por su vinculación al correísmo. Los consejeros de oposición al Ejecutivo hablaban de presiones del Gobierno para evitar que González fuera designado. Tras una larga controversia, el pleno del CPC lo designó como Superintendente de Bancos el 20 de julio. La moción fue presentada por el consejero David Rosero y apoyada por Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida (identificados con el correísmo y el PSC, respectivamente) y Francisco Bravo. Votó en contra Hernán Ulloa, presidente del organismo, y se abstuvieron María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta, y la consejera Ibeth Estupiñán. La resolución fue notificada a la Asamblea para que proceda a la posesión del funcionario.

La Justicia y los audios filtrados 

El 28 de julio la jueza multicompetente de Samborondón, Larissa Ibarra, acogió una acción de protección solicitada por la ciudadana Michelle Guerra en contra de la resolución del CPC y declaró nulo la designación de González, con lo que se suspendía su posesión del cargo. A la vez. ordenó al organismo que solicite de manera inmediata al Presidente de la República que envíe una nueva terna para la designación. 

Sin embargo, el 6 de agosto el juez de Yaguachi, John Rodríguez, dispuso medidas cautelares a favor de González y ordenó a la Asamblea que lo posesionara de inmediato. Un día después, el mismo juez revocó su propio fallo bajo el argumento de que no había conocido la sentencia previa dictada por Ibarra, que hoy está en apelación. 

En medio de esta controversia judicial, el noticiero de Teleamazonas presentó un audio filtrado de Aparicio Caicedo, consejero de Gobierno, en el que mantiene una conversación telefónica con González y le presiona para que renuncie a la terna, cuando quedó como único candidato. “El Presidente de la República no te quiere en su terna, deberías renunciar a ella”, se escucha decir al consejero de Gobierno. 

A través de su cuenta de Twitter Caicedo no niega haber mantenido dicha conversación. En el post asegura que González perdió la confianza dada al integrar la terna “cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, durante el proceso, con asambleístas y otros actores políticos. Prometió que iba a renunciar cuando se conversó y no lo hizo después”. Agrega que por responsabilidad “no podemos tolerar el oportunismo político y la deslealtad institucional”. 

La Asamblea le pone la ‘cereza en el pastel’

Nada impidió que la Legislatura posesionara a Raúl González como Superintendente de Bancos el pasado jueves, horas antes de salir de feriado. Fue la asambleísta Mireya Pazmiño (ala rebelde de Pachakutik) la que presentó la moción para que en la sesión de esa fecha se cambie el orden del día y se debatiera la resolución del CPC que lo designaba en el cargo. La moción fue aprobada y Virgilio Saquicela (independiente), presidente de la Asamblea, lo puso como segundo punto del orden del día; fue lo único que se trató en esa jornada. 

La resolución de posesionarlo en el cargo se aprobó con 70 votos a favor, por parte del correísmo, de la bancada del Partido Social Cristiano y parte de Pachakutik. Días después Jessica Castillo, de Pachakutik, aseguró que el correísmo presionó a legisladores de su organización para que voten a favor a cambio de ellos apoyar la creación de la Universidad Amazónica. 

El Gobierno y el presidente del CPC, Hernán Ulloa, desconocen la posesión de González y la fuerza pública resguarda la matriz de la Superintendencia en Quito.